España votará el 29 de noviembre y Sánchez volvió a dictar las medidas de vivienda que el Congreso le rechazó

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez volvió a aprobar el 6 de octubre, en dos decretos nuevos, las medidas de vivienda que el Congreso le había rechazado cuatro días antes. Como el Parlamento está disuelto y España votará el 29 de noviembre, su suerte depende de la Diputación Permanente, un órgano reducido de diputados con 30 días para pronunciarse.

El 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos. El lunes siguiente, Sánchez disolvió el Congreso y el Senado elegidos en julio de 2023 y llamó a elecciones generales.

Los decretos nacieron de un caso que conmovió a España: el desalojo de Mari Carmen Abascal, una jubilada de 87 años que vivía en la misma casa de Madrid desde hacía 70 años. El propio decreto la nombra en su preámbulo: «Mari Carmen Abascal no es solo un número».

En España viven 450.883 personas nacidas en la Argentina, según el Instituto Nacional de Estadística español al 1 de enero de 2025. Y el presidente Javier Milei anunció que viajará a Madrid en octubre, antes de que empiece la campaña electoral, y le dijo a Infobae que apoya «a quien considero mejor para el lugar de destino».

La suspensión de desalojos alcanza sólo a quienes no tienen otra vivienda

El primero de los textos rechazados, el decreto-ley 26 de 2026, suspendía hasta el 31 de diciembre de 2030 los desalojos de personas vulnerables que no tuvieran otra vivienda, no todos los desalojos. La vulnerabilidad la acredita un informe de los servicios sociales o los criterios que fija la ley procesal civil española. Antes de la votación, entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, 21 de las 32 notas relevadas por Exacta titularon que se paralizaban, frenaban, suspendían o prohibían los desalojos. Ninguno de esos títulos aclaraba que la medida era sólo para vulnerables.

El mecanismo cambiaba según quién reclamara la casa. Si el demandante es una entidad que compra viviendas muy por debajo de su valor de tasación, lo que el preámbulo llama un «fondo buitre», el juez suspende el proceso. Con cualquier otro demandante, el juez pide antes a la administración que ofrezca una alternativa habitacional y suspende sólo si no la hay.

Esa suspensión se revisa cada 12 meses y se levanta a más tardar a los tres años. La administración compensa al dueño cuando es una persona física o una entidad dedicada al alquiler asequible o social. La protección del inquilino no prevalece si el propietario es una persona física con dos viviendas o menos.

El mismo decreto limitaba hasta 2028 que las entidades dedicadas a comprar inmuebles adquirieran viviendas por menos del 70% de su valor de tasación. También prohibía que el alquiler por habitaciones sumara más que el de la vivienda entera. A los inquilinos al día, con contratos cuya prórroga obligatoria vence antes de fines de 2028, les permitía pedir una prórroga de hasta dos años. Además, si no había un nuevo acuerdo con el dueño, el aumento anual no podía pasar del 2% hasta fines de 2027.

El segundo texto, el decreto-ley 27, apuntaba a la duración de los contratos. Pasados cinco años, o siete si el dueño es una empresa, el alquiler de vivienda habitual se renovaba por un período igual salvo que alguna de las partes avisara lo contrario. El dueño que decidiera no renovar tenía que pagarle al inquilino una indemnización de al menos doce meses de alquiler.

Junts inclinó la votación y el PNV sólo apoyó uno de los dos

La votación fue pública y por llamamiento: los diputados presentes dijeron su voto en voz alta, uno por uno, y 20 votaron por vía telemática. En contra del primer decreto votaron el Partido Popular (PP), Vox, Junts per Catalunya y Unión del Pueblo Navarro, que sumaron 178 votos frente a 172. Los siete diputados de Junts, el partido independentista catalán, alcanzaban para cambiar el resultado.

El segundo cayó por una diferencia mayor, 184 contra 166. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria, que habían apoyado el decreto de desalojos, votaron en contra del de los contratos.

Antes de la votación, Sánchez pidió a los diputados que se olvidaran «del cálculo político» y advirtió que, si los decretos caían, «el daño a nuestro país será inmenso». Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, dijo en el recinto que «votar que no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir a la única causa y la única bandera del rentismo».

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, acusó al Gobierno de «alimentar una falsa esperanza» y habló de un «chantaje ideológico de los extremos». Sostuvo que el texto dejaba a los fondos seguir comprando y afirmó que, desde la publicación de los decretos, «más de cuatro mil viviendas se han retirado del mercado».

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y jefe de la oposición, dijo que no se había votado «ningún decreto para ayudar a Maricarmen ni a nadie», publicó La Nación. Para Feijóo, el Gobierno había traído «una excusa para intentar ayudar a Pedro Sánchez».

Al día siguiente de la votación hubo marchas en varias ciudades, y en Madrid los organizadores contaron 500.000 personas y la Delegación del Gobierno central, 70.000, informaron Clarín y Río Negro. «Ayer constatamos que tenemos un Congreso secuestrado por el rentismo», dijo a la agencia EFE Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, la organización que encabezó las protestas por Mari Carmen Abascal.

Comisiones Obreras y UGT, las dos centrales sindicales mayoritarias de España, acordaron una huelga general de 24 horas para el otoño europeo, todavía sin fecha, a pedido del Sindicato de Inquilinas. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, dijo que «la vivienda es cara porque los salarios se bloquean».

Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, dijo que la vivienda sitúa el debate electoral «en unos términos muy favorables a la idea del PSOE», publicó El Día, de La Plata. El último barómetro de 40dB para El País y la Cadena SER, citado por Perfil, se hizo entre el 25 y el 28 de septiembre, antes de la caída de los decretos. Daba al PP el 31,6% de la intención de voto, al PSOE el 27,4% y a Vox el 18,4%.

Los decretos vuelven a votarse en la Diputación Permanente

Un día después de la disolución, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley 29 de 2026, que reemplaza al de los desalojos, y el 28, que reemplaza al de los contratos. Ambos salieron en el Boletín Oficial del Estado del 7 de octubre. «Estos dos decretos mantienen la esencia de los dos reales decretos que decayeron», dijo Sánchez después de la reunión, informó Noticias Argentinas.

El 29 conserva la suspensión de desalojos de vulnerables sin otra vivienda hasta 2030 y el tope del 2% a los aumentos. Extiende hasta ese año el límite a las compras de los fondos, lo aplica también a las empresas grandes propietarias y crea un Fondo de Vivienda de Impacto Social de 400 millones de euros. Suma un crédito de 10.000 millones para la línea de préstamos «Tu primer hogar» del Instituto de Crédito Oficial.

El 28 cambia la indemnización. El dueño que no renueve pagará lo que resulte mayor entre doce mensualidades, calculadas con el índice estatal de referencia de precios de alquiler, o una por cada año que vivió el inquilino. Esa norma entra en vigor el 15 de noviembre, mientras que la otra rige desde el 8 de octubre. Vox, el partido de derecha que preside el diputado Santiago Abascal, calificó la maniobra de «cacicada».

Un decreto-ley es una norma con fuerza de ley que el Gobierno dicta en casos de extraordinaria y urgente necesidad, que no pasa antes por el Congreso y que el Congreso tiene que convalidar después. El artículo 86 de la Constitución española le da 30 días desde su promulgación para hacerlo o derogarlo. Con las Cámaras disueltas, el artículo 78 traslada esa facultad a la Diputación Permanente, que funciona hasta que se constituyen las nuevas Cortes.

La Diputación del Congreso tiene 69 integrantes, de acuerdo con el diario El Día, de La Plata. Página 12 calculó que el PSOE de Sánchez, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV y Podemos reúnen 35 votos, frente a 34 de la derecha y Junts.

Con esa aritmética, El Día señaló que Junts ya no puede frenar solo el decreto principal, mientras que el de los contratos depende del PNV, que lo votó en contra el 2 de octubre. El decreto 29 ya está vigente, así que lo que se decide es si sigue en pie o corre la suerte de su antecesor.

Milei viaja a Madrid antes de la campaña y, según Infobae, verá a Ayuso y Abascal

Milei comunicó el viaje en una reunión de Gabinete y su vocero, Adrián Ravier, dijo el 6 de octubre en la Casa Rosada que «ya está en agenda». Ravier no confirmó una reunión con Vox ni dio la agenda detallada, que prometió hacer pública, y agregó que Sánchez no representa las ideas que defiende el Gobierno argentino.

Infobae publicó que Milei partirá el 19 de octubre y que en Madrid se verá con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP, y con Santiago Abascal. El mismo medio informó que no habrá reuniones oficiales con el rey Felipe VI ni con Sánchez. «El alineamiento es por afinidad ideológica y no por conveniencia política», le dijo Milei a Infobae.

Lo que sigue tiene plazos fijos. La Diputación Permanente debe votar los dos decretos dentro de los 30 días posteriores al 6 de octubre, y el de los contratos, si sobrevive, empezará a regir el 15 de noviembre. La campaña irá del 13 al 27 de noviembre, y las Cortes que salgan de las urnas del 29 se reunirán por primera vez el 23 de diciembre.