El Gobierno le dio dos semanas al Reino Unido para frenar el petróleo de Malvinas

El Gobierno argentino le dio el lunes 28 de septiembre al Reino Unido dos semanas para «impedir el inicio o la continuación» de la explotación de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. Ahí, dos petroleras preparan el proyecto Sea Lion, que prevé sacar el primer crudo en 2028.

La intimación es una de las tres decisiones de un mismo comunicado de la Oficina del Presidente, firmado por el presidente Javier Milei. En ese texto, Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un arbitraje contra el Reino Unido. Lo prevé el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tratado que regula la explotación de los recursos del mar y del que ambos países son parte.

Ese mismo lunes, el canciller Pablo Quirno informó en X que la notificación al Reino Unido ya había salido: el arbitraje se abre con esa notificación escrita a la otra parte. Salvo que los dos países acuerden otra cosa, lo resuelve un tribunal de cinco árbitros, y sus decisiones finales son obligatorias para ambos.

El plazo de dos semanas es la antesala de un segundo paso. Si el Reino Unido no cumple, el comunicado advierte que la Argentina pedirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, medidas provisionales para preservar sus derechos sobre la plataforma continental. Son órdenes urgentes que ese tribunal puede dictar mientras se arma el tribunal arbitral, siempre que considere que tiene jurisdicción a primera vista y que la situación lo justifica.

Quirno lo explicó en el canal A24: «[…] vamos a acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que emita una medida provisional para frenar esto mientras se constituye el tribunal arbitral». En la misma entrevista dijo que, si el Reino Unido desconociera la decisión final, «están violando un tratado del cual ellos forman parte».

La tercera decisión del comunicado apunta a otra empresa. El Gobierno denunció que Thales UK Limited operó vuelos entre las islas y Punta Arenas, en Chile, con un avión de matrícula británica y sin autorización argentina. Ordenó iniciar sanciones, denuncias penales y gestiones diplomáticas. El comunicado no precisó cuándo fueron esos vuelos ni cuántos.

Thales UK Limited es la filial británica del grupo francés de defensa Thales y, según el diario mendocino Mdzol, tiene un contrato con el Ministerio de Defensa británico en la base militar de Mount Pleasant. Infobae contó qué llevaba el avión denunciado: integrantes de una delegación de empresarios de las islas que viajó a una ronda de negocios con proveedores chilenos. La ronda se desarrolla el lunes 28 y el martes 29. Es la antesala de una ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino que una naviera chilena prevé inaugurar en noviembre.

Milei resumió el anuncio en su cuenta de X: «Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras». Quirno dijo que lo que la Argentina lleva al tribunal es la decisión británica de explotar hidrocarburos en las islas: «[…] no es por un problema ambiental, es por el saqueo de nuestros recursos».

Las dos resoluciones de la ONU. El comunicado funda el reclamo en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU. La 2065 reconoce la disputa de soberanía entre los dos países e insta a resolverla negociando; la 31/49 les pide no modificar la situación de manera unilateral mientras dure ese proceso.

Un yacimiento con fecha de arranque

Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo impulsa un consorcio formado por Navitas Petroleum, una petrolera con sede en Israel que tiene el 65% del proyecto y es la operadora, y Rockhopper Exploration, de capital británico. Las dos tomaron la decisión final de invertir en diciembre de 2025.

Según las compañías, las perforaciones empiezan a principios de 2027 y el primer petróleo llegaría en 2028. Las autoridades británicas calculan que el yacimiento podría dejar 2.000 millones de dólares en regalías en 30 años.

La Argentina sostiene que esos yacimientos están dentro de su plataforma continental, la prolongación natural del territorio bajo el mar sobre la que la Convención le reconoce derechos al país costero. Quirno ubicó ahí la urgencia del reclamo: dijo que el Gobierno actúa con antelación para impedir ese primer barril.

El canciller agregó que la presión alcanza también a proveedores, inversores y bancos que financien el proyecto. «Van a tener que decidir entre operar bajo licencias ilegítimas en Malvinas u operar en la Argentina con el potencial que eso tiene», dijo en Infobae.

Una escalada de 25 días

La intimación del lunes es el último paso de una escalada que empezó el 3 de septiembre. Ese día, Milei habló en cadena nacional y anunció sanciones para las petroleras que operan en la zona sin permiso argentino. «Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas directa o indirectamente en proyectos en las islas Malvinas sin autorización argentina», dijo entonces.

Ese mismo día firmó el decreto 868/2026, publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. El decreto puso a la Cancillería a cargo de aplicar la Ley 26.659, sancionada en 2011. Esa ley prohíbe participar, financiar o prestar servicios a actividades petroleras no autorizadas en la plataforma continental argentina, con inhabilitaciones de hasta 20 años. Con base en esa ley, también exigió una declaración jurada a los proyectos que piden adherir al RIGI (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

A partir de ahí, la Cancillería abrió procesos sancionatorios contra 45 personas y empresas de 11 países, la mayoría vinculadas a Sea Lion. El 7 de septiembre el Gobierno denunció ante la Justicia federal a Navitas y a otras cuatro empresas por operar en Malvinas sin autorización. Al día siguiente, la Cancillería sumó otros 15 expedientes, aunque abrirlos no implica sanciones firmes. La Argentina ya había usado esa ley contra Navitas en 2022, con una inhabilitación de dos décadas, sin que el proyecto Sea Lion se detuviera.

El frente judicial lo abrieron otros. El 16 de septiembre, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas frenar toda obra material del proyecto hasta que se complete una evaluación ambiental ante las autoridades argentinas. Lo hizo a pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata y de la Asociación Argentina de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. Las dos entidades objetaron que las empresas avanzan sin estudios de impacto ambiental.

Las dos petroleras respondieron al día siguiente, en un comunicado conjunto. Sostuvieron que sus licencias fueron otorgadas legítimamente por el gobierno de las Islas Malvinas y que no esperan que la medida afecte materialmente el proyecto ni su cronograma.

Un tribunal para el petróleo, no para la soberanía

El arbitraje elegido tiene un límite que el propio Gobierno reconoce. Un análisis publicado por Diplomacy & Law, un sitio dedicado al derecho internacional, explica que los tribunales de la Convención del Mar no tienen jurisdicción general para decidir a quién pertenece un territorio.

El análisis cita dos antecedentes. En el caso que Mauricio, el país insular del océano Índico, le inició al Reino Unido por el archipiélago de Chagos, el tribunal se declaró incompetente para los reclamos cuyo fondo era la soberanía. En la disputa entre Ucrania y Rusia, el tribunal separó los reclamos que sí podía resolver de los que lo obligaban a decidir sobre la soberanía de Crimea.

Quirno lo planteó en los mismos términos. Dijo que será la primera vez que la Argentina lleva la causa Malvinas a un tribunal internacional por la explotación de hidrocarburos, y aclaró que el fallo no incluirá la cuestión de la soberanía. La Argentina, además, aprobó la Convención por la Ley 24.543 con una declaración que dejó a salvo su reclamo sobre las islas y los espacios marítimos que las rodean.

El mismo análisis advierte que un caso bajo la Convención podría afectar a Sea Lion, pero que la intimación por sí sola no frena el proyecto. Por otra vía, la Cancillería gestiona ante Estados Unidos una eventual mediación, que requeriría la aceptación británica.

Londres ya había fijado su posición

El Reino Unido discute el reclamo con el mismo tratado. Después del discurso de Milei en la ONU, el 23 de septiembre, la misión británica ante ese organismo difundió una respuesta. Allí sostuvo que el desarrollo petrolero de las islas es una actividad comercial legítima, regulada por el gobierno isleño «en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar». En la traducción que publicó el portal Todo Entre Ríos, el texto agrega: «La legislación interna argentina no se aplica a las Islas Malvinas».

Antes había hablado Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar del Foreign, Commonwealth & Development Office, la cancillería británica. El 18 de septiembre, diez días antes de la intimación, dijo en un comunicado que las Malvinas son británicas. También dijo que sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como parte de su derecho a la autodeterminación. Según consignó el sitio de noticias MercoPress, la misma funcionaria calificó las acciones argentinas contra las empresas de inaceptables y sin justificación legal.

El tono militar llegó el sábado 26, dos días antes de la intimación, de la mano del secretario de Defensa británico, Wes Streeting.

En una entrevista con el diario británico The Sun, dijo que el Reino Unido tiene capacidad para defender militarmente las islas si la Argentina actuara, y resumió: «Esto no es 1982». Respondía al discurso de Milei en la ONU y a las sanciones a las petroleras, no a la intimación por el petróleo, que es posterior.

Hasta la mañana del martes 29, ni el Gobierno británico ni el Foreign Office habían dado una declaración pública nueva y específica sobre la intimación del lunes. Tampoco lo habían hecho el gobierno de las Islas Malvinas, Rockhopper, Navitas ni Thales UK.

Lo próximo es el vencimiento de las dos semanas y la respuesta británica, si llega antes. En la causa de Río Grande, la cautelar de Borruto todavía se estaba notificando a las sedes de las empresas en el extranjero.