Pronunciamiento tiene diez días hábiles para ordenar su basural y terminar con las quemas

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos prohibió toda quema en el basural de Pronunciamiento, en el departamento Uruguay, y le dio a la municipalidad 10 días hábiles para ordenar el predio. La resolución del jueves 22 llegó después de que una inspección del miércoles 21 encontrara cuatro focos de fuego activos y el fuego extendido a terrenos vecinos.

Según el acta de la inspección a la que accedió el portal Era Verde, la cortina de humo «imposibilitaba la visión sobre el camino vecinal» que bordea el predio y llegaba a la ruta provincial 23. El medio ubica el basural a unos 500 metros de un loteo con casas habitadas, en una localidad que tenía 1.656 personas en viviendas particulares en el censo de 2022.

La misma inspección dejó dos versiones oficiales que no coinciden. El comunicado que difundió el Gobierno provincial dice que los inspectores comprobaron el acopio de envases vacíos de agroquímicos en el predio. El acta de esa recorrida, según Era Verde, dice que no se pudo constatar su presencia. El acta registra además un asentamiento precario dentro del basural, que el comunicado no menciona.

La resolución, citada por el portal Entre Ríos Ahora, establece la «prohibición total y absoluta de cualquier actividad de quema o incineración de residuos en el predio de disposición final o sus inmediaciones». Establece también que el municipio debe apagar los focos activos, por sus propios medios o con ayuda de los bomberos. Las tareas de sofocación, enfriamiento y cobertura tienen que terminar con el humo y el riesgo de que el fuego se propague.

En esos 10 días hábiles, la municipalidad tiene que cumplir cuatro puntos. El primero es garantizar que no entren más envases vacíos de fitosanitarios, los bidones de agroquímicos, y presentar los remitos que acrediten la entrega de «los bidones objeto de las actuaciones» en un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT). Un CAT es la instalación que, según la ley nacional 27.279, recibe, acondiciona y acopia esos envases antes de mandarlos a reciclar o a disposición final.

El segundo es presentar el plan local de gestión integral de residuos «en los términos de la Resolución N° 133/09 SMA». Debe incluir un diagnóstico de la situación, un programa permanente de control y erradicación de quemas y una propuesta para remediar el sitio.

El tercero, informar qué se hace con los residuos biopatogénicos (los que pueden transmitir enfermedades) y peligrosos que se generan en la localidad, según la ley nacional 24.051 y la provincial 8.880. También debe informar si el municipio adhiere a esas normas. El cuarto, cerrar los portones del predio y poner custodia permanente para evitar vuelcos clandestinos sobre el camino vecinal y «el ingreso de personas no autorizadas».

El comunicado oficial funda la intimación en el artículo 7 de la ley provincial 10.311, que regula la gestión de los residuos urbanos, y en la ley nacional 27.279, sobre envases de agroquímicos. Agrega que la municipalidad no cumplió con las «obligaciones de información técnica» que fija la resolución 133/09 de la Secretaría de Ambiente.

Dos versiones sobre los envases

La recorrida del miércoles 21 respondió, según Era Verde, a una denuncia de vecinos que adjuntaron fotos y videos de bidones de agroquímicos en el basural, tramitada en el expediente 3.481.303. La encabezaron Maximiliano Gómez, director general de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, y Gabriela Joubert, coordinadora de Buenas Prácticas Agrícolas de la Costa del Uruguay de la Secretaría.

Sobre lo que encontraron, el comunicado del Gobierno dice que «los inspectores comprobaron además el ingreso y acopio descontrolado de envases vacíos de fitosanitarios en el predio comunal». El acta, en la cita de Era Verde, registra residuos adhesivos y veterinarios mezclados con los domiciliarios, aunque «no se pudo constatar la presencia de envases vacío de fitosanitarios». Una da el acopio por comprobado; la otra dice que en la recorrida no se pudo constatar que hubiera envases.

Las demás versiones de la intimación tampoco usan las mismas palabras. El diario El Entre Ríos, que informó la medida el jueves 22, escribió que el informe técnico «comprobó el ingreso y acopio previo» de envases. La resolución, en los párrafos que citó Entre Ríos Ahora, no dice que se hayan encontrado envases en la recorrida: intima a presentar los remitos de «los bidones objeto de las actuaciones». El acta no fue publicada, y lo que dice se conoce por Era Verde.

Gente viviendo en el predio

El acta, siempre según Era Verde, dejó asentado «un precario asentamiento dentro del predio», y un vecino le confirmó al medio que en el basural viven personas. También registró que el perímetro está cercado, pero con dos accesos totalmente abiertos.

El comunicado oficial no menciona el asentamiento. La resolución tampoco lo nombra en los párrafos que se conocen, aunque entre los puntos de la intimación incluye custodia permanente para impedir «el ingreso de personas no autorizadas».

Lo que fijan las leyes

La ley provincial 10.311 pone la gestión de los residuos urbanos a cargo de los municipios y hace de la Secretaría de Ambiente la autoridad que la controla. También fija como prioridad erradicar los basurales a cielo abierto. Su artículo 7 prohíbe la quema o la incineración de residuos «que no se adapte a los requerimientos establecidos por la autoridad de aplicación»; la prohibición total para este predio es la que fija la resolución.

La ley nacional 27.279 prohíbe abandonar, verter, quemar o enterrar envases vacíos de fitosanitarios en todo el país, sin distinguir quién lo haga. La obligación de llevarlos a un CAT recae sobre quienes usan y aplican esos productos, y los centros están a cargo de las empresas que los registran. La Secretaría recordó en su comunicado que esos envases tienen prohibido terminar en vertederos comunes.

La ley provincial prevé sanciones que van del apercibimiento a las multas y la clausura, y sólo permite aplicarlas después de un sumario que asegure el derecho de defensa. Según El Entre Ríos, el Gobierno provincial dispuso además abrir un sumario contra el municipio por las infracciones; el comunicado oficial no lo menciona.

El plazo de 10 días hábiles corre para la Municipalidad de Pronunciamiento, que encabeza Ricardo Luis Sandoval, del Partido Justicialista (frente Más para Entre Ríos), en su segundo mandato tras ser reelecto en 2023. Hasta la tarde del viernes 23, el municipio no había dado una respuesta pública a la intimación.