El Gobierno analiza una demanda internacional por la AMIA, pero la Corte Penal Internacional sólo juzga crímenes desde 2002

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, escribió el jueves 8 que se reunió con autoridades de la AMIA para analizar «posibles acciones de demanda ante instancias jurisdiccionales internacionales», sin nombrar un tribunal. De las dos cortes de La Haya que publicaron los medios, la Corte Penal Internacional no puede tomar el caso: sólo juzga crímenes desde julio de 2002.

El atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, ocurrió el 18 de julio de 1994. Dejó 85 muertos y 151 heridos, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese tribunal dictó en 2024 la única sentencia internacional sobre el caso, y la condenada fue la Argentina, que aceptó su responsabilidad por no haber prevenido el ataque ni haberlo investigado como debía. La sentencia ordenó al Estado remover «todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad total en este caso».

El anuncio llegó 17 días después de que el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación, procesara a siete iraníes y un libanés. Esa causa se encamina a un juicio en ausencia. Infobae informó que la iniciativa internacional todavía no tiene fecha ni organismo a cargo, y que podría intervenir la Procuración del Tesoro, el cuerpo de abogados del Estado.

El mensaje del ministro tampoco menciona La Haya ni a Irán. Funcionarios consultados por TN y La Nación dijeron que se estudia la Corte Internacional de Justicia. El Cronista, con fuentes de alto nivel, y la agencia Noticias Argentinas hablaron en cambio de la Corte Penal Internacional. Las dos funcionan en La Haya, pero hacen cosas distintas: una resuelve litigios entre Estados y la otra juzga a personas.

La Corte Penal Internacional sólo juzga crímenes desde 2002

La Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma, juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión, y no a países. Su artículo 11 le da competencia, la facultad de intervenir en un caso, «únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor» del Estatuto, que ocurrió el 1 de julio de 2002. El artículo 24 agrega que nadie será penalmente responsable ante esa Corte por una conducta anterior.

El atentado ocurrió casi ocho años antes de esa fecha. La Argentina ratificó el Estatuto en 2001; Irán lo firmó en 2000 y nunca lo ratificó.

Aun sin ese límite de fechas, el tratado se rige por el principio de complementariedad: la Corte sólo actúa cuando los tribunales nacionales no lo hacen. Su artículo 17 declara inadmisible un asunto que ya investiga o juzga un país con jurisdicción sobre él. La excepción es que ese país «no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo». La Justicia argentina tiene abierta su propia causa contra los mismos acusados.

La otra corte de La Haya necesita una base que obligue a Irán

La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, sólo admite a Estados como partes, de modo que una demanda tendría que presentarla el Estado argentino y no la AMIA. Su competencia depende del consentimiento del país demandado, que puede darlo por un acuerdo para ese litigio, por un tratado vigente que remita a la Corte o por una declaración general de aceptación.

Irán tiene una declaración de ese tipo desde junio de 2023, pero limitada a disputas sobre la inmunidad del Estado y de sus bienes. La Argentina no hizo ninguna, según la lista oficial de la Corte.

Los dos convenios de las Naciones Unidas contra el terrorismo que mencionó la cobertura tampoco obligan a Irán. El de 1997, contra los atentados terroristas con bombas, permite llevar las disputas a la Corte, pero rige desde 2001 e Irán nunca lo firmó. El de 1999, contra la financiación del terrorismo, tiene a Irán como parte desde octubre de 2025, aunque al sumarse declaró que no acepta la cláusula que remite los conflictos a la Corte. La Argentina hizo la misma exclusión cuando lo ratificó, en 2005.

Los dos convenios son, además, posteriores al atentado. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un tratado no obliga a sus partes respecto de hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, salvo que surja una intención diferente.

La Argentina ya intentó una demanda sin el consentimiento previo del otro país. En 2014 se presentó contra Estados Unidos por el litigio con los acreedores que habían rechazado la reestructuración de la deuda, y la Corte no inscribió el caso porque Washington nunca aceptó su competencia.

La Convención contra el Genocidio permite que un solo país lleve el caso

Hay, en cambio, un tratado anterior al atentado que obliga a los dos países y que remite a esa Corte. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, rige desde 1951. Irán la ratificó en 1956 sin reservas y la Argentina adhirió ese mismo año.

Su artículo IX dispone que las controversias entre las partes, «incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio», irán a la Corte «a petición de una de las Partes». La reserva que la Argentina formuló a ese artículo, una excepción fijada al aceptar el tratado, sólo alcanza a las disputas sobre territorios.

Rafecas calificó el atentado como crimen de lesa humanidad y genocidio, según TN y un comunicado de la AMIA. La Convención, sin embargo, define el genocidio con una exigencia precisa: los actos deben cometerse «con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal». Si el atentado encuadra en esa definición y si hay competencia para tratarlo son cuestiones que, ante una demanda, resolvería la propia Corte.

Esa Corte ya había sido mencionada como vía posible en un voto judicial. En abril de 2024, el juez Carlos Mahiques votó en un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que revisa las decisiones de las cámaras de apelación. Escribió que el reclamo contra Irán podría llegar a un tribunal arbitral o a la Corte Internacional de Justicia «si existiera un acuerdo o base jurisdiccional para ello».

En ese mismo voto pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso una ley de juicio en ausencia. Carlos Mahiques es el padre del ministro, según La Nación.

El juicio en ausencia espera a la Cámara Federal

El juicio en ausencia permite juzgar a acusados que no se presentan ante la Justicia. Lo habilitó la ley 27.784, vigente desde marzo de 2025, sólo para crímenes internacionales, como el genocidio o la lesa humanidad, y de terrorismo, cometidos en el país o con efectos en él. Si un condenado aparece después, puede pedir un nuevo juicio sólo si no conocía el proceso o si no se presentó por «un grave y legítimo impedimento».

El 21 de septiembre, Rafecas procesó a siete iraníes y un libanés, entre ellos exministros y jefes de la Guardia Revolucionaria de Irán. A cada uno le impuso un embargo de 500 millones de dólares, según La Nación. El procesamiento es la decisión con la que un juez considera reunidas, en esta etapa, pruebas suficientes contra un acusado. A otros dos les dictó falta de mérito, porque no encontró pruebas suficientes para procesarlos ni para cerrar la causa en su contra, y mantuvo sus órdenes de captura.

El 16 de septiembre, el juez ya había sumado al juicio en ausencia a Alí Asghar Hejazi, que en 1994 era mano derecha del entonces líder supremo iraní, Alí Khamenei, según La Nación. Hejazi todavía no está procesado.

Ese mismo 21 de septiembre, la Sala II de Casación, integrada por Angela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, resolvió el recurso de la defensa oficial contra la ley. El tribunal tuvo por desistido, es decir, dio por abandonado, el planteo contra toda la norma, porque el defensor oficial Enrique Comellas lo retiró en la audiencia. El otro planteo, contra el artículo que regula el nuevo juicio, lo rechazó por prematuro. Lo hizo «sin que corresponda emitir pronunciamiento sobre la validez constitucional de la solución que esa disposición establece».

El pedido de inconstitucionalidad de la ley ya lo habían rechazado el Juzgado Federal 6, el 26 de junio de 2025, y la Sala I de la Cámara Federal porteña. Esa cámara confirmó el rechazo el 23 de septiembre de ese año.

La AMIA y dos agrupaciones de familiares de las víctimas no coinciden sobre el juicio en ausencia. La AMIA lo respalda: el 22 de septiembre expresó «su satisfacción» por el fallo de Casación y los procesamientos, según Noticias Argentinas. Sobre la vía internacional, agradeció la voluntad del Gobierno «para analizar y evaluar esta importante iniciativa que profundiza la búsqueda de justicia», según esa agencia.

Memoria Activa, la asociación de familiares que da nombre al caso de la Corte Interamericana, anunció en julio que no será querellante. Su integrante Diana Malamud dijo entonces que «para condenar hace falta prueba» y que en la causa «se transformó información de inteligencia en prueba válida». Laura Ginsberg y Pablo Gitter integran la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA). En una columna publicada en abril en Clarín escribieron que se prepara un juicio «sin la presencia de imputados ni de pruebas».

Lo inmediato está en manos de la Cámara Federal, el tribunal de apelación, que debe revisar los procesamientos. Si los confirma, Rafecas podrá enviar la causa a juicio oral, que La Nación estima para 2027 o 2028. La vía internacional, en cambio, todavía no tiene fecha ni organismo a cargo, según Infobae, y el ministro no nombró un tribunal.