El proyecto de Frigerio permite a los empleadores apelar un juicio laboral sin depositar la condena

Si la Legislatura aprueba el proyecto del gobernador Rogelio Frigerio que tomó estado parlamentario el martes en Diputados, un empleador condenado en un juicio laboral en Entre Ríos podrá apelar sin depositar antes la condena. El texto también pone un techo a los honorarios de los peritos y crea tres cargos de médicos judiciales con sueldo fijo.

El cambio toca a las dos partes de un juicio. Para el trabajador que gana en primera instancia, el depósito es hoy la forma de asegurarse el cobro, dijo María Gabriela López Arango, camarista del fuero laboral. Es vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones y vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos. Aclaró que habló a título personal porque la asociación todavía no debatió el proyecto. Para el Gobierno, en cambio, ese requisito crea «un trato diferenciado entre los empleadores según su capacidad económica», como dice el Mensaje que acompaña el texto.

Frigerio anunció la reforma el 17 de septiembre en la Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la entidad que agrupa a los industriales de la provincia. Ante los empresarios dijo que las leyes laborales necesitan «razonabilidad para que esa protección no termine destruyendo la fuente de trabajo». El Poder Ejecutivo envió el proyecto el 28 de septiembre (expediente 29702) y el 6 de octubre la Cámara de Diputados lo giró a sus comisiones de Asuntos Constitucionales y de Trabajo.

Ese mismo martes, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, salió a defenderlo en Radio Plaza. También lo respaldó la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la cámara de las ART, que son las empresas que aseguran a los empleadores por accidentes y enfermedades laborales. En un comunicado del 2 de octubre que publicó la agencia APF, la UART lo llamó un «primer paso concreto y necesario».

El fin del depósito divide incluso a los críticos

Hoy el artículo 125 del Código Procesal Laboral (Ley 5.315) obliga al empleador que apela a depositar el capital de la condena más un 30% por intereses y costas. Como alternativa, puede ofrecer bienes para que se embarguen por esa suma. El artículo 3 del proyecto deroga ese inciso. El Estado provincial y sus empresas ya están exceptuados del depósito, y el artículo 7 los exime además de la Tasa por Actuaciones Judiciales.

El Gobierno sostiene que con esa exigencia sólo apela quien tiene liquidez o bienes para ofrecer. Según el Mensaje, el cobro del trabajador puede protegerse igual con un embargo preventivo u otras medidas cautelares, que el juez decide caso por caso. Troncoso lo explicó con un ejemplo: «Hay una discriminación subjetiva entre un empresario que tiene mucho capital en su espalda y una pyme que por ahí le cueste un poco más».

López Arango anticipó que ese punto «va a ser resistido muy probablemente por los letrados y por la gente que está en el fuero del trabajo». Si la apelación alarga el trámite, explicó, eso «puede dilatar mucho en el tiempo el cobro del crédito, que no debemos olvidar que es un crédito alimentario para el trabajador que está reclamando». Un crédito es alimentario cuando cubre el sustento de quien lo reclama.

Alfredo Britos, abogado laboralista de Paraná y crítico de la reforma, coincide sin embargo con el Gobierno en este punto. «A este cambio lo veo bastante saludable, porque esa condición de algún modo cercena el derecho a la apelación», dijo en una entrevista con Página Gremial. Contó que hay cooperativas de trabajo condenadas que no llegan a la segunda instancia porque les falta el dinero para cubrir el capital.

Tres médicos con sueldo y un techo para los honorarios

Hoy el parámetro para pagar a un perito es, según explicó Britos, «la cuantía económica del juicio», como fija la ley de aranceles profesionales. El nuevo artículo 39 corta ese vínculo y deja la regulación en manos del juez, que tendrá en cuenta la complejidad, la calidad y la utilidad del trabajo. Los honorarios ya no podrán atarse al monto reclamado, a la condena ni al porcentaje de incapacidad, y no podrán pasar de ocho juristas.

El jurista es la unidad con que se regulan los honorarios en la provincia. Se calcula sobre el sueldo de un juez de primera instancia y lo publica el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Desde el 2 de octubre vale $96.342,92, así que ocho juristas equivalen hoy a unos $770.000.

Ese techo rige para todos los peritos y auxiliares: los designados de oficio o a pedido de parte, los sorteados de una lista y los empleados del propio Poder Judicial. En la radio, Troncoso lo presentó para el caso en que «deba intervenir un perito extrajudicial», pero el artículo no hace esa distinción. El proyecto agrega que esos honorarios los paga quien fue condenado en costas y que, salvo excepciones, no pueden reclamarse a la otra parte. Hoy, si el vencido no paga, el perito puede cobrarle a la otra parte, que después le reclama al vencido.

El otro cambio de fondo es el cuerpo médico. El proyecto crea tres cargos de perito médico en el Poder Judicial, con categoría de Oficial Superior de Primera, que se cubrirán por concurso del Superior Tribunal de Justicia. Tendrán sede en Paraná, actuarán en toda la provincia y sólo en los juicios por riesgos del trabajo, y cobrarán únicamente su sueldo, sin honorarios por pericia.

Deberán aplicar siempre la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales del sistema nacional, el baremo que fija qué porcentaje de incapacidad corresponde a cada lesión. Si el cuerpo no tiene un profesional de la especialidad que el caso requiere, el juez podrá designar excepcionalmente un perito por sorteo.

Para Troncoso, atar los honorarios de los peritos médicos a la incapacidad que se declara en el juicio produce «un sesgo que no garantiza imparcialidad de los peritos». Adrián Barsanti, abogado con una maestría en asesoramiento jurídico de empresas, valoró la especialización en una columna publicada por 2 Florines, pero marcó dos reparos. «El punto que merece discusión es el límite rígido de ocho juristas», escribió. También advirtió que con tres peritos para toda la provincia puede haber demoras, porque «si la pericia tarda excesivamente en producirse, el sistema seguirá teniendo un problema».

Britos ve otro riesgo, que el trabajador se quede sin prueba. «Hoy ya es complicado conseguir peritos, y si además se baja el valor de su trabajo, difícilmente quieran asumir esa tarea», dijo. También objetó que la regulación quede librada «a la discrecionalidad del juez». López Arango, en cambio, no le encuentra reparos al cuerpo médico: «creo que eso no es grave», dijo.

Los juicios crecen más que en el país, aunque la provincia no encabeza la tabla

En la radio, Troncoso dijo que el diagnóstico del Gobierno se apoya en cifras de la UART. Según la cámara, en 2025 se iniciaron 2.502 juicios por riesgos del trabajo en Entre Ríos, un 25% más que en 2024, contra una suba del 6% en el país. En los doce meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 el aumento llegó al 38%, el mayor entre las nueve jurisdicciones con más juicios, según el comunicado del 2 de octubre.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el organismo nacional que controla a las ART, lleva su propio registro con lo que las aseguradoras declaran bajo juramento. Allí la curva también sube, con 2.122 juicios notificados en Entre Ríos en 2025, un 11,3% más que en 2024, mientras en el país crecieron 4,3%. En el primer trimestre de 2026 la provincia sumó 389, un 21,9% más que un año antes, cuando en el país bajaron 1,9%.

Las subas de 2023, del 39%, y de 2024, del 12%, que Troncoso citó como datos de la UART según 2 Florines, son las mismas que registra la SRT. En 2025, en cambio, las dos cifras se separan.

En la radio, Troncoso afirmó: «Somos la segunda provincia con más litigiosidad del país». En la tabla de 2025 de la UART, la fuente que usa el Gobierno, Entre Ríos aparece décima entre 24 jurisdicciones por juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos, con 87 contra 132,8 del promedio del país. Por cantidad de juicios es novena, y donde encabeza es en el crecimiento de los últimos doce meses.

Estas son las diez primeras de la tabla de la UART, ordenadas por Exacta de mayor a menor.

Con el índice de la SRT, que mide juicios cada mil siniestros, la provincia tuvo 121 en 2025, debajo de los 174 del conjunto del sistema. Mientras tanto, los accidentes y enfermedades laborales notificados en la provincia bajaron 2,7% en el primer semestre de 2026, según datos provisorios de la SRT.

López Arango advirtió que las cifras de juicios no describen todo el fuero: «Yo creo que está referido a los accidentes de trabajo, no a la litigiosidad en general». Cuando le preguntaron quiénes son los más afectados por esa litigiosidad, respondió: «Son las ART».

El abogado laboralista Juan Domingo Gallo, que escribió una columna contra el proyecto en El Entre Ríos, ve otra causa en el aumento. «La litigiosidad aumenta porque las ART y las empresas no invierten en prevención de riesgos, incumplen normas de seguridad e higiene, y demoran o rechazan el pago de indemnizaciones correspondientes», escribió.

Una reforma corta para un código de 1973

Troncoso dijo que el Gobierno busca «continuar la inercia que viene con la Región Centro, las provincias de Córdoba y Santa Fe». Santa Fe aprobó en abril la Ley 14.437, que creó un cuerpo de seis peritos en su Poder Judicial y limitó a cinco jus los honorarios de los externos. Córdoba creó en junio, por un acuerdo de su Tribunal Superior, un servicio de peritos médicos oficiales para el fuero laboral.

El proyecto entrerriano no toca las comisiones médicas, los organismos nacionales por los que el trabajador accidentado debe pasar antes de ir a juicio. Ese paso es obligatorio desde que la provincia adhirió en 2017, con la Ley 10.532, al régimen de la Ley 27.348, y hay comisiones en Paraná y Concordia.

López Arango lo llamó «una mini reforma». El código rige desde 1973 y, por una ley de 2010 prorrogada en 2018, sigue remitiendo al texto original de un Código Procesal Civil que ya no está vigente, algo que el proyecto no cambia. «Si estamos hablando de una reforma procesal laboral, sería una oportunidad bárbara para que se quede remitiendo a un código procesal vigente», dijo la camarista.

El proyecto espera ahora en las comisiones de Diputados. Troncoso dijo que el Gobierno quiere debatirlo antes del receso de verano y que está dispuesto a discutirlo: «No le tenemos miedo a la discusión, no le tenemos miedo al debate». López Arango contó que los jueces del fuero no fueron convocados formalmente. Gallo pidió «la suspensión del tratamiento exprés de esta iniciativa», y la UART reclamó que el camino se complete con una «implementación efectiva, rápida y consistente».