El Gobierno abrió un retiro voluntario para empleados de la administración nacional central

El Gobierno nacional abrió un retiro voluntario para los empleados de planta permanente de la administración pública nacional centralizada y para quienes trabajan allí con contrato por tiempo indeterminado. Podrán pedirlo entre el 1 y el 30 de noviembre. El Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, ordena eliminar los cargos de quienes se vayan.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, que depende de ese ministerio, es la autoridad de aplicación y puede prorrogar la adhesión una sola vez, por hasta 30 días corridos. El anexo lo limita a la administración centralizada del Poder Ejecutivo, por lo que no alcanza al Congreso, a la Justicia ni a los organismos descentralizados.

Desde que asumió este Gobierno, en diciembre de 2023, los retiros se habían abierto organismo por organismo. Durante 2026 abrieron el suyo, entre otros, Vialidad Nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Parques Nacionales. Esta vez, una sola norma alcanza a la administración central; esos cuatro organismos, que son descentralizados, quedan fuera.

El régimen llega después de casi tres años de reducción de personal. Según el INDEC, el personal de la administración nacional y de las empresas del Estado pasó de 341.465 personas en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. Esa serie no cuenta a militares ni a las fuerzas de seguridad, pero sí a organismos descentralizados y empresas: un universo más amplio que el del decreto. El Gobierno difunde una baja de 77.515 puestos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, en un gráfico que también cuenta al personal militar y de seguridad.

La compensación depende de la edad y de los años de planta

El anexo del decreto divide a quienes adhieran en tres grupos, según la edad que tengan el 31 de octubre. El grupo más joven reúne a las mujeres de hasta 57 años y a los varones de hasta 62. Cobran un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un máximo de 20. Se suman cuatro sueldos si tienen menos de 15 años de planta o cinco si tienen 15 o más: hasta 25 en total.

Las mujeres de 58 a 64 años y los varones de 63 y 64 con al menos 30 años de aportes también cobran un sueldo por año. Tienen dos topes: 18 sueldos y el sueldo multiplicado por los meses que les faltan para jubilarse. Aparte reciben cinco sueldos fijos.

Las mujeres desde 58 años y los varones desde 63 que no tienen aportes suficientes para jubilarse pueden elegir. Una opción es cobrar cada mes el 60% del sueldo hasta reunir los requisitos jubilatorios, por un máximo de 36 meses, con los aportes y contribuciones a la jubilación y a la obra social pagos. La otra es una suma única de un sueldo por año, con los mismos dos topes del grupo anterior.

Sólo cuentan los años de planta permanente o de contrato por tiempo indeterminado: no suman los de becario, de personal transitorio o de contratado, ni los ya indemnizados en un retiro anterior. Los montos de hasta 20 millones de pesos se pagan de una vez; los mayores, en cuotas mensuales de 20 millones, hasta tres, con el saldo en la última.

Quien se va no puede volver al Estado nacional en ocho años

Quien se retire no podrá trabajar ni ser contratado en el Sector Público Nacional durante ocho años, bajo ninguna modalidad; la única excepción es la docencia en universidades nacionales. Si vuelve igual, deja de cobrar las cuotas pendientes y debe devolver las sumas que fije la Secretaría según el tiempo que haya pasado.

Sturzenegger lo explicó de otra manera en su cuenta de X: «Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)». El artículo 14 del anexo prohíbe el reingreso durante ocho años y trata la devolución como la consecuencia de incumplir esa prohibición.

Pedir el retiro tampoco garantiza obtenerlo. El jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios de la Presidencia y el jefe de la Casa Militar pueden rechazar cualquier pedido cuando haga falta para la continuidad del servicio. El anexo aclara: «La sola invocación de dicha causal constituye razón suficiente para la motivación de su rechazo». Tienen 40 días corridos desde el cierre de la adhesión para responder: sin prórroga, las respuestas llegarían hasta comienzos de enero. Si no responden en ese plazo, el pedido se da por rechazado y el empleado conserva su puesto.

Quedan excluidos, entre otros, las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, el Sistema Federal de Manejo del Fuego y las orquestas, coros y ballet nacionales. No pueden pedirlo, además, quienes ya reúnen los requisitos para jubilarse o están procesados por delitos contra la administración. Los delegados gremiales que quieran irse deben renunciar a su mandato, con efecto sólo si se acepta el retiro.

El decreto no fija cuántos deben irse

Ni el decreto ni su anexo traen una cifra de destinatarios. Sturzenegger escribió este lunes en X que «unos 20.000 son elegibles para participar, si así lo desean». El número habla de quiénes podrían pedirlo, no de una meta: el ministerio le dijo a La Nación que «El programa no tiene una meta predeterminada de retiros».

El expediente del decreto sí tenía una estimación. Clarín informó el 8 de octubre que los cálculos oficiales del expediente estimaban en 21.187 los trabajadores alcanzados y en unas 2.187 las adhesiones. El diario conoció el texto porque la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había accedido al expediente.

Los retiros de este año dan otra referencia. Una fuente del Gobierno le dijo a El Cronista el 6 de octubre: «Entre los retiros que sacamos este año ya llevamos como 5.000 adheridos». En Vialidad Nacional, la primera etapa sumó 609 adhesiones, según la resolución del 5 de octubre que abrió la segunda.

ATE rechaza el régimen y marchará a Olivos

ATE, uno de los gremios de los empleados públicos nacionales, rechazó el régimen; su secretario general, Rodolfo Aguiar, había difundido el borrador en redes sociales el 8 de octubre. Aguiar dijo en un comunicado que el plan «es despido extorsivo» y que no hay voluntad cuando la alternativa es quedarse sin trabajo y sin obra social. El comunicado habla de vacantes que no podrán cubrirse por dos años, un plazo que, según Clarín, figuraba en el borrador. El texto publicado no lo incluye y ordena eliminar esos cargos.

ATE marchará el miércoles 21 a las 17 a la Quinta de Olivos, la residencia presidencial.