Una jueza ordenó al Gobierno conservar los datos de los campos bonaerenses en manos extranjeras

La jueza Güendalina Sessarego, del Juzgado Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata, ordenó al Estado nacional preservar toda la información sobre los campos bonaerenses que guarda el Registro Nacional de Tierras Rurales desde 2011. También le pidió informar hasta cuándo se cargaron datos. La derogación de la Ley de Tierras sigue en pie: la medida sólo protege esos registros.

La decisión es una cautelar, una medida provisoria que un juez dicta mientras dura un proceso. La pidió el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, que encabeza el organismo encargado de defender los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia. La vía que eligió fue una acción preventiva de daños, la demanda que busca evitar un perjuicio antes de que ocurra, y la dirigió contra el Estado nacional.

La resolución fue firmada el martes a la noche. El Estado debe informar hasta cuándo registró datos en el marco de la ley derogada. También tiene que preservar los antecedentes registrales, catastrales y administrativos de las tierras rurales de la provincia y evitar que se destruyan, se pierdan o se alteren. La orden va al Estado nacional «a través del Ministerio de Justicia o los organismos que correspondan».

Al mismo tiempo, la jueza se declaró incompetente. La causa exige revisar la constitucionalidad de un decreto nacional y el demandado es el Estado nacional, dos motivos que la llevan al fuero federal. En la resolución escribió que «la pretensión no puede ser resuelta sin determinar la validez constitucional del art. 154 del DNU 70/2023». Es el decreto de necesidad y urgencia con el que el presidente Javier Milei derogó la ley en diciembre de 2023. Sessarego mandó el expediente con carácter urgente a la Cámara Federal de La Plata, que debe sortear el juzgado que seguirá el caso.

Lorenzino había pedido más. Quería que se suspendieran los efectos del artículo 154 para las tierras rurales de la provincia, y la jueza no lo concedió. Dispuso una tutela dirigida «exclusivamente a preservar la información pública» y aclaró que el pedido de informe se hace «sin que ello implique generar nuevos datos ni la continuidad del régimen registral derogado».

Para Sessarego, lo que se resguarda va más allá de una prueba para el juicio. Se trata de «la información en poder del Estado que resulta relevante para conocer la evolución de una realidad territorial dinámica». El Estado tiene cinco días desde que reciba la notificación para presentar el informe, y debe hacerlo ante el juez federal que tome la causa. La medida rige hasta que ese juez decida sobre ella.

Un registro que siguió abierto por orden judicial

El Registro Nacional de Tierras Rurales nació con la ley 26.737, la Ley de Tierras, sancionada en 2011. Su tarea era llevar los datos de los campos de titularidad o posesión extranjera y expedir un certificado de habilitación para cada compra alcanzada por la ley. La norma fijaba en 15% el tope de propiedad extranjera. Ese límite valía para el país, para cada provincia y para cada municipio.

El artículo 154 del DNU 70/2023 derogó la ley, pero esa derogación estuvo suspendida desde 2024 por la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). La Cámara Federal de La Plata confirmó en mayo de 2024 la cautelar que suspendía el artículo 154, y el 21 de marzo de ese año lo había declarado inconstitucional. El 29 de septiembre pasado, la Corte Suprema revocó esa sentencia y rechazó la demanda, y desde entonces la derogación rige.

En el medio, el Gobierno había suprimido la Dirección Nacional del Registro con el Decreto 735/2024. Para acatar las decisiones judiciales, el Ministerio de Justicia encargó sus funciones al titular del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, por la Resolución 318/2024 del 7 de octubre de 2024.

La página oficial del Registro fue modificada por última vez el 22 de agosto de 2025. Todavía dice que las restricciones de la ley están vigentes porque «la vigencia de la ley fue restituida mediante una medida cautelar actualmente vigente». Esa cautelar cayó con el fallo de la Corte. La misma página afirma que el Registro «está operativo, recibiendo trámites y expidiendo certificados de habilitación», y la jueza citó ese texto para justificar el pedido de la fecha del último dato. Las páginas de datos del Registro, por provincia y por departamento, llevan la leyenda «Última actualización: agosto de 2025».

Campana y Zárate, los partidos que señaló la Defensoría

Según el comunicado de la Defensoría, con la caída de la ley desaparecieron los controles, el mapa que muestra quién es dueño de cada campo y los límites a las ventas a extranjeros. El organismo puso como ejemplo a Campana y Zárate, dos partidos con una alta proporción de tierra rural de titulares extranjeros. «No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural», dijo Lorenzino.

Los números del Registro explican esa elección. En agosto de 2025, el 50,27% de la superficie rural de Campana y el 24,80% de la de Zárate estaban en manos extranjeras. En toda la provincia de Buenos Aires, la proporción era del 2,87%, y en el país, del 4,97%. En Entre Ríos llegaba al 3,23%.

Los dos partidos superaban el 15% que la ley fijaba como tope para cada municipio, algo posible porque la ley no afectaba las compras anteriores a su vigencia. No eran casos aislados: según la misma página del Registro, en más de treinta departamentos del país la proporción extranjera superaba el 15%.

En el oficialismo se discute volver a poner un tope

El Gobierno defiende la derogación. En su conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la derogación no afecta la soberanía territorial, porque «la tierra continúa en la Argentina, sometida a nuestras leyes, nuestros impuestos y nuestra jurisdicción».

En el Congreso, la presión viene de otro lado. La Nación y MDZ informaron que gobernadores y bloques aliados le piden al oficialismo que reponga algún límite. Según MDZ, esos aliados no quieren que caiga el DNU 70/2023, pero tampoco habilitar la venta de tierras sin restricciones.

El oficialismo ya estuvo cerca de un tope en agosto. El proyecto de Inviolabilidad que el Poder Ejecutivo había enviado al Senado eliminaba los topes de la Ley de Tierras, aunque dejaba en pie el Registro. El 4 de agosto, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, anunció un tope de 25% por provincia. «Hemos puesto límite del 25% porque Brasil tiene ese porcentaje», dijo. Al día siguiente el oficialismo retiró el capítulo de tierras, y la media sanción del 7 de agosto, por 37 votos contra 33, salió sin él.

Las versiones sobre cómo hacerlo no coinciden, y ninguna se apoya en un proyecto ni en una declaración pública con nombre. La Nación publicó el martes que el bloque de La Libertad Avanza en Diputados analiza sumar una restricción a las ventas a extranjeros al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ese proyecto ya tiene media sanción del Senado. MDZ agregó el miércoles que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscará retomar en ese proyecto el tope de 25% que había propuesto la senadora Patricia Bullrich.

Infobae publicó lo contrario. Con fuentes legislativas, escribió que la idea no es incluir el tema en ese proyecto. Si prospera alguna alternativa, agregó, lo más probable es sumarla al de Defensa de la Soberanía Nacional, que reúne iniciativas sobre Malvinas. La vía de Malvinas, según La Nación y Ámbito, quedó descartada. Para Ámbito todavía no hay una definición: un sector quiere una ley propia que restablezca la de Tierras y otro prefiere volver a incluir el tema en Inviolabilidad. No hay ningún proyecto presentado.

Lo que se define el jueves 15

La oposición pidió una sesión especial en Diputados para el jueves 15 con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023. Necesita 129 diputados para abrirla, y sus propios firmantes le reconocieron a Ámbito que les falta al menos una decena. Ravier dijo en la misma conferencia que «dudamos mucho de que puedan conseguir la mayoría para echar atrás el decreto».

El Senado ya rechazó el decreto en 2024. Si Diputados hace lo mismo, el DNU queda derogado entero, porque la ley 26.122 no permite cambiarle artículos, y quedan a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En la Justicia, la Cámara Federal de La Plata tiene que sortear al juez que recibirá la causa de la Defensoría. Ese juez recibirá también el informe del Estado sobre hasta cuándo hay datos de las tierras bonaerenses.