El Senado negocia exigir la firma de un médico para internar sin consentimiento

Las internaciones de salud mental sin consentimiento necesitarían la firma de un médico si prospera el texto que el oficialismo negocia en el Senado. Según la agencia Noticias Argentinas, ese texto pide dos profesionales, «uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría». La ley vigente no exige un médico: uno de los firmantes debe ser psicólogo o psiquiatra.

Ese texto todavía no es público. Infobae informó el 11 de octubre que obtuvo un borrador de dictamen que circuló entre los bloques del Senado, y aclaró que «el texto final no está cerrado». El dictamen es el despacho de las comisiones que permite llevar un proyecto al recinto, y el expediente de la reforma, el PE-99/26, no registra ninguno al 12 de octubre.

La Ley 26.657, sancionada en 2010, ya permite internar a una persona contra su voluntad. Su artículo 20 lo admite cuando, a criterio del equipo de salud, existe una «situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros». Exige la firma de dos profesionales de distintas disciplinas, sin parentesco ni vínculos económicos con la persona, y uno de ellos tiene que ser psicólogo o médico psiquiatra.

La decisión pasa por la Justicia. El centro de salud debe avisar en 10 horas al juez y al Órgano de Revisión. Ese organismo del Ministerio Público de la Defensa, creado por la misma ley, vigila que se respeten los derechos de los pacientes. El juez tiene tres días para autorizar la internación, pedir más informes o denegarla.

Es una herramienta en uso. En 2025, el Órgano de Revisión Nacional recibió 6.349 comunicaciones de internaciones involuntarias al momento del ingreso, el 89,6% de las 7.081 comunicaciones de internación que le llegaron. Ese número no es un total del país: según el mismo informe, 11 provincias tienen su propio órgano de revisión en funcionamiento.

El proyecto de abril exigía un psiquiatra

El Poder Ejecutivo envió al Senado en abril un proyecto para modificar la ley, que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones. Lo firmaron el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Lugones y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Su artículo 20 bis mantiene las dos firmas de distintas disciplinas, pero exige que una sea de un médico psiquiatra. También reemplaza el «riesgo cierto e inminente» por un «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física» de la persona o de terceros.

El proyecto suma un «criterio situacional». Con él, la evaluación no se limita a lo que la persona manifiesta en ese momento y considera si antes hubo un hecho o una idea de dañarse o de dañar a otros. Para una urgencia en la que haya un solo médico en la institución, permite internar y revalidar la decisión en 24 horas con un equipo especializado en salud mental.

El aviso al juez pasa de 10 a 24 horas, y el juez conserva los tres días para decidir. El proyecto también reemplaza el artículo que prohíbe crear nuevos manicomios o neuropsiquiátricos por otro que no menciona esa prohibición, y habilita las internaciones en hospitales especializados en psiquiatría.

En septiembre, el Ministerio de Salud presentó una versión revisada a los ministros provinciales en el Consejo Federal de Salud. Según el resumen oficial del 15 de septiembre, mantiene el riesgo grave y vuelve a prohibir los manicomios. Permite además que el psiquiatra intervenga por «teleconsulta sincrónica», a distancia y en tiempo real, cuando no pueda estar presente. Y lleva a 48 horas la revalidación de una internación de urgencia decidida por un solo médico.

Ese resumen no dice quién firma la internación, y el texto revisado no se publicó. Infobae informó que el borrador de octubre conserva la teleconsulta del psiquiatra «cuando su presencia física no pueda garantizarse». Así quedan las tres versiones en los puntos centrales:

Psicólogos y médicos disputan la firma

La firma es uno de los puntos centrales de la discusión. Infobae informó el 11 de octubre que los ministerios de salud de gran parte del interior presionaron para que los psicólogos quedaran casi equiparados con los psiquiatras en la decisión de internar. «Por ahora no lograron quebrar esa barrera y los médicos primarían», escribió ese medio. En agosto ya había publicado la fórmula de dos firmas, una de un médico: «A modo preferencial, un psiquiatra».

Los psicólogos rechazaron la exigencia del proyecto original. Soledad Cottone, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, lo planteó en mayo en una reunión informativa de las comisiones del Senado. «Los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo, la modificación introduce una jerarquización normativa que no existe en la formación de grado», dijo.

Leonardo Gorbacz, autor de la ley de 2010, objetó la exigencia de psiquiatras por la falta de especialistas. Según publicó el medio El Once en abril, cuestionó que haya «siempre un psiquiatra en todo momento en todos los dispositivos de los equipos interdisciplinarios». «Esto puede ser factible en la Ciudad de Buenos Aires, pero no en la mayor parte del país, donde escasean los especialistas en psiquiatría», dijo.

Cuántos psiquiatras hay es parte de la discusión, y las cifras que circulan no coinciden. La Nación publicó en mayo que son 6.984, y citó como fuente el registro nacional de recursos humanos en salud. Infobae citó en octubre «cifras compartidas entre senadores». Hablan de poco menos de 4.000 psiquiatras generales y 454 infantojuveniles, frente a 100.000 psicólogos matriculados.

El «riesgo grave» sigue en el texto

El otro cambio de fondo se mantiene. Noticias Argentinas informó que la propuesta en análisis conserva el criterio de riesgo grave del proyecto de abril. También agrega un plan de egreso desde el diagnóstico.

La ley vigente habla de un riesgo «cierto e inminente», y el decreto reglamentario 603, de 2013, lo define como un daño «conocido como verdadero, seguro e indubitable». Para quienes impulsan la reforma, esa fórmula obliga a esperar. Ricardo Corral preside la Asociación Argentina de Psiquiatras y es jefe de Docencia e Investigación del Hospital Borda, de la Ciudad de Buenos Aires. En La Nación lo planteó así: «En la práctica, ¿es sensato que las familias y los médicos tengamos que esperar a que la tragedia sea inminente para poder intervenir?».

Lugones sostuvo en abril, en la red social X, que la ley de 2010 «generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones». Algunas organizaciones de familias de personas con trastornos de salud mental y consumos problemáticos piden que el Senado avance. Stella Maurig, cofundadora de La Madre Marcha, una de esas agrupaciones, dijo a La Nación a comienzos de octubre: «ahora esperamos que se vote».

Quienes defienden la ley vigente responden que ya permite internar. Gorbacz habló de «un mito vinculado a que la ley actual no permite internar». Juan Carlos Vergara, ministro de Salud de La Rioja, expresó en septiembre la posición de su provincia: «Estamos en absoluto desacuerdo con esta reforma».

En abril, autoridades sanitarias de 18 provincias habían calificado el proyecto como «un retroceso en materia de derechos». En mayo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia envió una carta a los senadores en representación de más de 150 organizaciones de usuarios, familias, derechos humanos y profesionales. Sostuvo que la reforma «implica el retorno del modelo centrado en el hospital psiquiátrico». Esa crítica apuntaba al proyecto de abril; la versión revisada que el Ministerio llevó a las provincias vuelve a prohibir los manicomios.

Sin dictamen y con una fecha tentativa

Ese dictamen lo tienen que firmar las comisiones de Salud y de Legislación General. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y a cargo de la negociación, pretende anunciar esta semana el acuerdo con ministros provinciales y bloques aliados, según Noticias Argentinas.

La agencia informó que el Senado tiene prevista una sesión para el jueves 22 de octubre, centrada en un tratado internacional de patentes, y que la reforma podría sumarse a ese temario. Según Infobae, el oficialismo querría llevarla al recinto ese día o el 29. Si el Senado la aprueba, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados.