La Justicia entrerriana deberá revisar el caso de una alumna con discapacidad sin escuela

La Corte Suprema dejó sin efecto el jueves 12 el rechazo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) al amparo por la educación de una alumna con discapacidad de Rosario del Tala. Le ordenó al tribunal entrerriano dictar una nueva sentencia.

La madre reclama al Consejo General de Educación (CGE), el organismo que conduce las escuelas entrerrianas, un proyecto pedagógico individual para su hija. Es un plan de enseñanza adaptado a la alumna, con los apoyos que necesita, que en este caso debe garantizar su trayectoria educativa completa. El STJ no llegó a discutir ese pedido: lo rechazó porque había un trámite administrativo pendiente sobre lo mismo. La joven había dejado de ir a la secundaria en mayo de 2025.

Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, jueces de la Corte que firmaron el voto conjunto de la mayoría, escribieron que el STJ «no brindó razones» de que hubiera otra vía útil además del amparo. El tribunal entrerriano, agregaron, se limitó a nombrar el trámite sin analizar si servía para proteger a la joven, cuando las autoridades provinciales ya habían dejado asentado que se habían hecho «todas las intervenciones».

Esa constancia mostraría, según el voto, que el trámite estaba concluido o que, al menos, no era un canal idóneo para resolver el conflicto. Frente a eso, los jueces entrerrianos tenían el deber de actuar con premura y no detenerse en formalismos. Por eso la mayoría concluyó que el STJ incurrió en un «exceso ritual manifiesto»: puso la forma del trámite por delante del derecho en juego.

También vulneró, según el voto, la tutela judicial efectiva, el derecho a obtener de los jueces una respuesta útil. La Corte recordó que ya le había marcado ese mismo límite al STJ en un precedente: el amparo de otra persona con discapacidad, rechazado por la misma causal.

La Corte no resolvió el reclamo de fondo ni ordenó armar el proyecto pedagógico. Devolvió el expediente para que el STJ dicte otro fallo «con arreglo a la presente sentencia», sin fijar un plazo. Ricardo Lorenzetti, el tercer juez que firmó, agregó en su voto propio que ese nuevo fallo se dicte «con la premura que la cuestión planteada amerita». El proyecto en 20 días corridos lo había ordenado el juez de primera instancia, conforme a los lineamientos de inclusión que fijó el CGE en su resolución 3750/21, y el STJ revocó esa orden.

Cuatro materias o una escuela especial

La historia escolar de la joven está en el expediente que reconstruye la Corte. Hizo la primaria en la Escuela N° 3 «Domingo Faustino Sarmiento» y en 2024 cursó primer año en la Escuela de Artes Visuales N° 1. A comienzos de 2025 pasó a la Escuela Secundaria y Superior N° 4 «Dr. Julio Ossola». El 16 de abril de 2025, la rectora de esa escuela abrió un expediente administrativo con una nota en la que le enviaba a la supervisora zonal el informe pedagógico de la alumna.

El 6 de mayo, las autoridades educativas le propusieron a la madre un «cambio de trayectoria» hacia la modalidad de escuela integral. Como alternativa, ofrecieron que la joven cursara sólo cuatro materias, Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología, con un proyecto individual y una maestra acompañante.

Según el juez de primera instancia, era alrededor de una hora por día, cuatro días a la semana. El 19 de mayo le presentaron una propuesta en la escuela especial «Mayor E. Pastor». La madre rechazó todos los ofrecimientos, según las actas, y ese mismo mes la joven dejó de ir a clases.

La versión del sistema educativo quedó escrita el 4 de junio. Ese día, la supervisora de Educación Especial de la Zona «G» mandó una nota a la Defensora Pública y la copió al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF). Sostuvo que a la madre se le habían presentado las distintas propuestas que el sistema tiene en Rosario del Tala, acordes a las necesidades de la joven. Esas propuestas, escribió, estaban pensadas para «favorecer un proyecto de vida autónomo».

Para la supervisora, la oposición de la madre vulneraba el derecho de su hija a la educación y a que se escuche su palabra.

El 4 de agosto, la madre reiteró el rechazo por carta documento. Alegó que se incumplía la normativa de educación inclusiva e intimó al CGE a presentar una propuesta acorde a las necesidades de su hija. Ese es el fondo del pleito: si lo que ofreció el sistema educativo alcanza o si la joven tiene derecho a un proyecto propio para cursar en la secundaria.

Del juzgado de Rosario del Tala al Superior Tribunal

Según el resumen que hace la Corte, el juzgado de Rosario del Tala con competencia en Familia y Penal de Niños y Adolescentes hizo lugar al amparo pese a que había un trámite administrativo en curso. Pesaron en esa decisión la importancia que tiene la educación para una chica con discapacidad, la demora que podía tener una respuesta y el hecho de que la adolescente no estaba yendo a la escuela.

Con un informe psicológico, el juez entendió que la oferta de cuatro materias no era una propuesta planificada según la singularidad de la joven ni cumplía la normativa provincial. Le ordenó al CGE elaborar el proyecto individual en 20 días corridos. Es la única sentencia del caso que se pronunció sobre el fondo.

La provincia recurrió, según La Nación y Página 12. El STJ revocó la sentencia y rechazó el amparo con los votos de los vocales Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Germán Carlomagno, hoy presidente del tribunal. Los tres aplicaron el inciso b del artículo 3 de la Ley 8369 de Procedimientos Constitucionales de Entre Ríos. Esa norma declara inadmisible el amparo si se «hubiera promovido otra acción o recurso sobre el mismo hecho o se halle pendiente de resolución». Para ellos, ese otro recurso era el expediente administrativo del CGE, con el mismo objeto que el amparo.

Mizawak escribió que la madre, en lugar de seguir esa vía «claramente idónea», optó por abandonarla y recurrir al amparo, una acción de naturaleza excepcional. Carubia habló del «carácter excepcional y heroico» de ese remedio. El expediente, sin embargo, lo había abierto la rectora y no la madre. Y la Corte lo leyó al revés que el STJ: como un trámite en el que el sistema educativo ya había dicho que no tenía más para ofrecer.

El voto de Lorenzetti

Lorenzetti llegó al mismo resultado por un camino más amplio. Escribió que la excepcionalidad del amparo no rige cuando se defienden derechos fundamentales en procesos urgentes. Sostuvo también que el derecho a la educación «es operativo»: se puede exigir sin esperar otra norma que lo reglamente.

Para el juez, en la causa nadie discute que la joven necesita apoyos específicos para poder estudiar en igualdad de condiciones con sus compañeros. Agregó que el trámite administrativo no lo inició la madre, no tiene carácter contencioso y «está concluido». También le reprochó al STJ no haber tenido en cuenta lo que había establecido el juez de primera instancia. La oferta de cuatro materias, según esa sentencia, excluía los principales ejes educativos y no cumplía el estándar mínimo de la propia regulación provincial.

En su voto repasó la Constitución de Entre Ríos y la ley provincial de educación, la Ley de Educación Nacional y tres tratados: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las convenciones sobre los Derechos del Niño y sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y escribió que una interpretación que frustre un derecho fundamental «provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada».

Un amparo de 2018 por una escuela de la misma ciudad

El precedente en el que se apoya la Corte, publicado en su colección oficial como Fallos 330:4647, ya había aparecido en otro pleito por una escuela de Rosario del Tala. En julio de 2018, Ángel Luis Moia, juez de feria en Paraná, lo citó en la sentencia del amparo que otra familia presentó contra el CGE. El caso trataba de una rampa y un baño adaptado para su hija con discapacidad en la Escuela Secundaria y Superior N° 41 «Cesáreo Bernaldo de Quirós».

El CGE había objetado la vía del amparo. Moia respondió que la otra vía se valora por su eficacia y no como «un mero ritualismo abstracto», y le ordenó hacer las obras dentro del ciclo lectivo en curso. En ese caso se discutía el inciso a de la misma ley, que excluye el amparo cuando hay otro procedimiento eficaz, y no el inciso b que aplicó ahora el STJ.

El caso de la alumna vuelve ahora al Superior Tribunal entrerriano, que tiene que dictar un nuevo fallo de acuerdo con lo que resolvió la Corte, sin un plazo fijado. Ese fallo dirá si el amparo sigue adelante y qué pasa con la orden de primera instancia de armar el proyecto pedagógico en 20 días. En su queja ante la Corte, la madre había sostenido que su hija llevaba «más de cinco meses sin escolarización efectiva».