Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para el médico Leopoldo Luque

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren reclamaron este jueves una condena de 12 años de prisión para Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Diego Maradona, en el juicio por la muerte del exfutbolista. Para tres de los otros acusados abandonaron la figura más grave y les atribuyeron haber causado la muerte por negligencia.

Ferrari e Iribarren son fiscales generales adjuntos de San Isidro e integraron el equipo que investigó el caso. El alegato es la exposición final de cada parte antes de que el tribunal decida. En el suyo, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro, pidieron también 10 años para Nancy Forlini, la médica que coordinaba la internación domiciliaria de Maradona para la empresa de medicina prepaga Swiss Medical. Para Agustina Cosachov, la psiquiatra de Maradona, pidieron 8 años. A los tres les sumaron 10 años de inhabilitación para ejercer su profesión.

Para esos tres acusados, la fiscalía sostuvo la acusación con la que los siete imputados llegaron al juicio, homicidio simple con dolo eventual, que el Código Penal castiga con 8 a 25 años de prisión. El dolo eventual se aplica cuando alguien no busca la muerte de otra persona, pero la prevé como posible y sigue adelante de todos modos, aceptando ese riesgo. Ferrari lo resumió así: «habiendo previsto el riesgo y aceptándolo con indiferencia, produjeron el resultado».

Con el psicólogo Carlos Díaz, que tenía a su cargo el tratamiento de Maradona por el consumo de alcohol, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, la fiscalía cambió de criterio. Para Ferrari, el debate no acreditó en ellos «aquella indiferencia que prevé la norma», pero sí un «cúmulo de accionares negligentes». Por eso los acusó de homicidio culposo, que consiste en causar una muerte por imprudencia o negligencia, sin haber aceptado ese resultado.

Esa figura se castiga con 1 a 5 años de prisión y de 5 a 10 años de inhabilitación. Pidió 5 años para Díaz, con 10 de inhabilitación, y 4 años para Perroni y Almirón, con 8 de inhabilitación.

Esa diferencia explica por qué los pedidos van de 4 a 12 años, aunque la acusación inicial tenía una pena mínima de 8. Los 8 años pedidos para Cosachov son el mínimo que fija el Código Penal para el homicidio simple, y los 5 años de Díaz, el máximo del homicidio culposo.

El séptimo acusado, el médico clínico Pedro Di Spagna, había sido convocado para una interconsulta, y para él la fiscalía pidió la absolución. «Es el único que hizo lo que tenía que hacer», dijo Ferrari, que lo describió como «interconsultor», sin «potestad ni decisión» sobre la salud del paciente. Los fiscales no pidieron detener a los acusados si son condenados, porque esa sentencia no estaría firme y no ven riesgo de fuga. Sí reclamaron que entreguen sus pasaportes y que no puedan salir del país.

Luque y Forlini, en el centro de la acusación

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en una casa de Benavídez, en el partido de Tigre. Allí cursaba una internación domiciliaria después de haber sido operado por un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y el cráneo. «Maradona era una bomba de tiempo, se lo sacaron de encima», dijo Ferrari sobre el traslado a esa casa, el 11 de noviembre de 2020.

El fiscal señaló a Luque y a Forlini como los dos responsables principales de la atención que recibió el exfutbolista. A Luque lo llamó «indiscutible médico de cabecera» y le reprochó no haber profundizado los estudios cardiológicos ni haber gestionado una internación en un centro especializado. Sobre Forlini dijo: «Lideraba la otra organización caótica que tuvo en vilo al paciente en sus últimos días». A Cosachov le atribuyó haber avalado el retiro de los acompañantes terapéuticos y haber pasado por alto las señales de una insuficiencia cardíaca.

«La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada», afirmó Iribarren en el alegato. La fiscalía presentó esa frase como una conclusión de la junta médica interdisciplinaria, los peritos que analizaron el caso en 2021. En la parte del informe que difundió la agencia Télam ese año, los peritos advierten que no se puede afirmar que Maradona no habría muerto con una internación adecuada. Aun así, concluyen que en ese caso «hubiese tenido más chances de sobrevida», y describen «signos inequívocos de periodo agónico prolongado».

Las defensas sostienen que la muerte fue súbita

En sus últimas declaraciones ante el tribunal, Luque sostuvo que no actuó como médico clínico durante la internación en Benavídez y atribuyó la muerte a una falla cardíaca repentina que nadie podía prever. Forlini dijo que su tarea era recibir y autorizar órdenes médicas y que cada rol estaba definido. «Ponerme en el rol de médico tratante es indignante», había dicho Di Spagna en su última declaración.

Francisco Oneto, abogado de Luque, dijo a la salida del tribunal que «en términos de dogmática penal, la acusación tiene graves deficiencias», y adelantó que pedirá la absolución. Le pareció contradictorio que los fiscales digan que los acusados no advirtieron la gravedad del cuadro y a la vez pidan una condena por un delito doloso. «Justamente tiene que ver con conocer algo», dijo.

Vadim Mischanchuk, defensor de Cosachov, dijo a la agencia AFP que «no está probado el dolo eventual» en el caso de su clienta. «Disentimos en cuanto a la calificación legal, pero estamos muy confiados», agregó ante la prensa.

Las querellas, los abogados de la familia que también acusan en el juicio, acompañaron en general a la fiscalía. Eduardo Ramírez, abogado de Diego Maradona Junior, hijo del exfutbolista, alegó el mismo jueves y pidió elevar a 10 años la pena de Cosachov. También reclamó que Luque, Cosachov y Forlini sean detenidos de inmediato si son condenados. «Yo pediría unos años más para las penas», dijo Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del exfutbolista.

Un juicio que empezó de nuevo

Este es el segundo juicio por la muerte de Maradona. El primero empezó el 11 de marzo de 2025 y fue anulado el 29 de mayo de ese año. La causa fue la participación de la jueza Julieta Makintach, una de las integrantes de aquel tribunal, en un documental sobre el juicio. En noviembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense, que juzga la conducta de los magistrados de la provincia, la destituyó por unanimidad.

El nuevo juicio empezó el 14 de abril de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, que dictarán el veredicto. La enfermera Gisela Dahiana Madrid, la octava acusada, eligió ser juzgada por un jurado popular en un proceso aparte, que todavía no tiene fecha.

Los alegatos siguen el martes 13 y el miércoles 14 de octubre con el resto de las querellas, y las defensas expondrán del 20 al 22 de octubre. Después, los acusados podrán decir sus últimas palabras ante el tribunal, que luego pasará a deliberar. Hasta ahora, el veredicto no tiene fecha.