La Justicia sostiene la clausura de la planta que trata los desechos del Parque Industrial de Gualeguaychú, y cada parte se apoya en análisis distintos

La clausura preventiva de la planta que trata los efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú, los desechos líquidos de sus fábricas, sigue en pie y sin plazo. El martes 6 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un pedido de aclaración de la defensa, once días después de haber confirmado la medida.

La planta recibe los líquidos industriales y cloacales de las más de 30 empresas del parque, los trata y los vuelca al río Gualeguaychú. La administra la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), una entidad civil sin fines de lucro creada en 1974, que integran el municipio y entidades empresariales, profesionales, gremiales y educativas de la ciudad. El manejo diario del parque está a cargo de una comisión con tres representantes de la industria y tres de la corporación.

Mientras dure la clausura, cada industria puede «disponer de sus propios residuos a través de empresas dedicadas a dichos efectos», según la resolución de primera instancia. Esa resolución la dictó el 24 de agosto el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, a pedido del fiscal federal Pedro Rebollo.

El 25 de septiembre, los camaristas Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez, de la Cámara Federal de Paraná, la confirmaron. Rechazaron así las apelaciones de tres integrantes de la comisión administradora y de George Thomas Fogg, entonces presidente de la CODEGU. En su voto, al que adhirió Gómez, Busaniche escribió que las pruebas científicas y técnicas «dan cuenta, por el momento, de la existencia de un daño ambiental concreto y persistente» en la zona del parque.

La muestra que la Cámara destacó se tomó el 9 de junio en la cañada El Melgar, que corre entre la planta y el barrio Don Pedro antes de desembocar en el río. La extrajeron la Policía Federal y la Subsecretaría de Ambiente municipal, y el análisis encontró Escherichia coli y metales como aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc. Elizabeth Agüero, perita forense de la Policía Federal que interpretó los resultados en el expediente, calificó la contaminación fecal como una «alerta roja crítica», según la lectura del fallo que hizo el medio Era Verde.

Los camaristas recordaron que una medida cautelar no requiere la «certeza objetiva definitiva propia de una sentencia de mérito», de acuerdo con la resolución a la que accedió el medio R2820. Se trata de una decisión provisoria para evitar un daño mientras avanza la causa, y alcanza con que el reclamo sea verosímil y con que demorarla implique un peligro. Para el tribunal, el vuelco hallado en una cañada a escasos metros de la planta permite vincular esa contaminación con su funcionamiento.

El tribunal sumó otro elemento: el certificado de aptitud ambiental de la planta, el permiso que otorga la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, está vencido desde 2021. Para la Cámara, esa infracción administrativa «trasluce un desapego a los estándares mínimos de control estatal». En la misma línea había dictaminado el fiscal general José Ignacio Candioti, que representa al Ministerio Público ante ese tribunal. El 16 de septiembre, Candioti dio por probado el daño ambiental «de forma fehaciente y mediante pruebas científicas» en al menos tres oportunidades.

La segunda decisión llegó el 6 de octubre. El abogado Ramiro Nario, defensor de Fogg, había pedido una aclaratoria, el recurso para que un tribunal precise lo que escribió. Quería precisiones sobre el trámite del certificado ambiental y sobre el alcance de la expresión «planta fuera de funcionamiento». Busaniche y Gómez la rechazaron porque el código procesal sólo permite corregir por esa vía errores u omisiones materiales, informó R2820.

La causa empezó con una denuncia de los vecinos en 2025

La investigación comenzó en julio de 2025 con una denuncia de vecinos del barrio Don Pedro, lindero a la planta, que señalaba que el parque volcaba al río efluentes sin el tratamiento correspondiente. Una muestra del 27 de agosto de 2025 dio valores por fuera de la norma provincial y de la Ley 24.051 de residuos peligrosos, con plomo y Escherichia coli, una bacteria de origen fecal. En noviembre, un nuevo allanamiento volvió a encontrar valores elevados.

Viri convocó a dos audiencias públicas entre los vecinos y los responsables del parque, el 13 de febrero y el 23 de abril de 2026, para acordar un plan de obras. En la segunda, Rebollo pidió la clausura y la CODEGU solicitó una prórroga de 90 días para terminar los trabajos, de acuerdo con la crónica de R2820.

El juez advirtió entonces el peso de esa decisión: «Tengo presentes los 2.400 puestos de trabajo directos que hay en el Parque Industrial y los 10.000 indirectos». Y agregó que «cuando se afecta al medio ambiente a veces tarda mucho tiempo en recuperarse y otras veces es imposible».

En mayo, en otro allanamiento, la Policía Federal informó haber hallado dos desvíos de cañerías «presuntamente utilizados para maniobras clandestinas» y clausuró tres llaves de paso. Fernando Valentín Vergara, supervisor de la planta, describió un caño con llave de paso no habilitado como un sistema previsto para contingencias, según el dictamen fiscal que reseñó el diario El Día.

El 14 de agosto, Rebollo pidió la clausura y la indagatoria de trece integrantes y exintegrantes de la comisión administradora del parque y del consejo superior de la CODEGU. Diez días después, Viri dispuso la clausura «con el objeto de hacer cesar los daños y riesgos al ambiente y la salud humana». En Radio Nacional Gualeguaychú dijo que los plazos comprometidos para las obras habían sido «ampliamente superados».

La causa investiga una posible infracción a la Ley 24.051, según R2820. La indagatoria es la declaración en la que una persona investigada conoce la imputación y puede defenderse. Después de escuchar a cada uno, el juez decidirá si lo sobresee, dicta la falta de mérito o lo procesa.

Las partes no discuten los mismos análisis

Frente a la muestra de junio, la CODEGU muestra otros resultados. El 19 de mayo, por orden del juzgado, la Policía Federal tomó muestras en el punto donde la planta vuelca su efluente final y en el río. El laboratorio oficial no encontró valores fuera del decreto 5837/91 de la Ley provincial 6260, que fija los límites para los cursos de agua, y el dictamen fiscal registra ese resultado, según El Día.

La corporación y los industriales también encargaron un estudio al licenciado en Salud Ambiental Sebastián Chiappella, que fue entregado a la Justicia federal. Concluye que la planta «mantuvo su capacidad funcional de tratamiento» entre el 20 de febrero y el 27 de agosto de 2026.

La Cámara de la Industria de Gualeguaychú, una de las entidades que integran la CODEGU, objeta la muestra de junio. Sostiene que la clausura se apoya en una muestra «cuyo punto exacto de extracción la propia autoridad declaró desconocer». Las defensas plantearon lo mismo en la apelación, y la Cámara Federal respondió que revisar una medida cautelar no exige un «juicio de certeza» sobre cada elemento de la causa, según R2820.

Gustavo Isaack, exdecano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, fue elegido presidente de la CODEGU tres días después del fallo de la Cámara, en reemplazo de Fogg. En Radio Máxima dijo que «hoy no se justificaría una clausura» y que «tal vez fue un error de donde se tomó la muestra». También habló de evitar que «se repita este lamentable episodio que no se puede negar y está en la Justicia».

Lo ocurrido el 16 de julio, cuando se rompió un caño del sistema que conduce los efluentes de la planta, se lee de dos maneras. La defensa invocó una muestra de ese día dentro de la norma, y la Cámara le restó peso porque la planta estaba fuera de funcionamiento por la rotura, según Era Verde. La Cámara de la Industria sostiene, en cambio, que una medición municipal de ese día encontró contaminación fecal mientras la planta no volcaba: «Esto demuestra la existencia de otras fuentes contaminantes que deben ser investigadas».

En julio, la CODEGU había informado que la rotura afectó al caño que lleva los efluentes ya tratados hasta su descarga y que la planta siguió operando mientras se reparaba.

Los industriales dicen que no pueden tratar sus efluentes sin la planta

Para la Cámara de la Industria, la alternativa que dejó el juez no es viable para la mayoría de las empresas del parque. Sus instalaciones internas fueron diseñadas para hacer un tratamiento previo, y es la planta común la que lo completa. Retirar los líquidos en camiones atmosféricos supone volúmenes, costos, transportistas y sitios de descarga habilitados que «ninguna empresa puede asegurar de manera inmediata y sostenida». «En la práctica, la clausura sin plazo cierto pone en riesgo la continuidad productiva de las industrias radicadas y de sus trabajadores», dijo la entidad en un comunicado.

Los vecinos de Don Pedro respaldaron la clausura en un comunicado del 31 de agosto. Allí sostuvieron que la planta nueva colapsó a fines de 2024 por falta de mantenimiento, gestión y control. Para ellos, el problema también está en lo que envía cada fábrica: «Cada empresa debe mejorar sus tratamientos internos. Si no, no va a haber Planta General que aguante».

Lo que pide el juez para levantar la clausura

La resolución no fija un plazo y ata la medida a una condición: que se acredite que los vertidos se tratan con valores ajustados a la norma. Candioti planteó en su dictamen que, por ser preventiva, la situación debe revisarse periódicamente, y que el parque y sus empresas deben completar las obras para que pueda evaluarse un eventual levantamiento, según El Día. En un comunicado interno que publicó R2820, la CODEGU había sostenido en agosto que es «de imposible cumplimiento» probar que la planta da buenos resultados «estando clausurada y sin funcionar».

Según la Cámara de la Industria, la corporación y la comisión administradora ya presentaron ante el juzgado nuevos elementos técnicos y un sistema de monitoreo en línea de los efluentes. También propusieron controles menos gravosos que la clausura. En paralelo, las indagatorias continúan en el juzgado de Viri el 14 y el 28 de octubre, según el cronograma que publicó R2820.