Camaristas de Paraná anularon fotomultas notificadas más de dos años después

Los integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná avalaron, en decisiones individuales, el sistema de fotomultas de la Policía de Entre Ríos y anularon otras multas que la Policía notificó con más de dos años de demora, por violar el principio de plazo razonable.

Las resoluciones, difundidas este martes 13 por el Poder Judicial, llegan dos días antes de que la Policía empiece a cobrar las fotomultas del acceso a Oro Verde. Para quien recibe una de esas actas, muestran qué defensas reconocen los camaristas frente a una cámara y que una notificación muy tardía puede hacer caer la sanción.

El comunicado oficial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) resume los fundamentos. Los camaristas consideraron que registrar infracciones con fotografías digitales o videos «resulta compatible con los principios que rigen el debido procedimiento». La razón es que quien recibe la multa puede probar que, cuando la cámara lo registró, el vehículo no era suyo, que no manejaba él o que hubo una causa de fuerza mayor.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 prevé una defensa parecida para el dueño del vehículo. Cuando no se identifica a quien manejaba, la ley presume que la infracción la cometió el propietario, salvo que pruebe que había transferido el vehículo o que no estaba bajo su tenencia o custodia.

El otro fundamento que destaca el comunicado es el «crecimiento geométrico del parque automotor» y de la siniestralidad mortal en Entre Ríos, documentado en datos oficiales. Para los camaristas, eso aconseja admitir la constatación automática y masiva de infracciones, siempre que respete el debido proceso y el derecho de defensa.

En otros tres expedientes, anularon las sanciones porque la Policía «demoró más de dos años en notificarlos». Entendieron que esas demoras violan el principio de plazo razonable, que según el comunicado rige los procedimientos administrativos sancionatorios.

Son seis decisiones individuales, tomadas sobre recursos de apelación de cinco conductores: tres se pronunciaron sobre el debido proceso y tres sobre el plazo razonable. No las dictó el STJER ni la Cámara en pleno: valen para esos expedientes y no fijan un plazo general de notificación.

La ley provincial y su reglamento no fijan un plazo para notificar

En Entre Ríos, el procedimiento lo regula el Decreto 863/24, que reglamenta la Ley provincial de Tránsito 10.025 y su modificatoria, la 10.460. Para las infracciones captadas por cámaras, el decreto dice que los presuntos infractores «podrán ser notificados en forma fehaciente con posterioridad» en el domicilio de la licencia de conducir, en el de la cédula del vehículo o en el que informe el Registro de la Propiedad Automotor. Ni el decreto ni esas dos leyes establecen hasta cuándo.

La ley nacional fija un límite de otra clase, la prescripción, que es el tiempo después del cual el Estado ya no puede perseguir una falta. Son dos años para las faltas leves y cinco para las graves. Entre las graves, la ley incluye exceder los límites de velocidad, manejar sin que algún ocupante use el cinturón y conducir con «sistemas de comunicación manual continua», la figura en la que encuadra el celular.

La reglamentación nacional, por su parte, pide que la falta detectada con equipos automáticos se notifique al conductor dentro de los 10 kilómetros del lugar. Si eso resulta imposible, vale la notificación en el domicilio, y tampoco ahí se fija un plazo en días.

Con ese marco, el comunicado no dice qué falta se juzgó en cada expediente ni relaciona los «más de dos años» con la prescripción. Son la demora que tuvieron esos expedientes, y según el comunicado los camaristas la consideraron incompatible con el plazo razonable, un criterio que se aplica caso por caso.

La provincia de Buenos Aires, en cambio, lo puso por ley. La Ley 13.927 obliga a despachar la notificación de una infracción de radar fijo dentro de los 60 días hábiles. Si no se hace, «quedará operada de pleno derecho la caducidad de la acción por dicha infracción», que ya no puede perseguirse.

El decreto entrerriano también ordena cómo defenderse. Desde la notificación corren cinco días para presentar el descargo ante la autoridad de juzgamiento, que es el director de Prevención y Seguridad Vial de la Policía. Si esa autoridad sanciona, la apelación debe plantearse dentro de los cinco días y la resuelve la Cámara Contencioso Administrativa, en instancia única e inapelable. Ese fue el camino de los seis expedientes resueltos ahora, todos caratulados como recursos de apelación.

Las cámaras de Oro Verde empiezan a multar

Desde el jueves 15 de octubre, las cámaras del arco de acceso a Oro Verde dejan de labrar actas educativas y empiezan a multar, según informó la Policía a los medios. Detectan dos faltas, manejar con el celular y viajar sin cinturón, y están sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 6,5.

La multa por usar el celular va de 150 a 500 unidades fijas (UF) y la de no llevar cinturón, de 50 a 100. Por el Decreto 863/24, cada UF equivale al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. Con la unidad en unos $2.130, el valor que difundió la Policía, la sanción máxima por celular llega a $1.065.000.

El subcomisario Andrés Borghello, subjefe de la División Educación Vial de la Policía de Entre Ríos, explicó al diario Uno los alcances del cambio. Según ese relato, durante la etapa preventiva el sistema captó más de 1.900 infracciones, unas 100 por día: el 65% por uso del celular y el 35% por falta de cinturón.

Borghello citó como antecedente los radares móviles de velocidad de Crespo y General Ramírez. Al comienzo había cerca de 300 capturas por día, y bajaron a menos de 30 cuando los conductores empezaron a recibir las actas con cobro.

Un sistema con reclamos que ya cambió las multas por velocidad

En mayo, Diario Junio recordó que el sistema había sido motivo de «reiterados cuestionamientos y reclamos judiciales en los últimos años». Ese mes, el Decreto 1009/2026 reemplazó la multa por exceso de velocidad por una escala de 200 a 400 UF según cuánto se supere el límite. En sus fundamentos, el Gobierno escribió que busca «reducir la litigiosidad administrativa y judicial derivada de sanciones percibidas como desproporcionadas».

Nicolás Loza, politólogo y docente, escribió el 1 de octubre una columna en Paralelo 32 sobre las fotomultas en la ciudad de Paraná, que dependen de la Municipalidad y no de la Policía. Allí sostuvo que «una cámara y una multa, por sí solas, no constituyen una política pública» y pidió que, cuando el Estado controla, sanciona y recauda, informe cuánto obtiene y en qué lo usa.

Quien reciba una fotomulta notificada con mucha demora puede plantearlo en su descargo ante la Policía, dentro de los cinco días, o en la apelación ante la Cámara, que resolverá según su caso.