Diputados aprobó el presupuesto de Frigerio y el peronismo no votó la nueva deuda

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción este jueves 12, en sesión especial, al proyecto de Presupuesto 2027 que envió el gobernador Rogelio Frigerio, y ahora lo tratará el Senado. El bloque peronista Más para Entre Ríos lo votó en general, pero no acompañó los artículos que autorizan nueva deuda ni los que modifican otras leyes provinciales.

Esos artículos forman parte del proyecto aprobado; según AIM, la votación en particular contó con el voto del presidente de la Cámara, Gustavo Hein. Si el Senado los mantiene, el Poder Ejecutivo podrá tomar deuda en pesos y en dólares y comprar a través de organismos internacionales, fuera del régimen provincial de contrataciones, también con fondos propios. Además, podrá crear un fideicomiso para obras viales, y Vialidad quedará a cargo de las expropiaciones para rutas.

En la misma sesión, la Cámara aprobó sobre tablas, es decir, sin pasar por comisión, otro proyecto del Ejecutivo. Lo autoriza a aceptar que el banco que surja de la fusión del Nuevo Banco de Entre Ríos con el de Santa Fe sea el nuevo agente financiero de la Provincia. También lo habilita a autorizar el traslado de la casa central.

El presupuesto fija para 2027 un gasto total de 8,67 billones de pesos y estima recursos por 8,43 billones, según los artículos 1 y 2 del proyecto. Llegó al recinto con el dictamen que emitió el miércoles 4 de noviembre la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. La preside el diputado oficialista Bruno Sarubi, de La Paz, que fue el encargado de defender el proyecto en la sesión.

Hasta 268.342 millones de pesos y 300 millones de dólares

La postura del peronismo la fijó en el recinto Andrea Zoff, diputada del PJ por Paraná. El bloque, dijo, no votaría los artículos 5, 6 y 7, «que tienen que ver con el endeudamiento», ni los artículos 26 a 29, que modifican la Ley 5.140. Tampoco el 30, que crea un fideicomiso, ni el 31, que modifica el régimen de expropiaciones. El comunicado del bloque suma el artículo 8 a esa lista.

Carlos Damasco, diputado por Gualeguaychú y único integrante del bloque La Libertad Entre Ríos, dijo que tampoco votaría del 5 al 8 ni del 26 al 31.

El artículo 5 faculta al Ejecutivo a endeudarse por hasta 268.342 millones de pesos para pagar o refinanciar deuda o para financiar inversión pública, con la coparticipación federal como garantía. Los bancos, asesores financieros y calificadoras de riesgo que intervengan pueden contratarse en forma directa, y los contratos pueden someterse a leyes y tribunales extranjeros.

El artículo 6 autoriza otra deuda, por hasta 300 millones de dólares, para inversión pública y programas de modernización, que el Ejecutivo puede tomar en 2027 «y siguientes». Las dos autorizaciones no se suman, porque están en monedas distintas y la segunda no se agota en el año. El artículo 7 permite emitir Letras del Tesoro a no más de un año para cubrir faltantes estacionales de caja, dentro del tope que ya fija la Ley 5.140. El 8 deja usar fondos disponibles de organismos provinciales en lugar de esa deuda.

Lo que el presupuesto prevé recibir en préstamos durante 2027 es otra cifra: 533.678 millones de pesos, según el artículo 4. El mensaje del Ejecutivo los atribuye sobre todo a créditos de organismos internacionales para las obras que administra la Unidad Ejecutora Provincial. Equivalen al 6,3% de los recursos corrientes estimados. Es el porcentaje que dio para 2027 la presidenta del bloque peronista, Laura Stratta, diputada por Victoria, según el comunicado de su bancada.

Para Zoff, cada autorización de los últimos años llegó con menos precisiones sobre el destino de los fondos. «Cuatro veces en dos años, cada vez se toma más deuda y cada vez con menos claridad sobre cuál es el destino de cada endeudamiento», dijo, según APF. Damasco lo resumió así, según la crónica de Análisis: «Como todos los años, voto en contra del endeudamiento».

Desde el oficialismo, María Elena Romero, diputada de Juntos por Entre Ríos por Feliciano, respondió con la proyección del Gobierno. La deuda, que equivalía al 67% de los ingresos corrientes al inicio de la gestión, bajaría al 23% en 2027.

Compras, un fideicomiso vial y expropiaciones

Los artículos 26 a 29 modifican la Ley 5.140 de Administración Financiera, de los Bienes y las Contrataciones, que fija cómo compra y rinde cuentas el Estado provincial. Hoy las compras que se hacen a través de un organismo internacional quedan fuera del régimen general de contrataciones sólo cuando ese organismo las financia.

El artículo 27 extiende esa excepción a las que paga la Provincia con fondos del Tesoro y el organismo gestiona o ejecuta. El 26 permite adelantarle el dinero antes de recibir los bienes o servicios, y el 29 ajusta la rendición de cuentas a los informes del organismo.

El Ejecutivo lo justifica en el mensaje que acompañó al proyecto: la Provincia podría aprovechar las economías de escala de esos organismos, «por ejemplo, para procurar la adquisición de medicamentos a menor costo». Stratta sostuvo que el cambio «debilita los controles, los pisos de transparencia y las exigencias de licitaciones públicas transparentes», según el comunicado del bloque.

Enrique Cresto, diputado del PJ por Concordia, ciudad de la que fue intendente, cuestionó el mismo cambio, según APF. Dijo que el Gobierno quiere «saltear los organismos de control para darles fondos a los organismos internacionales para que contraten a través de sus unidades ejecutoras». El artículo 29 dice que la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas mantienen «la potestad de fiscalización concomitante y posterior» sobre los fondos provinciales.

El artículo 30 crea un fondo fiduciario para los pagos diferidos de los contratos de recuperación y mantenimiento de rutas del Programa de Infraestructura Vial Sostenible. Ese programa lo financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el patrimonio del fondo sale del mismo préstamo. El Ejecutivo elige al fiduciario, la entidad que lo administra, y a la autoridad de aplicación; el artículo no fija monto ni duración.

Según el mensaje, el fondo funcionará sin generar «costos adicionales para el Tesoro provincial». Zoff preguntó en el recinto: «¿quién va a administrar este fondo, por qué monto, por cuánto tiempo?».

El artículo 31 cambia la Ley 6.467 de Expropiaciones para las obras viales. El acuerdo de precio con el propietario, llamado avenimiento, quedará en manos de la Dirección Provincial de Vialidad, que lo ofrece, lo firma y lo paga en 15 días corridos. Para inscribir el inmueble a nombre del Estado no hará falta escritura pública. El Gobierno lo explica por las demoras en liberar las trazas de las rutas. Para Zoff, «el argumento es agilizar y modernizar, pero no puede ser sinónimo de discrecionalidad».

El argumento de fondo del peronismo es que esos cambios deberían discutirse por separado. Stratta dijo a AIM que esas reformas «tienen que ser debates aparte». Según el comunicado del bloque, en comisión se propuso una reforma integral de la Ley 5.140 con plazos para fin de año, y el ofrecimiento fue ignorado.

Lo autorizado y lo gastado

Sarubi defendió el proyecto ante AIM: «no es un Presupuesto de promesas; no pusimos en él nada que no se pueda ejecutar». En el recinto, de acuerdo con la crónica de Análisis, dijo que «905 mil millones se destinan a construir y equipar rutas, escuelas, obras hídricas, viviendas». Esa cifra es el total de gastos de capital del artículo 1, que incluye también inversiones financieras, como explicó Exacta el 30 de octubre.

Stratta respondió con lo que se gastó en los años anteriores. La Cuenta General de la Contaduría General de la Provincia, el cierre oficial de cada ejercicio, registra que en 2024 se ejecutó el 27,6% de lo autorizado para gastos de capital. En 2025 se ejecutó el 37%, y las dos cifras coinciden con las que dio la diputada, según el comunicado de su bloque.

Para este año, Stratta habló de un 28% ejecutado a agosto de 2026. Zoff, con datos del Ministerio de Planeamiento, dio un 36,8% de la obra pública a dos meses y medio del cierre del ejercicio: es otro corte de un año que todavía no cerró.

Romero destacó el artículo 19 del proyecto. Impide a los tres poderes del Estado crear gastos por encima del total fijado sin identificar antes qué gasto se da de baja o con qué recurso se paga.

La casa central del banco, a Santa Fe

La autorización sobre el banco responde a una reorganización societaria, según describieron El Heraldo y Paralelo 32 el proyecto del Ejecutivo. El Nuevo Banco de Santa Fe absorbería al Banco de San Juan y al Nuevo Banco de Entre Ríos, la sede quedaría en Santa Fe y la entidad tendría un nombre nuevo. La operación cuenta con una opinión favorable preliminar del Banco Central.

El Banco de Entre Ríos es el agente financiero y caja obligada de la Provincia: administra los depósitos del Tesoro e interviene en el pago de los sueldos estatales y de las jubilaciones. Su contrato, firmado el 15 de septiembre de 2020, pone condiciones a cualquier cambio societario y al traslado de la sede, según el mensaje del Ejecutivo que citó El Heraldo. Por eso hace falta el consentimiento de la Provincia.

Lo aprobado faculta al Ejecutivo a darlo, y la entidad resultante asumirá ese contrato cuando el Banco Central autorice la operación. Según los fundamentos del proyecto que citó Paralelo 32, la Secretaría Legal y Técnica consideró que el Ejecutivo podía resolverlo por vía administrativa, pero el tema se envió a la Legislatura por su relevancia institucional.

Sarubi dijo a AIM que se trata de una reorganización dentro de la misma empresa y que el contrato no cambia. «Hay un contrato de Agente Financiero que sigue exactamente igual, tal cual está, y se tiene que cumplir», dijo. Ante un incumplimiento, agregó, la Provincia puede sancionar al banco, y «la sanción más grave es la rescisión del contrato».

Damasco dijo que no se sabe con qué nombre se atenderá al público en la provincia. «Tenemos derecho a saber quién va a manejar los fondos de Entre Ríos, desde dónde y en qué condiciones», sostuvo, según Análisis.

Ricardo Palma, secretario general de La Bancaria Paraná, el gremio de los empleados bancarios, habló antes de la sesión en Radio Plaza. Recordó que «hay un convenio que se firmó en junio de 2020, en la pandemia, donde se dice que no se puede trasladar la casa central ni cerrar sucursales ni despedir personal sin causa». El proyecto que aprobó Diputados este jueves 12 habilita al Ejecutivo a permitir ese traslado.

Palma se reunió el miércoles 11 con el ministro de Economía, Fabián Boleas. Según contó a AIM, el funcionario le dijo que «no se modifica absolutamente nada del contrato que se realizó en 2020 como agente financiero de la provincia». Aun así, sostuvo: «Estamos preocupados y en alerta porque sabemos que una fusión siempre trae aparejada una reducción de personal». Este jueves 12, la seccional Paraná del gremio exigió la firma de un acta acuerdo por escrito que proteja los puestos de trabajo, según Demo Comunicación.

El presupuesto queda ahora en manos del Senado. La fusión todavía necesita la aprobación definitiva de los órganos societarios de los bancos y la autorización formal del Banco Central, según Paralelo 32. Mientras tanto, La Bancaria confirmó que hará asambleas informativas con el personal.