Santiago Caputo dijo que el 60% de las pensiones por invalidez son «truchas»; el Gobierno informó al Congreso que su auditoría no tiene resultados definitivos

Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei, escribió el viernes en X que «aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas», sin citar una fuente. El último informe que el Gobierno entregó al Congreso, en abril, dice que la auditoría de esas pensiones no tiene resultados definitivos porque la frenaron medidas cautelares de la Justicia federal.

La pensión por invalidez es la que el Estado nacional paga, sin que haya habido aportes previos, a personas sin recursos suficientes que están imposibilitadas para trabajar. En junio de 2026 había 1.144.014 pensiones por invalidez, según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, que elabora la Secretaría de Seguridad Social con datos de la ANSES.

En el mismo mensaje, Caputo acusó al Congreso de obstaculizar las bajas y escribió que los legisladores «pretenden DUPLICAR las pensiones existentes». También sostuvo que el país tiene «más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra». Y escribió que el tema «debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años».

Ese mismo día, Milei publicó un texto titulado «la estafa de las banderas nobles», en el que acusó al socialismo de usar causas como la discapacidad para «justificar curros indefendibles». También escribió: «No defienden derechos. Defienden cajas». Los dos mensajes llegaron en plena discusión de la ley de discapacidad en la Cámara de Diputados.

La auditoría citó a nueve de cada diez pensionados y no tiene resultado final

La revisión de las pensiones empezó en 2024 con operativos en algunas provincias. En marzo de 2025 se convirtió en una auditoría nacional, hecha junto con el PAMI, el instituto de servicios sociales para jubilados y pensionados, y los titulares fueron citados a turnos con sus médicos. El Informe 145 es la respuesta escrita que el jefe de Gabinete presentó en abril a la Cámara de Diputados, y el último publicado. Allí, el Ministerio de Salud informó que entre 2024 y 2025 citó a 1.044.501 pensionados, el 91,47% de un padrón de 1.141.880 personas.

En la misma respuesta, el ministerio explicó que las medidas cautelares «suspendieron el proceso, por lo que no es posible informar resultados definitivos ni remitir informes finales de auditoría». Las cautelares son órdenes judiciales provisorias que se dictan mientras se resuelve un juicio.

El informe registra 112.136 suspensiones desde diciembre de 2023, cerca del 10% del padrón, y precisa que de esas pensiones suspendidas 111.995 fueron rehabilitadas y 141 seguían sin rehabilitar. No detalla cuántas de esas rehabilitaciones respondieron a órdenes judiciales. Las 101.215 bajas del período, aclaró el ministerio, «corresponden a fallecimientos de titulares y renuncias voluntarias al beneficio».

El último balance que había difundido la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo a cargo de la auditoría, ya intervenido por el Gobierno en 2025, iba en la misma línea. Hasta el 26 de septiembre de ese año contaba 1.054.580 casos registrados, 104.181 suspensiones y 81.159 bajas por renuncia o fallecimiento.

Los porcentajes más altos salieron de muestras

El Gobierno ya había difundido antes porcentajes de incumplimiento incluso más altos que el de Caputo. En agosto de 2024, la ANDIS, que dirigía Diego Spagnuolo como director ejecutivo, informó que en una muestra piloto de 2.559 casos «solo el 7%» de las pensiones cumplía los requisitos. En febrero de 2025, el Ministerio de Salud comunicó que, de 22.417 pensiones auditadas el año anterior, «solo el 20% cumplió con los requisitos establecidos».

Ese mismo mes, Manuel Adorni, entonces vocero presidencial, contó en una conferencia que de 1.100 personas citadas en la Ciudad de Buenos Aires se había presentado el 31,6%. Concluyó que «2 de cada 3 pensiones, en este universo al menos, eran de dudosa procedencia». Esos porcentajes se calcularon sobre muestras y no sobre el padrón completo, y en el caso porteño sumaban a quienes no cumplían los requisitos y a quienes no se presentaron.

La forma en que se hicieron las citaciones también llegó a los tribunales. En septiembre de 2025, según Infobae, un juzgado federal de Catamarca ordenó a la ANDIS restablecer en 24 horas todas las pensiones suspendidas en esa provincia. Los demandantes sostenían que las notificaciones habían sido defectuosas.

El crecimiento del padrón, en cambio, figura en las estadísticas oficiales. El Boletín Estadístico de la Seguridad Social registra un promedio de 80.593 pensiones por invalidez en 2003 y de 1.208.487 en 2023, con lo que se multiplicaron por quince en dos décadas. El promedio subió un poco más en 2024 y desde entonces bajó, hasta los 1.144.014 de junio de 2026.

Ese salto es el primer dato que da el mensaje del proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, que habla de 76.000 pensiones en 2003 y de unas 1.200.000 en 2023. La cifra de partida no coincide con el boletín oficial, que ubica las cerca de 76.000 en 2001 y 2002; el salto a 1,2 millones sí figura en la serie. El mensaje describe «un conjunto significativo de irregularidades», entre ellas domicilios inexistentes, pero no da ningún porcentaje, y atribuye a numerosas publicaciones la comparación con países que atravesaron guerras.

El proyecto contra el fraude espera en el Senado desde abril

El proyecto lleva las firmas de Milei, del ministro de Salud, Mario Lugones, y de Adorni, que entonces era jefe de Gabinete. Ingresó al Senado el 20 de abril y fue girado a tres comisiones, que todavía no emitieron dictamen.

El texto ordena un reempadronamiento de todos los titulares, con un plazo de al menos 90 días que puede extenderse por 30 más. A quien no lo complete, la autoridad «podrá disponer la suspensión preventiva automática de la prestación». El titular tendrá entonces 60 días para regularizarse: si lo hace, el pago se restablece con efecto retroactivo, y si no, se le puede dar de baja. El proyecto también declara la pensión incompatible con un empleo formal.

Caputo no dijo qué iniciativa del Congreso duplicaría las pensiones. En Diputados hay dos dictámenes sobre discapacidad: el de minoría propone prorrogar la Ley 27.793 de emergencia, y el de mayoría, firmado por diputados oficialistas y aliados, crea un régimen permanente.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calcula el costo de los proyectos de ley, estimó que el dictamen de mayoría sumaría unos 200.000 titulares a los 1.141.486 actuales, un aumento cercano al 17,5%. Para la ley de emergencia vigente, la misma oficina había calculado en mayo de 2025 entre 493.000 y 946.000 beneficiarios nuevos. Ninguno de los dos informes habla de duplicar las pensiones.

Entre quienes respondieron a Caputo, la legisladora porteña Graciela Ocaña coincidió en que se trata de «un fraude inadmisible». Pero apuntó contra el Gobierno: «Lo escandaloso es que, en tres años, el Gobierno no haya hecho nada para terminar con esta corrupción».

La discusión puede llegar al recinto este mes. La oposición pidió una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre, con la discapacidad en el temario; para comenzar necesita 129 diputados presentes. El oficialismo, según Infobae y Diario de Cuyo, prevé llevar su propio proyecto al recinto el 21 de octubre. El proyecto contra el fraude, en tanto, sigue sin dictamen en el Senado, y la auditoría nacional, de acuerdo con lo que el propio Gobierno le informó al Congreso, no tiene resultados definitivos.