Entre Ríos estrena el concurso obligatorio para entrar a la planta del Estado y reabre la discusión por los años de los contratados

El Gobierno de Entre Ríos llamó al primer concurso del régimen que, desde junio, obliga a concursar para entrar a la planta permanente de la administración provincial, la de los empleos estables. Es por un solo puesto, la jefatura de Tesorería de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), y la inscripción estará abierta del 2 al 25 de noviembre.

La UEP depende de la Secretaría General de la Gobernación y ejecuta obras públicas que financian casi por completo organismos de crédito internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo. La jefatura quedó libre porque la agente que la ejercía se jubiló. El decreto 3222, firmado el 28 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio y su ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, autoriza el concurso y sostiene que la jefatura debe cubrirse «de manera urgente».

Hasta este régimen, la provincia no tenía un procedimiento general que reglamentara el concurso para entrar al Estado. La Constitución entrerriana de 2008 exige idoneidad para el empleo público y leyes anteriores ya pedían concursos. Pero, como dicen los fundamentos del propio decreto 1452, «las distintas administraciones omitieron su regulación expresa y por ende su efectiva aplicación».

Ese decreto se firmó el 28 de mayo y se publicó en el Boletín Oficial el 16 de junio. Obliga a concursar todo ingreso a la planta permanente, toda jefatura y todo ascenso en la administración central y en los organismos descentralizados y autárquicos. Las designaciones en planta hechas sin concurso son, según el texto, «insanablemente nulas».

Frigerio dio su razón en un video difundido en sus redes, que citó 7Paginas en junio: «El que entra en planta va a estar toda la vida en el Estado». Y siguió: «Tiene que entrar por concurso porque así lo dice la Constitución y porque si no pasa lo que pasó siempre: ingresan amigos, parientes y militantes de los funcionarios de turno».

La discusión que abrió el régimen es qué lugar tienen en esos concursos quienes ya trabajan para la provincia sin un cargo de planta. El decreto los agrupa como planta temporaria y distingue dos situaciones: el personal con estabilidad reconocida por decreto y el personal con contrato temporario.

Los primeros tienen el empleo asegurado por una norma, aunque no ocupen un cargo de planta. En agosto explicó el origen de ese grupo Carina Domínguez, secretaria adjunta de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Es el sindicato que el decreto 1452 describe como el de mayor representatividad entre los estatales de la provincia. La estabilidad «se concedió porque no había cargos», dijo. «Crecieron los servicios del Estado pero no se previó ampliar la planta permanente de personal», agregó.

Los contratados, en cambio, dependen de que les renueven el contrato. La ley de empleo público, la 9755, permite no renovarlo al vencer, sin dar explicaciones ni pagar indemnización, según explicó Noticia Uno.

Ese medio publicó en marzo datos de la Dirección General de Análisis Fiscal y Estudios Económicos de la provincia: hay 8.673 agentes en planta transitoria, frente a 89.856 en planta permanente. Otra cifra, de otra fecha, cuenta sólo los contratos. A fines de 2025, según Informe Digital, el Gobierno informó que había alrededor de 1.700 contratos temporarios en toda la administración, al explicar por qué no había renovado unos 100.

El decreto 1452 dice que esos trabajadores «mantienen una expectativa justa en cuanto al ingreso a la planta permanente» y por eso obliga a todo concurso a darles puntos por el tiempo trabajado. Cuántos puntos, y si alcanzan, es lo que discuten desde junio el Gobierno y los dos gremios estatales.

Qué se concursa y cómo se reparten los 100 puntos

El reglamento prevé tres clases de concurso: para jefaturas, para entrar a un cargo de planta y para ascensos. Los de jefatura pueden ser cerrados, entre personal de la administración, cuando sólo se concursa la función. Son abiertos cuando se concursan juntos la función y el cargo de planta, y en ese caso puede presentarse cualquier persona que cumpla los requisitos.

El de la UEP es abierto. Quien gane entrará a la planta permanente como profesional y ejercerá la jefatura, que no queda asegurada, porque a los tres años deberá revalidarla. Para inscribirse hay que tener título de contador público o afín y experiencia en áreas contables de la administración pública. Todavía no hubo ningún llamado para entrar a un cargo de planta sin jefatura.

Cada concurso se decide sobre 100 puntos: hasta 50 por el examen, hasta 30 por los antecedentes y hasta 20 por la entrevista. En la UEP, el examen será presencial y en computadora, en dos etapas eliminatorias de 20 preguntas de opción múltiple cada una. La primera, sobre contenidos comunes como la Constitución provincial y la ley de empleo público, vale hasta 10 puntos y se aprueba con 12 respuestas correctas, que dan 6. La segunda, sobre contabilidad pública y tesorería, vale hasta 40 y se aprueba con 16 correctas, que dan 32.

Quien llegue a la entrevista tendrá así al menos 38 puntos de examen, más de seis veces lo máximo que pueden aportar los años como temporario. Domínguez lo dijo en septiembre en Radio Plaza: el examen «es casi determinante porque representa el 50% del puntaje del concurso».

Los antecedentes se reparten en tres rubros de hasta 10 puntos cada uno: nivel educativo, capacitaciones y experiencia. Dentro de la experiencia, hasta 4 puntos son por haber hecho tareas parecidas, algo que puede acreditar cualquier postulante. Otros 6, como máximo, corresponden a los años continuos en la planta temporaria provincial, según una tabla fija del artículo 26 del anexo del decreto 1452.

Los contratados reciben la mitad que quienes tienen estabilidad por decreto. Quien gane entra en la categoría más baja de su tramo; si ya tenía estabilidad por decreto, conserva su categoría y su antigüedad, y si era contratado, la antigüedad. Cuando firmó el decreto, el Gobierno presentó esa tabla como un reconocimiento. El reglamento «reconoce la trayectoria del personal temporario del Estado, otorgando puntaje específico según los años de servicio continuado», dijo en su comunicado.

El jurado tiene siete miembros: tres funcionarios de la UEP, tres representantes gremiales y uno de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Aprueba las preguntas del examen, califica los antecedentes y hace la entrevista. Los lugares gremiales se reparten por representatividad, dos para el sindicato mayoritario y uno para el minoritario. En este concurso son dos de UPCN y uno de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), según Entre Ríos Ahora. A la entrevista, que evalúa conducta, liderazgo, manejo de personal y trabajo en equipo, pasarán los cinco mejores puntajes, y el jurado pondrá la nota por consenso.

ATE rechaza el diseño y UPCN lo defiende

UPCN integró la mesa técnica en la que se escribió el régimen. El decreto no nombra a ATE en esa mesa, y Domínguez sostuvo que ATE «no intervino» en el texto.

ATE Entre Ríos rechazó el decreto pocos días después de su firma. En un comunicado que publicó APF aclaró que objeta la forma de los concursos, no los concursos en sí. Para el gremio, el sistema «es el camino para seguir metiendo gente en el Estado y desplazar a las y los trabajadores que hace años vienen cumpliendo funciones».

Uno de los puntos que más critica es el peso de la antigüedad. Según APF, ATE cuestiona que quienes llevan más de diez años en el Estado sumen sólo 3 puntos, y lo resumió así: «Todos los años de servicios no tienen ningún valor». Esos 3 puntos son el máximo de la columna de los contratados, que con 10 a 12 años suman 2,5; para quien tiene estabilidad por decreto, la tabla da 5 o 6.

El gremio también cuestiona que los exámenes los preparen funcionarios «sin ningún resguardo de reserva hasta el día del examen y sin participación externa de la sociedad que garantice la debida imparcialidad y transparencia». Y rechaza que 20 de los 100 puntos dependan de una entrevista.

En junio, reunidos en asamblea, los delegados de ATE rechazaron que el jurado repita el reparto de mayorías de la paritaria salarial, donde UPCN tiene tres representantes y ATE dos, según Entre Ríos Ahora. También reclamaron que se cumpla un acuerdo paritario de pase a planta para quienes ya tienen estabilidad reconocida por decreto. El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, calificó el sistema de «totalmente inconstitucional» y anunció que el gremio lo impugnaría en la Justicia, junto con la integración de los jurados, según Informe Digital.

Domínguez defiende el régimen como un avance que todavía hay que corregir. Según El Miércoles Digital, el decreto salió después de casi un año de trabajo, y Domínguez sostuvo que el gremio logró modificar el texto. «El primer borrador era desordenado, estaba pensado para que entraran los de afuera y tenía trampas por todos lados», dijo, según publicó Entre Ríos Ahora el 1 de julio.

Sobre la antigüedad, sostuvo en junio que en la mesa lograron «hacer prevalecer la experiencia del trabajador que ya está en la administración pública». Sobre el jurado, defendió el reparto: «Somos el gremio mayoritario y participamos de todas las discusiones. Es lógico que la representación de los trabajadores refleje esa realidad». A quienes critican el régimen les respondió: «Es momento de prepararse, no de sembrar miedo».

El primer llamado y lo que sigue

El primer llamado sumó otra voz crítica, la de María de los Ángeles Petit, abogada de Concordia, exdiputada nacional y dirigente peronista. En abril, Petit había definido a los contratados del Estado como «las víctimas invisibles de un sistema perverso». El 30 de septiembre publicó una columna de opinión sobre el concurso de la UEP en Concordia Política, que reprodujeron otros medios.

Petit escribió que el concurso es «una exigencia constitucional indiscutible». Pero sostuvo que la modalidad abierta, sin un puntaje diferencial por la experiencia acumulada «dentro de la propia repartición», pone «en pie de igualdad formal a profesionales externos con aquellos agentes precarizados». La norma da puntos por los años en la planta temporaria de toda la provincia y hasta 4 por tareas similares, pero ninguno específico por haber trabajado en el organismo que concursa. Petit afirmó además que «se impulsan activamente presentaciones en el ámbito de la Justicia», sin precisar quién las impulsa ni ante qué tribunal.

UPCN también sigue de cerca este primer concurso. En septiembre, antes de que se publicara el llamado, Domínguez dijo que había «numerosos trabajadores que tienen intenciones de presentarse». Pidió además formar ya la comisión consultiva que prevé el decreto, un órgano asesor sin poder de decisión con integrantes de Recursos Humanos, de los gremios y de las universidades UADER y Nacional de Entre Ríos. Su razón: «es la primera vez que se lleva a cabo y seguramente va a ser necesario ir haciendo correcciones».

La inscripción será presencial, en la sede de la UEP, en Libertad 86 de Paraná. Cuando cierre, el jurado tendrá diez días hábiles para controlar a los inscriptos. Después se publicará la lista, habrá un plazo para impugnarla y la fecha del examen se fijará dentro de los diez días hábiles siguientes. El orden de mérito que resulte valdrá dos años: si la UEP vuelve a llamar a concurso para un cargo del mismo tipo, el siguiente de la lista tendrá derecho a ocuparlo.

Según dijo Domínguez a El Heraldo, el Gobierno anunció además seis concursos en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que el gremio considera pocos. Para los que vengan, UPCN pide que se concursen cargos vacantes. «No queremos que haya compañeros que de la noche a la mañana se enteren que el lugar que están ocupando se concursa y se genere una psicosis en todas las áreas de la administración pública», dijo Domínguez.