La Justicia obligó al PAMI a pagar el geriátrico de dos afiliadas entrerrianas

La Cámara Federal de Paraná confirmó por unanimidad que el PAMI debe pagar el 100% de la residencia geriátrica de una afiliada de 93 años en Concepción del Uruguay, en vez de enviarla a hogares de otras ciudades. El fallo lo difundió el sábado 17 Babel Digital, un medio de esa ciudad.

De acuerdo con la reseña de Babel Digital, los jueces de primera instancia y los de la Cámara coincidieron en un punto. Los requisitos y las gestiones administrativas de una obra social no pueden volverse un obstáculo arbitrario para el derecho a la salud. El tribunal también remarcó el principio de «progresividad de los derechos de los adultos mayores». También consideró decisiva para el bienestar de la afiliada la cercanía con su familia.

No fue el único fallo de este tipo que se conoció en la provincia en esos días. El miércoles 14, la jueza federal de Concordia, Analía Graciela Ramponi, ordenó al PAMI cubrir el 100% de la residencia Los Robles, donde vive una afiliada de 70 años. Le dio 24 horas desde la notificación. Lo hizo en una medida cautelar, una decisión provisoria que rige mientras se tramita el juicio. El diario digital Concordia 24 contó el caso a partir de la resolución y del abogado de la familia, Emmanuel Isidro Almirón.

Las dos decisiones se apoyaron en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un tratado de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Congreso la aprobó en 2017 con la Ley 27.360. En 2022, la Ley 27.700 le otorgó jerarquía constitucional. Su artículo 12, dedicado a quienes reciben cuidados de largo plazo, dice que «la persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados».

El traslado que ofrecía el PAMI

El caso de Concepción del Uruguay empezó cuando la familia de la mujer, ante el rechazo del PAMI, presentó un amparo de salud. La patrocinó el abogado Valodia Nichajew.

Según Babel Digital, la presentación sostuvo que obligar a la afiliada a mudarse a una residencia fuera de la ciudad ponía en riesgo su salud y su estabilidad. Además, la alejaba de su entorno afectivo. Las notas publicadas sobre el caso no informan la fecha de los fallos ni qué juzgado intervino en primera instancia.

En Concordia, dos reclamos quedaron sin respuesta

La afiliada de Concordia tiene 70 años y un Certificado Único de Discapacidad vigente, según la resolución citada por Concordia 24. El 8 de septiembre, su médico le indicó seguir en Los Robles entre septiembre de 2026 y septiembre de 2027. La familia, con Almirón, intimó dos veces al PAMI para que se hiciera cargo, en notas recibidas el 16 y el 28 de septiembre. En el expediente no constaba ninguna respuesta del organismo.

Concordia 24 informó el miércoles 14 que la mujer cobra una jubilación de 407.000 pesos. La residencia, según el mismo medio, cuesta 1,8 millones por mes. La jueza tuvo en cuenta que esos ingresos no le permiten afrontar el costo y que cortar la estadía podía dañar seriamente su bienestar.

La cobertura tiene que mantenerse hasta que haya sentencia definitiva en el amparo o hasta que termine el período de la indicación médica, lo que llegue antes. La jueza Ramponi, además, le requirió al PAMI que explique dentro de los cinco días de notificado por qué no respondió los reclamos ni otorgó la cobertura.

El programa del PAMI depende de las plazas

El PAMI tiene su propio programa de Residencias de Larga Estadía. La versión actual del programa la creó en 2023 la Resolución 896 de su Dirección Ejecutiva. Tanto esa resolución como la página oficial del trámite aclaran que la prestación «no es de carácter universal». La cobertura queda sujeta a una evaluación sociosanitaria, médica y social, que hace el propio organismo.

Al pedir el ingreso, el afiliado indica al menos tres residencias de preferencia. La página aclara que la asignación queda sujeta a que haya plazas en ellas. En Concepción del Uruguay, según Babel Digital, lo que el PAMI ofrecía eran hogares de otras localidades. Las notas publicadas sobre los dos fallos no detallan qué argumentó el organismo en los expedientes.

Noelia Bonetto, abogada con experiencia en amparos de salud y discapacidad, habló con Clarín sobre la cobertura de geriátricos. Según Bonetto, si la residencia está en la cartilla de la obra social o tiene convenio con ella, la cobertura puede ser integral. Si no, lo reconocido puede limitarse a los valores de un nomenclador oficial y la familia paga la diferencia, salvo casos particulares. El mismo artículo señala que, si la persona ya vive hace tiempo en un hogar y mudarla la perjudicaría, pesa que su médico explique por escrito los riesgos del cambio.