Deudores alimentarios registrados en Entre Ríos no podrán entrar a espectáculos pagos ni casinos

Los inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios de Entre Ríos no podrán entrar a espectáculos culturales o deportivos, a otros eventos con entrada paga ni a casinos y salas de juego. El Senado le dio sanción definitiva a la reforma de la Ley 9.424 el miércoles 14 de octubre.

La reforma agrega dos artículos a esa ley. El primero obliga a todo evento cultural o deportivo, y a cualquier otro que cobre la entrada, a impedir el ingreso de los inscriptos. El segundo impone la misma prohibición a las salas de juego y casinos de Entre Ríos. El alcance se amplió en Diputados: el proyecto original hablaba de espectáculos culturales y deportivos con entrada paga, y el sancionado incluye cualquier evento que cobre el ingreso.

El Registro funciona desde 2002 y hasta ahora sus restricciones obligatorias se limitaban a la relación con el Estado. A bancos, empresas y empleadores privados, la ley sólo los invita a pedir el certificado. Quien figura en él no puede recibir de los organismos provinciales habilitaciones, concesiones, licencias ni permisos. Tampoco puede ser contratado, designado funcionario jerárquico ni candidato. Los tres poderes, además, piden el certificado del Registro a quien ingresa como empleado.

El proyecto lo presentó el 17 de junio de 2025 la diputada provincial Lorena Arrozogaray, de Más para Entre Ríos (Unión por la Patria). Lo firmaron como coautores los diputados provinciales Silvina Deccó, Silvia Moreno, María Laura Stratta y Yari Seyler. La Cámara de Diputados le dio media sanción el 19 de noviembre de 2025. La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado aconsejó aprobarlo sin cambios el 16 de septiembre.

Quiénes quedan alcanzados

El artículo 2 de la Ley 9.424 define quién es deudor alimentario: la persona que adeuda más de tres cuotas consecutivas o más de cinco alternadas en el período de un año. Las cuotas tienen que haber sido fijadas por un juez o acordadas ante la Defensoría de Pobres y Menores o un juzgado de paz, con homologación judicial.

El juez de la causa es quien informa al Registro los datos de los deudores, y también quien comunica que la deuda se regularizó para darlos de baja. El Registro depende de la Dirección General de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, del Ministerio de Seguridad y Justicia, y entrega los certificados sin costo.

En la entrevista que Elonce publicó el jueves 15, el umbral aparece al revés: el medio escribió que Arrozogaray explicó que el procedimiento contempla cinco cuotas consecutivas o tres alternadas. La ley vigente fija más de tres consecutivas o más de cinco alternadas, y la página oficial del Registro repite ese orden.

La página del Registro no informa cuántas personas están inscriptas. Consultada por Elonce, Arrozogaray recordó que en algún momento hubo alrededor de 700 en toda la provincia. Hizo una salvedad: el número cambia todo el tiempo y no tiene por qué coincidir con el de hoy.

Ocio pago y cuota impaga

Arrozogaray dijo a Elonce que la ley apunta a quien tiene recursos para entretenerse y no paga la cuota. «Esta ley no viene a modo de castigar ni de perseguir a aquellos que, por un motivo circunstancial, se hayan quedado sin trabajo», dijo. «Si existen recursos para pagar una entrada, asistir a un espectáculo o concurrir a una sala de juego, no puede quedar relegado aquello que necesitan los hijos», agregó.

Esa distinción ya figura en la ley de 2002: no entra al Registro quien, antes de que venzan los plazos de la ley, se presenta ante el juez y justifica por qué no pudo pagar.

Según contó a Elonce, el proyecto nació de un reclamo de madres de Gualeguaychú, que pedían herramientas más eficaces para que se cumpla con la cuota. En los fundamentos de junio de 2025, la autora escribió que la medida busca «visibilizar la responsabilidad parental» y que restricciones de este tipo, que los juzgados ya ordenan en casos puntuales, podían volverse generales.

El control queda para la reglamentación

Para los eventos, la ley encarga que informen el requisito a los organizadores a los municipios adheridos a la Ley 9.424, que sólo los invita a sumarse. Los organizadores deberán pedir el certificado del Registro.

En casinos y salas de juego, la aplicación será progresiva y conjunta entre el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), o el organismo que lo reemplace, y las autoridades del Registro.

La ley no dice cómo se verificará quién entra. Su artículo 3 establece que «la forma de implementación se realizará por reglamentación de los organismos intervinientes según cada caso», y no fija un plazo. El proyecto original obligaba al Poder Ejecutivo a reglamentarla en 90 días.

Ese plazo desapareció en el dictamen que la comisión de Legislación General de Diputados firmó el 4 de noviembre de 2025. En los fundamentos, Arrozogaray había escrito que esperaba que, por vía reglamentaria, los controles en casinos, estadios y demás espacios pudieran aplicarse «sin complicaciones técnicas».

Al 16 de octubre, la reforma no figura promulgada en el Boletín Oficial de la provincia: no aparece en las ediciones del 13 al 16 de octubre. El texto pasó al Poder Ejecutivo, que puede promulgarlo o vetarlo. El artículo 126 de la Constitución de Entre Ríos establece que se reputa aprobado todo proyecto no devuelto en diez días hábiles. Después, cada organismo deberá dictar su reglamentación, sin una fecha fijada por la ley.