España hace su primera huelga general en 14 años por salarios y vivienda

España hizo el miércoles 11 su primera huelga general en 14 años. Detrás del paro estuvieron las dos centrales mayoritarias, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), acompañadas por CGT, CNT, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y otros grupos; piden sueldos que alcancen, poder acceder a una casa y un freno a la suba de precios, según Los Andes. La medida, de 24 horas, empezó a la medianoche.

El lema oficial fue «Salarios. Vivienda. Precios.», según el despacho de la agencia AP que publicó Cadena 3. El paro cayó en plena campaña: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, adelantó los comicios generales al 29 de noviembre, según APF.

Los sindicatos hablan de «amplio seguimiento»

En sus primeras valoraciones, CCOO y UGT destacaron el «amplio seguimiento» de la medida en los primeros turnos, informó Los Andes. Las dos centrales dieron estas cifras: 90% en puertos y automotrices (Valencia, Algeciras, Volkswagen Navarra, SEAT Barcelona), 85% en frigoríficos, 82% en recolección de basura, 75% en energía, 38% en salud y servicios sociales, donde rigieron los servicios mínimos, y 35,04% en correos. Los sindicatos aclararon que eran estimaciones de los primeros turnos, según el mismo medio.

A media mañana, CCOO señaló que el paro «continúa desarrollándose con fuerza en todo el territorio», según Tiempo Argentino.

Clarín describió una adhesión dispar según las primeras estimaciones: más del 80% en comunidades como Cataluña y en torno al 40% en regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha. Según ese diario, los sindicatos convocantes definieron la jornada como «un éxito total».

La patronal: «conflictos realmente laborales»

Para el sector empresario, la adhesión fue baja y desigual, y la medida responde a la política antes que a demandas de trabajo, informó Clarín. La vicepresidenta de la patronal CEOE, Ángela de Miguel, dijo, según ese diario: «La huelga debe de estar para conflictos realmente laborales donde exista un problema laboral». Y agregó: «En este caso, las empresas especialmente los pequeños empresarios, sufrimos el problema de la vivienda como todos los demás y no tenemos ninguna varita mágica para solucionarlo».

La vivienda, en el centro del reclamo

«El problema de la vivienda es la gran fractura socioeconómica que tiene España», afirmó Unai Sordo, de CCOO, según Clarín. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, dijo al comienzo de la medida, según APF: «No vamos a parar hasta cambiar el modelo de vivienda de arriba abajo en este país, para que la vivienda de verdad sirva para vivir en lugar de estar puesta al servicio de la minoría rentista».

El alquiler medio en España casi se duplicó en los últimos 10 años, según AP. APF citó estimaciones del Banco de España sobre un déficit cercano a las 750.000 viviendas, que podría superar el millón para 2028, y datos del Consejo de la Juventud de España según los cuales el alquiler mensual promedio alcanza los 1.176 euros, cerca del 98,7% del salario mensual medio de una persona joven.

Todo arrancó con Maricarmen Abascal, de 87 años y en silla de ruedas: la desalojaron del departamento que su familia alquilaba hacía setenta años y a las dos semanas murió internada, según Clarín. Después vinieron acampes en la Puerta del Sol y en otras ciudades.

Tras esas protestas, el Gobierno dictó medidas urgentes contra los desalojos y a favor de los inquilinos, que la derecha no convalidó en el Parlamento: alegó que achicarían la oferta de alquileres, según AP. El jueves 12, el Gobierno volverá a intentar que se ratifiquen los dos decretos de vivienda que la cámara baja rechazó el mes pasado, según esa agencia.

Según AP, los activistas por la vivienda quieren terminar con los departamentos para turistas, ponerle un límite a la especulación y que los contratos se renueven solos; las dos centrales sindicales piden que el Estado intervenga más en la vivienda y negociar con los empresarios un salario mínimo nuevo.

Choques, heridos y detenidos

Durante la madrugada hubo choques con la Policía que dejaron, hasta ese momento, 20 huelguistas heridos y 27 detenidos, según Clarín. El enfrentamiento principal fue en las cocheras de donde salen los colectivos del transporte público, y hubo altercados en Madrid, Valladolid y Santander.

En Mercamadrid, el principal mercado mayorista de alimentos de la capital, se concentraron unos 1.000 manifestantes. CCOO de Madrid acusó a la Policía de rociar gas pimienta sobre los piquetes y contó 13 atendidos por servicios médicos, según APF. Un portavoz policial confirmó una detención allí, pero no corroboró el uso de gas pimienta en ese punto, aunque reconoció que se usó para dispersar otro piquete en Carabanchel, según el mismo medio.

UGT, CCOO, CNT y CGT denunciaron la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado: «Una actuación del todo desproporcionada, ya que los piquetes informativos se han caracterizado en todo momento por ser totalmente pacíficos», señalaron, según Tiempo Argentino.

En Cataluña, los piquetes cortaron alrededor de 30 puntos de la red vial, entre ellos la autopista AP-7, la autovía A-2 y la Ronda del Litoral de Barcelona, informó Los Andes. Cerca del mediodía y con lluvia, los manifestantes cortaron la Gran Vía madrileña ante unos quince furgones antidisturbios; los comercios cubrieron sus vidrieras con tablas, según Clarín.

El cruce político

«Pido respeto para los sindicatos, respeto a un derecho constitucional que es el derecho a la huelga», dijo la vocera del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, según Clarín. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, llamó a sumarse: «Hago un llamamiento a la movilización de los trabajadores y las trabajadoras de este país para que secunden la huelga general. Así se ganan los derechos».

Desde la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habló de «esta mafia sindical que nos lleva a esta huelga, que es totalmente política», y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, la definió como «una huelga preventiva contra el próximo gobierno», según Clarín.

Según AP, el PP y Vox sólo aceptan que el Estado estimule la construcción de casas, y acusan a las centrales de jugar en la campaña para sostener a Sánchez.