El Gobierno le dio dos semanas al Reino Unido para frenar el petróleo de Malvinas y abrió un arbitraje internacional

El comunicado del lunes: intimación, arbitraje y vuelos

Si el Reino Unido no cumple la intimación en esas dos semanas, la Argentina advirtió que pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar sus derechos sobre la Plataforma Continental. Quirno lo explicó así: «[…] vamos a acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que emita una medida provisional para frenar esto mientras se constituye el tribunal arbitral».

El comunicado no precisó la fecha ni la cantidad de los vuelos denunciados. Infobae contó de qué se trataba: era una delegación de empresarios de las islas que había participado de una ronda de negocios con proveedores chilenos en Punta Arenas, en el marco de una ruta comercial que ya estaba en marcha.

Milei resumió el anuncio esa misma tarde en su cuenta de X. Cerró con una frase que repite en su gestión: «Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras».

La Argentina funda el reclamo en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La primera es la 2065, que reconoce la disputa de soberanía e insta a negociar; la segunda es la 31/49, que pide a ambas partes no modificar unilateralmente la situación mientras dure el proceso. Quirno fue directo: «[…] no es por un problema ambiental, es por el saqueo de nuestros recursos».

25 días de escalada: del decreto al arbitraje

El comunicado del lunes no es un hecho aislado. Entre el 3 y el 28 de septiembre, la Argentina escaló el mismo reclamo por Sea Lion en cuatro frentes distintos y sucesivos: uno administrativo, uno penal, uno judicial y uno diplomático internacional.

El primero fue administrativo. El 3 de septiembre el Gobierno firmó el decreto 868/2026, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. El decreto puso a la Cancillería a cargo de sancionar a las empresas que exploten hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina. Con base en la misma Ley 26.659, también exigió una declaración jurada a los proyectos que piden adherir al RIGI (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

El segundo fue penal. El 8 de septiembre el Gobierno denunció ante la Justicia Federal a Navitas Petroleum y a sus subsidiarias por operar en Malvinas sin autorización, invocando la misma Ley 26.659. La Argentina ya había usado esa ley contra Navitas en 2022, con una inhabilitación de dos décadas, sin que el proyecto Sea Lion se detuviera.

El tercero fue judicial. El 16 de septiembre la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper y Navitas frenar toda obra material del proyecto Sea Lion hasta que se complete la evaluación ambiental. Rockhopper y Navitas respondieron al día siguiente, en un comunicado conjunto. Sostienen que sus licencias fueron otorgadas legítimamente por el gobierno de las Islas Malvinas, y que no esperan que la medida afecte materialmente el proyecto ni su cronograma.

El cuarto fue el diplomático internacional: la intimación, el arbitraje y la denuncia de los vuelos del lunes 28.

Qué puede resolver el tribunal, y qué no

El arbitraje que instruyó Milei no decide de quién son las islas. Un tribunal del Anexo VII de la Convención del Mar no tiene jurisdicción general sobre disputas de soberanía territorial. El análisis jurídico que sostiene esto cita dos antecedentes. En el caso que Mauricio le inició al Reino Unido por el archipiélago de Chagos, el tribunal se declaró incompetente porque el fondo del reclamo era la soberanía. En la disputa entre Ucrania y Rusia, el tribunal separó los reclamos que sí podía resolver de los que exigían decidir la soberanía sobre Crimea.

Eso coincide con lo que el propio canciller admitió. Quirno dijo que será la primera vez que la Argentina somete la causa Malvinas a un tribunal internacional por la explotación de hidrocarburos, pero aclaró que el fallo no incluirá la cuestión de la soberanía. También contó que la Cancillería gestiona ante Estados Unidos una eventual mediación, que requeriría la aceptación británica.

La posición británica y lo que todavía no se sabe

La posición británica más reciente en registro es anterior a la intimación. El 18 de septiembre, diez días antes, la subsecretaria parlamentaria británica para Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, habló en un comunicado del Foreign, Commonwealth & Development Office. Dijo que las Malvinas son británicas y que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales por su derecho a la autodeterminación. Según consignó MercoPress, la misma funcionaria calificó las acciones argentinas de inaceptables y sin justificación legal.

Dos días antes de la intimación, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, había hablado con el diario dominical The Sun on Sunday. Dijo que la situación no es la de 1982, cuando ocurrió la guerra de Malvinas, y que el Reino Unido tiene capacidad para defender militarmente las islas si la Argentina actuara. Esas palabras respondían al discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU, no a la intimación por el petróleo, que es posterior.

Hasta la mañana del martes 29, ni el Gobierno británico ni el Foreign Office habían dado una declaración pública nueva y específica sobre la intimación del lunes. Tampoco lo habían hecho el gobierno de las Islas Malvinas, ni Rockhopper, Navitas o Thales UK. Sí hay una declaración escrita que el Reino Unido presentó ante la Asamblea General de la ONU, pero su texto no trascendió públicamente.

Lo que falta saber

• Si el Reino Unido da una respuesta pública a la intimación antes de que venza el plazo de dos semanas.
• Si, vencido el plazo sin cumplimiento, la Argentina pide medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, como adelantó el canciller.