El límite al celular en las secundarias bonaerenses todavía no es ley

El proyecto que limita el celular en las escuelas secundarias bonaerenses todavía no es ley. El Senado lo aprobó el 6 de octubre con modificaciones y el expediente volvió a la Cámara de Diputados, que debe pronunciarse sobre esos cambios. Diez de las once notas sobre la votación relevadas por Exacta lo dieron por sancionado.

La iniciativa es del diputado Martín Rozas, presidente del bloque Unión y Libertad, y Diputados la había aprobado el 16 de diciembre de 2025. La ficha oficial del expediente registra la votación del Senado como una aprobación con modificaciones y, desde el 14 de octubre, lo ubica otra vez en Diputados. El comunicado del Senado sobre esa sesión dice que la Cámara «avanzó» en el proyecto, y el texto con los cambios no está publicado.

El último dictamen de comisión en Diputados, de noviembre de 2025, alcanza a las escuelas estatales y privadas. Define el «uso responsable» como «la no utilización de teléfonos celulares o pantallas tecnológicas durante la jornada educativa, salvo requerimiento y/o autorización explícita del docente a efectos de dar cumplimiento a objetivos pedagógicos». Deja en manos del Poder Ejecutivo la elección del organismo que lo aplicará e invita a los municipios a adherir.

La discusión toca a casi todos los alumnos. Según las pruebas Aprender procesadas por Argentinos por la Educación, una organización civil que analiza datos educativos, el 90% de los estudiantes secundarios tiene celular propio, y en tercer grado, el 59%.

El proyecto toma la definición de la Ley 15.534, que la Legislatura sancionó el 18 de septiembre de 2025 para las escuelas primarias y que se publicó el 14 de octubre de ese año. Esa ley le daba al Poder Ejecutivo 180 días desde la sanción para reglamentarla. En el registro oficial de normas de la provincia no figura una reglamentación publicada, y la única norma posterior a octubre de 2025 que menciona la ley es la propia ley.

Las versiones sobre su aplicación no coinciden. Infobae informó en marzo que la norma había sido «reglamentada por la Dirección General de Cultura y Educación», el organismo que en la provincia cumple el papel de ministerio de Educación. Clarín publicó el 8 de octubre que todavía no se aplica en las escuelas.

Uno de los dos autores de esa ley es el senador Emmanuel González Santalla, de La Cámpora (Unión por la Patria). En septiembre les reclamó al gobernador Axel Kicillof y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, que la pongan en práctica. «La ley es clara, esperamos que se implemente cuanto antes», dijo en un video. Citado por Clarín, se quejó: «Resulta que ahora los docentes tienen que enfrentar a los alumnos para regularlos y después a los padres, porque no hay una determinación clara desde las autoridades».

En la Dirección General de Cultura y Educación el criterio es otro. Según Clarín, desde ese organismo dijeron cuando se debatía la ley de primarias: «No vemos que la prohibición sea el camino». Terigi dijo a Infobae en marzo que la tenencia del celular «es algo que promueven las familias» y agregó: «En las escuelas podemos analizar esos usos, sensibilizar sobre los riesgos, y enseñar usos pedagógicos de la herramienta».

Los colegios privados plantean otra objeción. Martín Zurita es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de Argentina (AIEPA), que según Clarín representa a casi 3.000 institutos en la provincia. A El Día, la asociación le dijo que «cada institución educativa debe tener autonomía para decidir si prohibe su utilización o establece las condiciones para incorporarlos a su proyecto pedagógico». También pidió respaldo legal para que las escuelas puedan hacer cumplir lo que deciden, porque retener un teléfono puede generar conflictos con las familias.

En Entre Ríos, tres proyectos esperan en comisión

En Entre Ríos no hay una ley sobre el tema y los tres proyectos presentados en la Legislatura no avanzaron. El diputado Carlos Damasco, de La Libertad Avanza, presentó el primero el 22 de septiembre de 2025 (expediente 28.618). El senador Alberto Otaegui, de Juntos por Entre Ríos, ingresó el segundo el 28 de abril de 2026 (expediente 15.680). El diputado Alcides Marcelo López, también de Juntos por Entre Ríos, sumó el tercero el 2 de junio (expediente 29.307).

Los tres fueron girados a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de cada cámara y sus fichas oficiales no registran movimientos posteriores.

Los textos van de una restricción en el aula a una prohibición total. El de Damasco prohíbe el celular en las aulas de la educación obligatoria, salvo que el docente lo autorice con fines pedagógicos. Su autoridad de aplicación sería el Consejo General de Educación (CGE), el organismo que conduce las escuelas entrerrianas.

El de Otaegui lo prohíbe a los estudiantes en todo el edificio escolar y exige que el docente que quiera usarlo en clase avise con días de anticipación. El de López lo prohíbe «de manera absoluta» en toda la jornada, recreos incluidos, y alcanza también a docentes, preceptores y directivos cuando están frente a los alumnos. Además califica el incumplimiento como falta muy grave.

Otaegui y el senador Rafael Cavagna, coautor de la iniciativa y también de Juntos por Entre Ríos, vincularon la prohibición con los retos virales y las amenazas de tiroteo en escuelas. En los fundamentos aclararon: «No creemos que esta sea la solución definitiva a este problema». Cavagna dijo después en una entrevista radial, según Diario UNO, que es «una iniciativa perfectible».

El CGE no acompaña la vía de la prohibición. Su presidente, Carlos Cuenca, dijo en junio en una entrevista radial que publicó Entre Ríos Ahora: «Nada se soluciona prohibiendo el celular». Sostuvo que el desafío viral de amenazas de tiroteo que afectó a escuelas entrerrianas «igual hubiera sucedido» con el teléfono prohibido en el aula. Agregó que los acuerdos de convivencia de cada escuela ya existen y que el Consejo busca sumar políticas generales; en febrero había dicho que la provincia no tenía «una postura definitiva».

Jorge Kerz, sociólogo y ex presidente del CGE, objetó en una columna en Entre Ríos Ahora que el tema se resuelva por ley. Recordó que la Constitución entrerriana pone la política educativa en manos del CGE, un organismo autónomo. Y escribió: «Cada nueva ley de este tipo es, en los hechos, una usurpación silenciosa de las competencias del CGE».

El Consejo ya había fijado reglas hace dos décadas. En noviembre de 2005 envió a Diputados la Circular 15, que «reglamenta el uso de la telefonía celular en los establecimientos educacionales», en respuesta a un pedido de esa cámara. En 2017, Diario UNO informó que esa circular seguía vigente «desde lo formal», y su texto no está publicado. El informe de Argentinos por la Educación de julio no incluye a Entre Ríos entre las once jurisdicciones del país que regulan el celular en la escuela.

Menos distracción, efectos dispares en el aprendizaje

El informe de Argentinos por la Educación de julio lleva la firma de Andrea Goldin, investigadora del Conicet, y de otros dos autores. Concluye que las restricciones reducen el uso del celular en el aula y mejoran el comportamiento, pero no alcanzan por sí solas para mejorar los aprendizajes. «No hay evidencia contundente sobre si prohibir su uso modifica el recorrido educativo», dijo Goldin a Canal 9 Litoral.

Los estudios más citados muestran ese abanico. En Noruega, Sara Abrahamsson, investigadora de la Escuela Noruega de Economía, no encontró un efecto promedio de la prohibición sobre el rendimiento ni sobre la salud mental en las escuelas medias. Sí registró menos acoso escolar entre varones y mujeres y mejores notas entre las chicas, sobre todo las de hogares desfavorecidos.

En Inglaterra, los economistas Louis-Philippe Beland, de la Universidad Estatal de Luisiana, y Richard Murphy, de la Universidad de Texas en Austin, estudiaron escuelas de cuatro ciudades. Después de prohibir el teléfono, los puntajes de los exámenes subieron 6,41% de un desvío estándar. El desvío estándar mide cuánto se separan las notas de los alumnos del promedio, y la mejora equivale a una fracción pequeña de esa distancia. Se concentró en los alumnos más desfavorecidos y no apareció donde la prohibición no se cumplía.

En 30 escuelas inglesas, un equipo de la Universidad de Birmingham encabezado por Victoria Goodyear no halló diferencias de rendimiento ni de conducta en clase entre las que restringen el teléfono y las que no. Una revisión de 22 estudios publicada en 2024 advirtió que no hay ensayos aleatorizados, el tipo de experimento que permite atribuir un efecto a una causa.

Las prohibiciones, de todos modos, se extienden. El informe de seguimiento educativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) contó en marzo 114 sistemas educativos que lo prohíben a nivel nacional. Son el 58% de los países, contra el 24% en junio de 2023. El mismo texto advierte que limitar el teléfono puede reducir la distracción, pero no quita la necesidad de que los alumnos aprendan a manejarse en entornos digitales.

Dos datos de PISA que no se comparan

Una cifra de distracción que se repite en el debate viene del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA). Son las pruebas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) toma a estudiantes de 15 años. En PISA 2022, el 54% de los alumnos argentinos dijo distraerse con dispositivos digitales en clases de matemática, la proporción más alta entre 80 países, según el procesamiento de Argentinos por la Educación. Los fundamentos del proyecto de Otaegui citan ese informe.

PISA 2025, publicado el 8 de septiembre de 2026, hizo otra pregunta. El 55% de los alumnos argentinos dijo que sus compañeros se distraen a menudo con dispositivos digitales en clases de ciencias, contra un promedio de 28% en los países de la OCDE. Como cambian la pregunta y la materia, los dos números no forman una serie y no permiten decir si la distracción aumentó.

Según la OCDE, en la Argentina esa distracción no se asocia con diferencias significativas de rendimiento, algo que ocurre en una minoría de países. También informa que en las escuelas donde el celular no está permitido los alumnos tienen alrededor de un 19% menos de probabilidad de reportar distracción digital. En 2025, el 37% de los estudiantes argentinos iba a ese tipo de escuelas.

En 2025, la Argentina quedó segunda, detrás de Uruguay (57%), entre los 82 sistemas cuyas notas de país de la OCDE traen el dato, según una tabulación de Exacta.

Lo que resta en La Plata y en Paraná

En la provincia de Buenos Aires, el próximo paso le corresponde a Diputados, que debe aceptar o rechazar las modificaciones del Senado. Si el proyecto se convierte en ley, todavía faltarán su publicación en el Boletín Oficial y la reglamentación del Poder Ejecutivo. En Entre Ríos, los tres proyectos siguen en las comisiones de Educación de cada cámara, sin dictamen.