La Asamblea de Gualeguaychú pide ayuda al papa contra la ampliación de UPM

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú pide por carta al papa León XIV que interceda para que Uruguay no permita a la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos producir más que lo ya autorizado. Nahuel Gieco, asambleísta, la llevó este lunes 9 al encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, para intentar dársela.

La carta llega mientras UPM, la empresa finlandesa que opera la planta, tramita en Uruguay subir su producción máxima de 1,3 millones de toneladas por año, la que tiene hoy, a 1,5 millones. El gobierno uruguayo ya se mostró favorable al proyecto.

La Asamblea y la empresa miden ese salto desde puntos de partida distintos. La carta lo compara con el millón de toneladas que, según dice, «la Corte evaluó» en 2010: hoy la planta produce un 30% más y, con la ampliación, produciría un 50% más. UPM lo calcula sobre lo que la planta puede producir hoy: un aumento de 15%, unas 200.000 toneladas más por año.

Gieco no llegó al encuentro por la Asamblea. Fue invitado por el Vaticano por su cargo en la Red Encuentro de Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo, que nuclea a organizaciones sociales de todo el país y de la que es secretario general, y aprovechó la ocasión para llevar el documento. Es cofundador de la Fundación Multipolar, con la que trabajó varios años junto al Vaticano en un proyecto de reutilización social de bienes incautados al crimen organizado, que respaldó el papa Francisco.

«Llevamos dos copias exactamente iguales, firmadas por integrantes de la Asamblea y por ciudadanos que acompañan sus luchas», dijo al portal R2820, de Gualeguaychú. Los vecinos pudieron sumar su firma el sábado 7 en un local de la ciudad.

En esa entrevista, Gieco dijo que buscaría darle la carta en mano al papa y que, si el operativo de seguridad no lo permitía, la haría llegar por medio de arzobispos. Todavía no conocía en persona a León XIV. Al escucharlo ese día, contó, «parecía que estaba leyendo nuestra carta».

Veintitrés años de reclamo y un pedido al papa

La carta repasa la historia de la Asamblea, que nació en 2003 frente a los proyectos de plantas de celulosa sobre el río Uruguay. Recuerda que en abril de 2005 unas 40.000 personas se reunieron sobre el puente internacional General San Martín.

En 2007, el «Abrazo al río Uruguay» juntó entre 100.000 y 130.000, de acuerdo con la prensa de entonces que cita la carta, cuando la ciudad no llegaba a 80.000 habitantes. En 2006 la Argentina demandó a Uruguay por violar el Estatuto del Río Uruguay, el tratado de 1975 que regula el uso del río compartido, y la planta empezó a funcionar en noviembre de 2007.

Para la Asamblea, el fallo de 2010 fue ambiguo: «por un lado, nos dio la razón, pero por otro legitimó el injusto hecho consumado y solo propuso controles y monitoreo de contaminación». Hoy, escribe, ese fallo «se viene violando sistemáticamente». Como pruebas da el aumento de la producción y que desconoce qué concluyó el Comité Científico de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, el organismo binacional que vigila el río.

El pedido llega al final, «si fuera posible». La carta le pide al papa su intervención para que se cumpla «plenamente» el fallo y el monitoreo acordado. Y para que Uruguay no autorice más producción «por encima de las toneladas ya autorizadas y evaluadas en su momento». También, para que no se instalen «megaindustrias extractivistas contaminantes» sobre el río Uruguay y para que la Argentina revierta «los retrocesos» en sus normas de protección ambiental.

La Asamblea se atribuye además que se fuera la empresa ENCE, que tenía su propio proyecto de planta. También, que UPM invirtiera en tecnologías contra la contaminación, que todavía considera «insuficientes para proteger la vida del río». Y aclara: «Tampoco nos oponemos al desarrollo en sí; buscamos un desarrollo sustentable, sostenible y redistributivo».

La Corte dejó un control binacional, sin tope de toneladas

El 20 de abril de 2010, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, determinó por trece votos contra uno que Uruguay había incumplido las obligaciones de procedimiento del Estatuto de 1975. La falta consistió en no informar ni consultar a la Argentina antes de autorizar la planta, como manda el tratado. Por once votos contra tres, la Corte determinó que Uruguay no había incumplido las obligaciones de fondo, las ambientales.

La Corte rechazó el desmantelamiento de la planta, que no consideró una reparación apropiada, y dijo que constatar la falta ya era una satisfacción adecuada para la Argentina. A la vez, dejó obligaciones que siguen corriendo. Uruguay debe «continuar el control y el seguimiento del funcionamiento de la planta». Y las dos partes «están jurídicamente obligadas a continuar su cooperación por intermedio de la CARU» y a permitir que esa comisión vigile el agua y evalúe el impacto de la planta.

La parte resolutiva del fallo y los párrafos sobre esas obligaciones, en el resumen oficial de Naciones Unidas, no fijan un tope de producción ni mencionan una cantidad de toneladas. La carta une el aumento de la producción con el cumplimiento del fallo; las obligaciones que fija la Corte son de control y cooperación entre los dos países, no de cantidades.

La forma de ese monitoreo conjunto se acordó después del fallo. Por notas diplomáticas del 30 de agosto de 2010, los dos gobiernos convinieron el monitoreo de la planta y de la desembocadura del río Gualeguaychú. Según una declaración conjunta de los presidentes de los dos países de 2011, ese monitoreo arrancó con trabajos en el marco de la CARU. Su Comité Científico presentó el plan para vigilar la calidad del agua del río.

El Ministerio de Ambiente de Uruguay informó en 2025 que el muestreo de los efluentes de la planta se hace todos los meses junto con ese Comité. UPM, en su declaración ambiental de 2024, dice que el Comité hizo 12 inspecciones ese año y 158 hasta diciembre de 2024, y que los resultados están en el sitio de la CARU.

Hay informes mensuales de ese monitoreo publicados por la CARU; en el de junio de 2018 intervino un laboratorio de la Facultad de Bromatología de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Cada uno evalúa si el efluente de ese muestreo cumple la normativa vigente. La Asamblea reclama conocer las conclusiones del Comité después de todos estos años.

Uruguay evalúa el pedido de UPM

La planta ya creció antes. En 2013, de acuerdo con un comunicado de UPM, el Estado uruguayo le permitió pasar de 1,1 a 1,2 millones de toneladas por año. Hoy el Ministerio de Ambiente le atribuye una capacidad de 1,3 millones.

El nuevo pedido busca subir 15% la producción anual máxima sin cambiar los límites de emisiones vigentes, según las presentaciones de la empresa de mayo. Su consultora lo presentó como una ampliación de la Autorización Ambiental Previa, el permiso ambiental de la planta. La inversión todavía está en estudio de factibilidad dentro de UPM, que pone como condición contar con la aprobación ambiental del proyecto.

En enero, el ministro de Ambiente de Uruguay, Edgardo Ortuño, cuya cartera evalúa el pedido, dijo que el análisis avanzaba sobre una ampliación sin más vertidos al río Uruguay. Y agregó: «En general, el proyecto que se plantea está en condiciones de llevarse adelante».

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia de Uruguay, encabezó la delegación del gobierno en una reunión con la empresa en la planta. Allí dijo que la ampliación no requerirá una nueva autorización ambiental porque UPM no solicita modificar sus permisos, según publicó Ámbito el 25 de octubre. El mismo diario precisó que el aumento todavía debe atravesar la evaluación del Ministerio de Ambiente. La carta lo describe de otro modo: dice que la empresa busca llegar a 1,5 millones «sin someterse a una nueva revisión ambiental integral».

La Comisión de Seguimiento de la planta, que preside el Ministerio de Ambiente, reúne a organismos públicos, a la sociedad civil y a la empresa. En su sesión del 7 de mayo, el consultor ambiental de UPM Carlos de María dijo que se prevé más efluente vertido al río, aunque dentro de los límites permitidos, según la minuta oficial. En enero, el ministro había hablado de ampliar sin aumentar los vertidos.

En el Parlamento uruguayo, la representante nacional Nicolle Salle pidió en enero al Ministerio de Ambiente que informe la base técnica y legal de un aumento de producción sin modificar los límites de los permisos.

El Ministerio de Ambiente de Uruguay tiene que resolver si la planta puede producir hasta 1,5 millones de toneladas por año, y todavía no publicó una decisión. La Asamblea apuesta a que el papa acompañe el reclamo: Gieco dijo que ojalá pueda hacerlo «con su palabra, con su hacer y con su capacidad de incidencia tan importante». Hasta la tarde de este lunes 9 no se había informado que la carta hubiera llegado a sus manos.