Un juez declaró inconstitucional el freno a la ley de financiamiento universitario y ordenó cumplirla de inmediato

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la frase del decreto 759/2025 que había dejado en suspenso la Ley de Financiamiento Universitario. Además, le ordenó al Gobierno cumplir esa ley de inmediato y dictar las normas necesarias para aplicarla. La sentencia, de primera instancia, se firmó este martes.

La frase que el juez declaró inconstitucional es la que promulgó la ley 27.795 «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629». Ese artículo, de 1996, dice que toda ley que disponga gastos debe prever cómo se financian. Si no lo hace, su ejecución queda suspendida hasta que las partidas se incluyan en el presupuesto. Con esa remisión, el decreto dejó la ley vigente pero sin aplicarse hasta que el Congreso determinara sus fuentes de financiamiento.

La ley había llegado hasta ahí por un camino poco habitual. El Congreso la sancionó el 21 de agosto de 2025 y el presidente Javier Milei la vetó el 10 de septiembre. Diputados el 17 de septiembre y el Senado el 2 de octubre insistieron con dos tercios de los votos, la mayoría con la que la Constitución convierte en ley un proyecto vetado. El Gobierno la promulgó el 20 de octubre con la frase que ahora el juez declaró inconstitucional.

Hasta este martes, la Justicia sólo había ordenado cumplir una parte de la ley. En diciembre de 2025, el mismo Cormick dictó una cautelar, una medida provisoria mientras se decide el fondo del caso. Esa cautelar ordenó cumplir los artículos 5 y 6, sobre salarios docentes y no docentes y sobre becas. La Cámara la confirmó el 31 de marzo y la Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno el 25 de junio, con lo que quedó firme. La sentencia de fondo ordena cumplir la ley sin recortar artículos.

El juicio es un amparo colectivo, una vía rápida para frenar la lesión de un derecho. Lo presentaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades públicas, junto con universidades y docentes. Se le sumó otro de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Por ser colectivo, abarca a docentes, no docentes, investigadores y alumnos de todas las universidades públicas nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Para Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, después de la insistencia del Congreso el Gobierno tenía una sola salida. «No parece existir, con posterioridad a esta insistencia, otro camino que no sea la promulgación, sin restricciones, de la Ley insistida», escribió. A su juicio, el decreto «ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional»: al promulgar la ley y frenarla en el mismo acto, se volvió «una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional».

El juez encontró dos choques con la Constitución. El primero, con el artículo 83, que obliga al Presidente a promulgar, y no a suspender, una ley en la que el Congreso insistió después de un veto. El segundo, con el artículo 75, inciso 8, que le da al Congreso y no al Presidente la atribución de decidir el diseño del gasto público.

Cormick respondió al argumento del Gobierno de que la ley no dice de dónde salen los fondos. Su artículo 9 ordena al Poder Ejecutivo adecuar partidas para actualizar el presupuesto universitario sin tocar la coparticipación a las provincias, y habilita a financiarla con la recaudación que supere lo presupuestado. Con esa pauta escrita en la ley, suspenderla por no precisar sus fuentes «deviene irrazonable», sostuvo Cormick. El juez recordó, además, que en 2024 y 2025 no hubo ley de presupuesto, sino prórrogas del de 2023, y que en 2025 el presupuesto se modificó seis veces por decreto o decisión administrativa.

La cifra que citó el juez es más alta que la del Gobierno

El costo de aplicar la ley fue el otro eje del expediente. El Gobierno sostuvo que costaría más de un billón de pesos (un millón de millones). Esa cuenta está en los decretos de veto y de promulgación, que calcularon $1,07 billones para todo 2025. El juez le opuso otra estimación, la de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo técnico que calcula el impacto fiscal de los proyectos de ley. Para la OPC, el costo total para 2025 equivalía al 0,23% del producto bruto interno.

Las dos cifras miden el mismo año, pero se presentaron en medidas distintas: el Gobierno habló en pesos y frente a los créditos disponibles del Estado; el juez, como proporción del tamaño de la economía. En pesos, la OPC estimó en septiembre de 2025 un costo de $1,96 billones, casi el doble de la cifra oficial. Los dos cálculos detallan sus rubros, y la mayor diferencia está en las becas estudiantiles: $1,15 billones para la OPC y $0,15 billones en el decreto.

La apelación deja la sentencia en espera

Ningún funcionario habló con su nombre sobre el fallo. La Procuración del Tesoro, que conduce el procurador Sebastián Amerio, es la que prepara la estrategia judicial del Gobierno. «Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido», dijeron a Infobae fuentes de ese organismo.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, es el que representa al Estado en el juicio. «No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar», dijo a Infobae un integrante del equipo más cercano de la ministra. El Cronista informó que la Procuración argumentará que sólo el Congreso puede fijar la fuente de financiamiento y que cumplir de inmediato pone en riesgo el equilibrio fiscal.

La ley de amparo, la 16.986, con la que tramita la causa, da 48 horas desde la notificación para apelar y manda conceder el recurso «en ambos efectos». Eso quiere decir que la apelación lleva el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y, a la vez, suspende la sentencia: no se ejecuta hasta que la Cámara resuelva.

La cautelar sobre salarios y becas, ya firme, corre por separado de esta sentencia. Por ella, el juez ya había intimado al Gobierno bajo amenaza de multas diarias, y el 30 de septiembre le dio otros cinco días al reconocer sólo un cumplimiento parcial, informó TN.

El Gobierno sostiene que con el acta que firmó el 10 de junio con el CIN y los gremios ya cumple la cautelar. El acta incluía un aumento salarial de 24,33% y más fondos para funcionamiento, hospitales universitarios y becas. Según La Nación y la agencia entrerriana APF, se pagaron los salarios y las becas, y no el resto; el CIN sostiene que el acuerdo no cubre todo lo que manda la ley.

Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, fue quien difundió la sentencia. En X la definió como una «sentencia favorable sobre el planteo de fondo» y «un paso más» hacia el cumplimiento pleno de la ley. Feduba, el gremio docente de la UBA, sostuvo en un comunicado que el Poder Ejecutivo no puede frenar de hecho una ley que el Congreso reafirmó con dos tercios. «La Constitución Nacional exige su cumplimiento inmediato», escribió.

En Entre Ríos, el rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo, había hablado de la causa antes de que se conociera el fallo, según la agencia APF. Dijo que comparte que «no se puede administrar con déficit», pero que el de las universidades «no es un problema de caja o de déficit, es un problema político». El martes, El Entre Ríos publicó una declaración del Consejo Superior de la UNER que le pide al gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, que haga de las universidades nacionales «un tema de Estado Provincial».

La discusión sigue ahora en la Cámara y en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales $7,35 billones, y el CIN pidió 11 billones para aplicar plenamente la ley. La fuente del entorno de Pettovello remitió esa discusión a los legisladores: «si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso». La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el CIN y la Federación Universitaria Argentina, será el 15 de octubre y se trasladó de Tribunales al Congreso.