180 proyectos pasaron el primer paso del régimen entrerriano de exenciones a inversiones

El Gobierno de Entre Ríos informó el lunes 19 que su Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) suma 180 proyectos elegibles, con US$ 266,75 millones de inversión y 2.930 empleos directos comprometidos. Elegible quiere decir que el proyecto pasó la preinscripción, una instancia que, según la reglamentación, no da derecho a los beneficios fiscales del régimen.

A cambio de esas inversiones, la provincia resigna impuestos. La Ley 11.162 y su reglamentación prevén exenciones de hasta el 100% en Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos. Duran 15 años desde el acto que otorga el beneficio, y el Poder Ejecutivo puede prorrogarlas por cinco más. Según la gacetilla oficial, tres de cada cuatro proyectos son ampliaciones de empresas que ya funcionan en la provincia.

El régimen está a cargo del Ministerio de Desarrollo Económico, que conduce Guillermo Bernaudo, y lo aplica la Secretaría de Industria, que encabeza Catriel Tonutti. El gobernador Rogelio Frigerio, que entregó en persona varias de las adhesiones, defendió el régimen en el anuncio. «El Estado tiene que ser un facilitador de todo este proceso y estas decisiones de inversión», dijo. El texto oficial agrega que el desafío será convertir los compromisos en inversiones ejecutadas.

Cuántos de los 180 proyectos tienen hoy la exención otorgada no surge de los anuncios. Las cifras que el Gobierno difundió durante el año usaron palabras de etapas distintas del trámite, y la última que separó los otorgados de los que estaban en trámite es de marzo.

Elegible es la primera de varias etapas

El Decreto 4138/24 creó un Registro de Preinscripción del RINI. Según su texto, entrar en ese registro es un requisito para que el proyecto sea evaluado, y el otorgamiento de los beneficios queda condicionado al cumplimiento total de las condiciones. La Resolución 397/25 de la Dirección General de Industria y Parques Industriales reglamentó ese registro. Lo dice de manera expresa: el análisis satisfactorio de la preinscripción «no implica en modo alguno derecho a acceder a los beneficios establecidos en la Ley N° 11.162».

Esa primera instancia termina con un dictamen técnico no vinculante, una opinión que no obliga al Estado y que habilita a la empresa a seguir con la inscripción. La página oficial del trámite lo explica en los mismos términos: si el proyecto es elegible, la empresa debe sumar información complementaria «para avanzar con el proceso de selección».

Lo que sigue lo fija la Resolución 565/25 del Ministerio de Desarrollo Económico. La empresa presenta la documentación de respaldo y la Dirección de Industria hace un análisis integral. Después opinan la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Secretaría de Energía sobre la viabilidad de los beneficios. Si no hay objeciones, el Ministerio dicta la resolución que los otorga, que se notifica a la empresa y se comunica a los organismos que deben aplicarlos.

Tonutti lo resumió en agosto, en una entrevista con la radio DiamanteFM. Dijo que el beneficio no es automático y que, antes de concederlo, el Estado verifica que cada empresa tenga los empleados que declaró.

Para acceder, cada proyecto tiene que cumplir condiciones que fija la misma Resolución 565/25. En los rubros que no son industriales, la empresa necesita al menos cinco empleados efectivos por tiempo indeterminado y jornada completa. En las ampliaciones, las dos variables que más crecen, entre producción, empleo, inversión en bienes de capital y exportaciones, deben promediar un aumento de al menos el 15%. Y en todos los casos hay que planificar al menos el 40% de la inversión en un plazo de 24 meses desde la aprobación.

El control sigue después de la aprobación. La Dirección de Industria revisa cada año si la empresa cumple sus compromisos y le emite un Certificado de Renovación Anual. Si no cumple, el Ministerio revoca los beneficios y la empresa debe devolver los impuestos que dejó de pagar, con sus accesorios. Así lo prevé la Ley 11.071 de promoción industrial, a la que remite el RINI.

En Ingresos Brutos, la exención de una ampliación alcanza sólo lo que la empresa factura por encima de un valor de referencia que se actualiza cada mes. Bernaudo lo explicó en agosto, según publicó el portal InfoParaná: «La empresa no deja de pagar Ingresos Brutos por lo que ya producía; sigue tributando sobre la base previa actualizada».

Los anuncios del año cambiaron de palabra

La palabra con que el Gobierno cuenta los proyectos cambió de un anuncio a otro. El 25 de marzo, después de una reunión con Frigerio, Bernaudo dijo: «Actualmente hay 97 RINI en trámite y 21 ya otorgados», según publicaron ese día Reporte2820 y otros medios. El 26 de abril, una gacetilla de su ministerio habló de 125 empresas que habían presentado proyectos por más de US$ 208 millones.

En agosto aparecieron otras tres maneras de contar. La gacetilla del 9 informó 156 empresas inscriptas, con US$ 261,8 millones de inversión y 2.560 puestos comprometidos. El 19, Tonutti se refirió a 160 proyectos en etapa de «requisitoria documental». El 29, otra gacetilla contó más de 165 proyectos aprobados para la adhesión.

El anuncio del lunes 19 usa «elegibles» para los 180 y, unos párrafos más abajo, los llama «proyectos en marcha». La gacetilla del 9 de agosto había agregado que en los proyectos aprobados en 2025 ya se había ejecutado el 70% de las inversiones previstas. No indicó cuántos eran ni sobre qué monto, y la de octubre no repite ese dato. En agosto, Tonutti proyectó que a fin de 2026 la provincia llegaría a 50 proyectos consolidados y en funcionamiento.

El anuncio citó dos casos recientes. Nogopaint, una fábrica de pinturas de Seguí, recibió la certificación de adhesión para invertir más de 255 millones de pesos. Calisa 2, del Grupo Motta, prevé US$ 45 millones para ampliar su planta avícola de General Racedo. En la misma semana, Frigerio entregó la adhesión a PTP Argentina, una empresa del puerto de Ibicuy que prevé invertir US$ 16 millones en modernizar esa terminal y crear 60 puestos. Allí dijo que el RINI «viene funcionando mejor de lo que esperábamos».

La resolución que otorga cada beneficio se notifica a la empresa y se comunica a los organismos que lo aplican, y no se publica en el Boletín Oficial. La ley le asigna a la autoridad de aplicación la función de difundir de forma permanente los beneficios y las condiciones de acceso al régimen, pero no prevé publicar la lista de empresas beneficiadas.

El costo estimado para 2027 es de $396 millones

El gasto tributario es lo que el Estado deja de cobrar por exenciones y otros beneficios. Lo estima un anexo del proyecto de Presupuesto 2027, elaborado por la Dirección General de Análisis Fiscal y Estudios Económicos con datos de la ATER. Para ese año, asigna al RINI $290 millones en Ingresos Brutos, $101 millones en Automotor y $5 millones en Sellos. Sumados, son unos $396 millones, poco más de un peso de cada mil de los $333.419 millones de gasto tributario que la provincia estima para 2027.

El mismo informe dice que la estimación tiene límites. Entre ellos menciona la información del registro del RINI, por la disponibilidad y la calidad de los datos para medir el impacto fiscal. Por eso dice que los resultados deben leerse como aproximaciones y no como una cuantificación exacta. El cuadro del anexo no trae una línea del Impuesto Inmobiliario para este régimen.

Empleo y trámites, en la discusión

El mismo lunes 19, el portal entrerriano Redes de Noticias puso los 2.930 empleos al lado de los datos del empleo privado registrado. Con datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación procesados por la consultora Politikon Chaco, informó una caída. En julio de 2026, ese empleo estaba 3% por debajo de noviembre de 2023, unos 4.161 puestos menos. El propio medio escribió que la comparación no permite afirmar que el programa vaya a compensar esa caída, porque unos son compromisos y otros una variación ya observada.

En abril, cuando el Gobierno contaba 125 empresas con proyectos presentados, ninguno de esos proyectos era de Concordia, según publicó Diario Río Uruguay con los datos oficiales. Adrián Lampazzi, presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, lo atribuyó a la falta de difusión y al peso del trámite para las pymes de la ciudad. Dijo a ese diario que «los costos a veces de la tramitación son cercanos a los beneficios que se pueden obtener».

Las empresas tienen dos años desde la entrada en vigencia de la Resolución 565/25, publicada en el Boletín Oficial el 9 de mayo de 2025, para presentar sus proyectos. La estimación de $396 millones forma parte del proyecto de Presupuesto 2027, que todavía debe tratar la Legislatura.