Universidades de todo el país marcharon para que se cumpla la ley de financiamiento

Universidades nacionales, gremios docentes y no docentes y centros de estudiantes marcharon el jueves 15 en todo el país en la quinta Marcha Federal Universitaria, para exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. Frente al Congreso hubo piedras, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, y la jornada terminó con 31 detenidos de dos fuerzas.

La convocaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a las universidades públicas, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. El reclamo es por la Ley 27.795, que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar por inflación los salarios universitarios desde diciembre de 2023 y a recomponer las becas estudiantiles. El Gobierno la promulgó con el decreto 759/2025, que dejó suspendida su ejecución hasta que el Congreso determine cómo financiarla.

En el acto central habló primero el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi. Lo siguieron las dos autoridades del CIN: el vicepresidente Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, y el presidente Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. Después, la secretaria general de la FUA, Albana Veloso, y el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Axel Santos, leyeron el documento de los convocantes.

Ese texto advierte: «Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene». También pide que los fondos para las universidades nacionales sean un 33,4% mayores que los del proyecto de Presupuesto 2027 que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. El CIN estimó en un millón las personas movilizadas en todo el país.

Gases e hidrantes frente al Congreso

Por la lluvia, los organizadores adelantaron el acto. Las crónicas ubican el comienzo de los incidentes entre las 15.30 y las 16, frente al vallado de Gendarmería Nacional sobre la avenida Entre Ríos. Infobae situó el epicentro de los choques en Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña. TN y La Nación lo sitúan en un grupo de manifestantes que rompió bancos y baldosas y arrojó piedras contra los agentes. Página 12 y Tiempo Argentino, en cambio, lo atribuyen al operativo de las fuerzas federales. El acto se dio por terminado cerca de las 16.40, en medio de los gases.

Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura Naval usaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes; el gas llegó hasta el anexo de la Cámara de Diputados. Los choques siguieron hasta pasadas las 19. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, contó a TN: «Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario, donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes».

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó ocho efectivos heridos, cuatro de Gendarmería, dos de Prefectura y dos de la Policía Federal. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la Ciudad atendió a dos personas. Una de ellas, una mujer de 57 años con síntomas de un accidente cerebrovascular, fue trasladada al Hospital Ramos Mejía. La diputada nacional Cecilia Moreau (Unión por la Patria) se descompuso por los gases y recibió atención médica. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunció que varios fotógrafos fueron alcanzados por balas de goma.

Los 31 detenidos salen de dos operativos distintos. La Policía de la Ciudad detuvo cerca del Congreso a seis personas, dos adolescentes de 14 y 17 años y cuatro adultos, por atentado y resistencia a la autoridad. Así figura en el informe policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas. Las fuerzas federales detuvieron a otras 25, que La Nación y La Voz ubicaron en cabeceras ferroviarias del área metropolitana. La cifra de 25 que circuló como total cuenta sólo las detenciones de las fuerzas federales.

El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, dispuso que los cuatro adultos fueran llevados a declaración indagatoria, y los dos adolescentes recuperaron la libertad, informó Cuestión Entrerriana. Clarín informó el viernes que esas detenciones quedaron bajo la Unidad de Flagrancia Este, del fiscal Santiago Almeida, y la jueza Araceli Martínez; no se informó si siguen presos. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le pidió a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, que explique «quiénes fueron los detenidos por hechos de violencia». El Gobierno porteño estimó en forma preliminar los daños en $90 millones.

Dos relatos sobre el origen de los incidentes

Para el Gobierno nacional, los choques fueron obra de grupos violentos ajenos al reclamo. «Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada», escribió Monteoliva en X mientras ocurrían. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de quien depende la Policía de la Ciudad, habló de «delincuentes y zurdos infiltrados que no les interesa la educación».

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, repudió en Radio Mitre a «los energúmenos que no marchan por las universidades sino que van a las marchas a agredir y tirar piedras». Fuentes del Gobierno nacional citadas por La Nación calificaron la marcha como «un acto opositor». El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal que incluye los delitos de daño agravado, atentado al orden constitucional y resistencia y atentado a la autoridad. El escrito, citado por Radio La Voz, sostiene que los disturbios habrían buscado «inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa» de esa jornada.

Los convocantes dieron la versión opuesta. «Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia», dijeron el Frente Sindical, la FUA y el CIN en un comunicado. De acuerdo con TN, el texto recordó que las cuatro marchas anteriores habían terminado sin incidentes. Yacobitti calificó la represión de «completamente desmedida» y separó a los violentos de la marcha: «Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos».

Torres dijo en Cadena 3: «Creo que fue deliberado y buscado que quede el conflicto dado por los gases lacrimógenos». El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto después de los incidentes, dijo ante la prensa: «La marcha venía normal. Fue una provocación».

Cuatro ciudades entrerrianas marcharon

En Entre Ríos hubo marchas en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. En Paraná, la concentración empezó a las 17 en la plaza 1° de Mayo y la columna llegó a la plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno. Allí se leyó un documento respaldado por 79 organizaciones, y el diario Uno describió una concentración pacífica.

Germán Orsini, secretario general de la Asociación Gremial de la Docencia Universitaria (AGDU), el gremio docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), habló con la agencia AIM. Dijo que el reclamo «ya no pasa por una cuestión presupuestaria sino por un capricho del Gobierno contra el sector universitario». Tamara Godoy, presidenta de la Federación Universitaria de Entre Ríos, sostuvo que la situación económica «se ve reflejada en nuestras cursadas, en nuestros trabajos, en la salud mental».

En Concordia convocó la Multisectorial en Defensa de la Educación Pública, a las 19.30 en la plaza Urquiza, y la columna terminó en la plaza 25 de Mayo. Allí, estudiantes y trabajadores de la UNER, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) leyeron un documento. Un capítulo apuntó al gobernador Rogelio Frigerio: «El ajuste nacional tiene su correlato en nuestra provincia. Frigerio es un aliado fundamental de Milei en Entre Ríos».

En Concepción del Uruguay, la marcha partió del Rectorado de la UNER, frente a la plaza Ramírez, y terminó ante el Centro Cívico. En Gualeguaychú convocó la AGDU desde la Facultad de Bromatología de la UNER; la concentración empezó a media tarde y la columna llegó a la plaza San Martín. El decano de esa facultad, José Dorati, dijo a Reporte 2820 que se marchaba también por «la situación de nuestros trabajadores docentes y no docentes, que han visto una pérdida salarial importantísima».

La ley sigue en discusión en los tribunales

El 23 de diciembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 dictó una medida cautelar, una orden provisoria mientras se decide el fondo. Esa orden obliga a cumplir de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, los de salarios y becas. La Cámara la confirmó el 31 de marzo, y quedó firme cuando la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno el 25 de junio, según TN. El 6 de octubre, el mismo juzgado declaró inconstitucional la suspensión del decreto y ordenó cumplir toda la ley, fallo que el Estado apeló.

El miércoles 14, a pedido del CIN, el juez de ese juzgado, Martín Cormick, dio por «verificado» el incumplimiento y fijó astreintes, multas por cada día de demora. Son de $100.000 diarios «en una primera etapa» y alcanzan al «funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros». Es el cargo que ocupa Santilli, aunque la resolución no lo nombra, y el juez se reservó cambiar el monto y los funcionarios alcanzados. Bartolacci destacó que la multa apuntara a «una autoridad competente, y no sobre el Estado vagamente».

Al día siguiente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una queja del Estado, el recurso que se presenta cuando un juez niega una apelación. Así le concedió la apelación contra la providencia del 22 de septiembre, que lo intimaba a cumplir la cautelar en cinco días bajo apercibimiento de multas. El fallo aclara que no implica «adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar» y no menciona la multa del 14. TN, MDZ y otros medios informaron que la Cámara suspendió de manera provisoria las multas diarias.

Ante la Cámara, el Estado sostuvo que con un aumento del 21,33% dispuesto este año los salarios universitarios subieron 226,80% entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. Según su planteo, eso supera el 226,40% que acumuló la inflación en ese período, y la ley sólo alcanza a las becas Manuel Belgrano. Cormick había sostenido el 30 de septiembre que del expediente no surgía un aumento salarial por encima de la inflación, informó Tiempo Argentino. El vocero presidencial, Adrián Ravier, resumió la posición oficial antes de la marcha: «Es una ley que está interrumpida y hay un fallo judicial».

El Gobierno anticipó que apelará la multa y lleva la discusión de los fondos al Presupuesto 2027. Después de la marcha, fuentes oficiales citadas por NSA descartaron una negociación conjunta y dijeron que tratarán con cada universidad por separado. El oficialismo busca dictaminar el proyecto en Diputados el 28 de octubre, informó TN. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, confirmó ante la comisión de Presupuesto la intención de llevarlo al recinto el 18 de noviembre, de acuerdo con La Nación.