Frigerio propone que los empleadores apelen juicios laborales sin depositar la condena

La reforma del Código Procesal Laboral que envió el gobernador Rogelio Frigerio llega este miércoles a la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados con un documento en contra. Más de 50 abogados del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de la Abogacía sostienen que el proyecto, «en la forma propuesta, no supera el test de constitucionalidad».

El proyecto cambia tres piezas del juicio laboral. Elimina el depósito que hoy debe hacer el empleador condenado para apelar y pone un máximo a lo que cobran los peritos. También crea un cuerpo de tres médicos del Poder Judicial para las pericias de los juicios por accidentes y enfermedades laborales. Esos peritos deberán aplicar el baremo, la tabla nacional que fija el porcentaje de incapacidad de cada lesión.

La ficha oficial del expediente 29702 registra el tratamiento en esa comisión para el miércoles 14 de octubre desde las 11; el proyecto también fue girado a la comisión de Trabajo. Según informó la Cámara a la prensa, fueron invitados el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, que defiende la reforma en nombre del Poder Ejecutivo, y los presidentes de dos entidades profesionales.

Uno es Santiago Esquivel, que preside el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos y es el destinatario del documento de los abogados. El otro es Julio César Fochesatto, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER). Fochesatto firmó la nota con que esa entidad objetó ante Diputados el techo a los honorarios de los peritos.

El documento de los abogados está fechado el 30 de septiembre y se conoció el 13 de octubre, cuando lo publicó el portal entrerriano 2 Florines. Está dirigido al Consejo Directivo del Colegio y no expresa la posición de la institución: le pide que «adopte una intervención institucional activa respecto del proyecto».

El depósito para apelar enfrenta al Instituto con los empresarios

Hoy, el artículo 125 del código obliga al empleador que apela una condena a depositar el capital más un 30% por intereses y costas, o a ofrecer bienes para embargo; el Estado provincial está exceptuado. Para el trabajador que ganó en primera instancia, ese depósito asegura el cobro mientras la Cámara revisa la sentencia. El artículo 3 del proyecto deroga ese inciso.

En el Mensaje con que lo envió a la Legislatura, el Poder Ejecutivo sostiene que la regla vigente crea, en los hechos, «un trato diferenciado entre los empleadores según su capacidad económica». Según ese texto, quien tiene liquidez o bienes puede apelar, y quien no los tiene se queda sin revisión.

Para proteger al trabajador, agrega, bastan el embargo preventivo y las demás medidas cautelares, que el juez dicta cuando ve un riesgo concreto de que la sentencia no se cumpla. El texto afirma que la reforma «no desconoce el carácter alimentario de los créditos laborales ni reduce su tutela». Troncoso lo resumió así, según el portal Página Política: «la accesibilidad a la Justicia no puede depender de cuánto tenés en las espaldas».

Las entidades empresarias coinciden con el Gobierno. Ramiro Reiss, presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), habló con 2 Florines de la pyme que espera ganar en la Cámara y no puede adelantar la condena. En esos casos, dijo, la empresa «no tiene la capacidad financiera para afrontar el pago».

Para el Instituto de Derecho del Trabajo, en cambio, ese es el punto más grave del proyecto. Su documento lo explica así: «Supone trasladar al trabajador un riesgo que el ordenamiento actual procura anticipadamente neutralizar». Según el Instituto, hoy la garantía funciona sola; sin ella, el trabajador que ganó tendrá que pedir una cautelar, buscar bienes del empleador y probar de nuevo que corre peligro de no cobrar. «Una protección legal automática y una tutela cautelar que debe ser instada como un procedimiento más no constituyen institutos jurídicamente equivalentes», escriben los abogados.

José Ruiz, que preside ese Instituto y firma el documento, llevó el argumento a la Constitución en declaraciones al medio Debate Abierto que reprodujo el portal Entre Ríos Ahora. Invocó el principio de progresividad, según el cual un derecho social ya reconocido no puede recortarse sin una justificación suficiente. «Quitar una garantía como el depósito es legislar en forma regresiva y violar el principio de progresividad de linaje constitucional», dijo.

Ningún otro código laboral del país pide el depósito con esa amplitud

Exacta leyó los códigos procesales laborales de las 23 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Entre todos ellos, el de Entre Ríos es el único que pide al empleador depositar toda la condena para apelar ante una cámara, cualquiera sea el monto. Santa Fe exige el depósito sólo en condenas de hasta 40 unidades JUS; por encima de ese monto se apela sin depositar. Córdoba y la justicia nacional del trabajo no piden depósito para recurrir.

En Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Río Negro, Formosa y La Rioja el juicio laboral ordinario es de instancia única: la sentencia no se apela ante una cámara y sólo se revisa por recursos extraordinarios. En ocho provincias el empleador sí deposita, pero para esos recursos extraordinarios ante el tribunal superior y no para apelar: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, La Pampa, Río Negro, Santiago del Estero y Tucumán.

El Instituto funda la tacha de inconstitucionalidad en el artículo 14 bis de la Constitución, que manda proteger el trabajo, y en siete fallos de la Corte Suprema. El Instituto los cita por principios generales, como la tutela preferente del trabajador, la efectividad de los derechos y la prohibición de retroceder en derechos sociales.

Exacta los consultó en la colección oficial de la Corte, y sólo uno, el caso Kuray, de 2014, trata un depósito para recurrir. Allí la Corte anuló una decisión del Superior Tribunal de Misiones que había rechazado el recurso de un trabajador por no depositar. Dijo que el acceso del trabajador a los recursos no puede quedar condicionado a depósitos.

Ninguno de los siete resolvió sobre un depósito exigido al empleador: los otros seis tratan temas como topes de indemnizaciones, salarios o la acción civil contra el empleador. En otra línea de fallos, referida al depósito fijo que se paga para llevar una queja a la propia Corte, el tribunal sostuvo que exigir depósitos previos para recurrir no contraría la defensa en juicio.

Honorarios y pericias médicas, el otro frente de la reforma

El nuevo artículo 39 que propone el proyecto desvincula los honorarios de peritos y auxiliares del monto del juicio y del porcentaje de incapacidad. Además les fija un máximo de ocho juristas, la unidad arancelaria que publica el Colegio de la Abogacía. Al valor vigente desde el 2 de octubre, de $96.342,92, ese techo equivale a unos $770.000.

En su nota a la Cámara, firmada por Fochesatto, el CPCEER objeta tres puntos. Rechaza que el juez ya no pueda considerar la cuantía del juicio, el tope uniforme y la supresión de la garantía subsidiaria de cobro. Hoy, si el condenado en costas no paga, el perito puede reclamar a la otra parte, que después le cobra al vencido. El proyecto elimina esa vía y, para los contadores, «aumenta el riesgo de falta de cobro del auxiliar». El Consejo pide «que el máximo se elimine» y propone otra redacción del artículo.

Los contadores también advierten que, antes de atribuir al honorario pericial «una influencia determinante sobre la litigiosidad», «corresponde medirla mediante datos verificables». El Mensaje del proyecto no trae cifras de litigiosidad, y el Instituto le objeta esa falta de estadísticas.

El proyecto crea además tres cargos de perito médico en el Poder Judicial, con asiento en Paraná, para las pericias de todos los juicios por riesgos del trabajo de la provincia. El Instituto aclara que la creación de un cuerpo médico oficial «no resulta, por sí misma, objetable», pero pide conocer el estudio que concluyó que tres profesionales alcanzan. Recuerda que las demoras en los dictámenes «se han cronificado en jurisdicciones como Federación y Concordia». Ruiz fue más gráfico: «Si nosotros concentramos todo en tres médicos, estamos apagando el fuego con nafta y esto va a hacer explotar el sistema».

Del lado empresario, Reiss sostuvo ante 2 Florines que los peritos judiciales fijaban incapacidades muy superiores a las de las juntas médicas: «lo multiplicaban por tres o cuatro», dijo. Celeste Valenti, presidenta de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), respaldó la reforma ante el mismo medio.

Las grandes caídas de juicios llegaron con las comisiones médicas

Troncoso apoyó el proyecto en la experiencia de otras provincias. «Otras provincias tomaron medidas similares y cayó estrepitosamente la litigiosidad», dijo, según publicó Página Política el 13 de octubre. No nombró cuáles; el 6 de octubre, en Radio Plaza, había hablado de seguir el camino de Córdoba y Santa Fe.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el organismo nacional que controla el sistema de aseguradoras de riesgos del trabajo, publica cuántos juicios se notifican cada año en cada provincia. En Córdoba y Santa Fe, las caídas grandes de la serie coinciden con la adhesión a la Ley 27.348. Esa ley obliga al trabajador accidentado a pasar primero por una comisión médica, un organismo administrativo que fija la incapacidad, antes de ir a juicio.

Córdoba adhirió con una ley publicada en septiembre de 2017 y pasó de 10.855 juicios ese año a 2.874 en 2018, un 73,5% menos. En Santa Fe la adhesión rige desde el 3 de mayo de 2021, y los juicios bajaron de 14.177 ese año a 8.090 en 2022, un 42,9% menos. Entre Ríos adhirió con la Ley 10.532, publicada en febrero de 2018, y sus juicios no bajaron: fueron 1.076 en 2017, 1.133 en 2018 y 1.220 en 2019. En 2025, Córdoba registró 7.856 juicios, Santa Fe 18.293 y Entre Ríos 2.096.

La reforma santafesina del proceso laboral, la Ley 14.437, se publicó el 27 de abril de 2026. En mayo y junio, los primeros meses con datos, se notificaron en esa provincia 3.814 juicios, contra 3.238 en los mismos meses de 2025: un 17,8% más. En Entre Ríos, en esos mismos meses, los juicios pasaron de 378 en 2025 a 517 en 2026. Dos meses son pocos para medir una ley que no se aplica a los juicios en trámite. Además, el cuerpo de peritos médicos santafesino interviene en forma exclusiva desde el 7 de septiembre y sólo en Rosario.

Este miércoles, la comisión escuchará a Troncoso, Esquivel y Fochesatto. Según Página Política, Troncoso dijo que el proyecto es perfectible y que escucharán a todas las voces. El Instituto, por su parte, le pidió al Colegio que promueva una instancia amplia de análisis y consulta antes del tratamiento definitivo. También reclamó que, antes de la sanción, se publique información sobre el efecto de quitar el depósito y sobre la capacidad real del cuerpo médico.