Discapacidad: el dictamen oficialista mantiene la pensión para quien trabaja y un valor único por prestación, que el proyecto de Presupuesto eliminaba

El oficialismo y sus aliados firmaron en Diputados un dictamen que propone reemplazar la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre, por una ley permanente. La oposición quiere prorrogar la vigente, con todos sus efectos, hasta el 31 de diciembre de 2027. Del voto depende, según el Gobierno, cómo se actualizan desde enero los valores de las prestaciones.

La ley 27.793, de emergencia en discapacidad, fue sancionada en julio de 2025 y declaró la emergencia hasta fin de este año, con la posibilidad de prorrogarla uno más. Creó una pensión para las personas que tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Según la estimación del proyecto de Presupuesto, este año cobran una pensión no contributiva por invalidez 1.145.452 personas.

La ley también obligó a que obras sociales, prepagas y el Estado paguen el mismo arancel por cada prestación. Lo cobran los prestadores, que son los centros de día, los hogares, los profesionales y los transportistas que atienden a personas con discapacidad.

El texto de la mayoría lo firmaron el 23 de septiembre La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, el PRO, la UCR y bloques provinciales.

El proyecto de Presupuesto proponía que el nomenclador, la lista de prestaciones con el valor que se paga por cada una, no tuviera valores universales. En su lugar, cada obra social, prepaga o el Estado fijaría los suyos. También rebautizaba la pensión no contributiva como pensión por invalidez laboral y la volvía incompatible con un empleo registrado o el monotributo.

Desde el oficialismo hablaron de «un error», publicó Clarín, y La Voz informó que, tras una reunión con sus aliados, se comprometió a retirar del Presupuesto el capítulo de discapacidad.

El dictamen hace lo contrario que el Presupuesto en los dos puntos. Ratifica el artículo de la ley de emergencia sobre el valor único de cada prestación y su actualización con la movilidad jubilatoria. También mantiene la pensión para quien tenga un empleo registrado o monotributo con ingresos de hasta dos salarios mínimos; si los supera, se suspende y la persona puede pedir rehabilitarla. Con el salario mínimo de octubre, $391.200 según la resolución 4/2026 del Consejo del Salario, ese techo es de $782.400.

Hoy los aranceles se ajustan cada mes por inflación: en septiembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad los subió 1,70%, lo mismo que el índice de precios al consumidor de agosto. Esa secretaría es el organismo del Ministerio de Salud que reemplazó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo el 22 de septiembre que desde 2027 eso «dependerá de lo que defina el Congreso de la Nación», según Tiempo Argentino.

El dictamen de mayoría propone esa definición: la actualización por movilidad jubilatoria quedaría como regla de una ley sin fecha de vencimiento, que según su artículo 1 busca «superar la situación de emergencia». Esa movilidad, la del Decreto 274/24, se calcula cada mes con el índice de precios al consumidor del INDEC. Mientras rija ese decreto, el arancel seguiría atado a la inflación; la ley remite a él «o el que en el futuro lo reemplace».

Los requisitos de la pensión pasan a la reglamentación

Donde más se aparta de la ley vigente es en la pensión. El dictamen nombra dos, una por invalidez laboral y otra por discapacidad, y garantiza el programa Incluir Salud, la cobertura médica del Estado, a los titulares de la segunda.

Además deja los requisitos para cobrarlas a la reglamentación, que dicta el Poder Ejecutivo. La ley de emergencia, en cambio, dice que los requisitos de la pensión por discapacidad «serán determinados por ley del Congreso de la Nación». Un decreto reglamentario se puede modificar sin una nueva votación del Congreso.

Según Infobae, diputados aliados que firmaron el dictamen pidieron aclarar cada interpretación posible como condición para votarlo.

El texto oficialista agrega auditorías. La Secretaría cruzará datos con la ANSES, la agencia de recaudación ARCA y otros registros. Si encuentra que no se cumple un requisito, podrá suspender la pensión de manera preventiva, con aviso previo al titular, que puede pedir la rehabilitación provisoria. En 2024 y 2025 se suspendieron 112.136 pensiones y, hasta abril de este año, 111.995 habían sido rehabilitadas, informó la Jefatura de Gabinete al Congreso en su Informe 145.

Laura Rodríguez Machado, diputada cordobesa de La Libertad Avanza, es una de las autoras del texto. En el plenario de comisiones lo defendió así: «Creemos en el derecho de las personas con discapacidad, pero estos beneficios se politizaron y tuvieron controles muy laxos».

El costo sigue sin número público

La ley vigente autoriza al jefe de Gabinete a hacer «las ampliaciones y modificaciones presupuestarias» que aseguren el financiamiento. El dictamen de mayoría pone los fondos en partidas anuales del Ministerio de Salud que no pueden ser menores que las del año anterior, descontada la inflación. A la Jefatura de Gabinete le encarga reasignar partidas sólo durante el primer año.

Esa facultad de reasignar partidas estuvo en el centro de la pelea del año pasado. Al promulgar la ley, en septiembre de 2025, el Gobierno calculó que aplicarla costaba ese año unos 3 billones de pesos, el 0,35% del producto bruto. Sostuvo entonces que una orden genérica de reasignar partidas no era una fuente de financiamiento suficiente.

Tres de los cuatro diputados que firmaron el dictamen oficialista en disidencia proponen actualizar esa partida cada tres meses por el índice de precios. Son Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones y jefe del bloque Argentina Federal; el salteño Bernardo Biella, del mismo bloque, y la neuquina Karina Maureira, de La Neuquinidad, el partido que gobierna Neuquén.

Según TN, funcionarios cercanos al Ministerio de Economía objetan el costo fiscal de algunos artículos y quieren cambiar la redacción antes de la votación. El canal agregó que los aliados que acompañaron el dictamen piden saber cuánto costarán las pensiones, las prestaciones y la cobertura de salud antes de volver a votar. Cuatro diputados aliados, entre ellos Herrera Ahuad, le pidieron formalmente al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, el importe de las partidas necesarias, informó Clarín.

Nadia Gasparín, presidenta de la organización entrerriana Neurodiversidad San Benito, llevó el reclamo de la provincia a una reunión de la Comisión de Discapacidad de Diputados con organizaciones de todo el país. Dijo a Uno que la propuesta oficialista «no aduce fondos tampoco para sostenerla» y pidió prorrogar la emergencia.

La ley de emergencia también obliga a compensar a los prestadores por la diferencia entre lo que subieron sus aranceles y la inflación de diciembre de 2023 a diciembre de 2024. En abril, el Ministerio de Salud le informó al Congreso que esa compensación estaba en «fase de implementación» y que no podía decir cuántos prestadores habían cobrado. Hasta el PRO y la UCR, aliados del Gobierno, reclamaron completar esos pagos, informó Parlamentario.

El dictamen de mayoría dice que ese derecho sobrevive al fin de la emergencia y exige un cronograma de pago. El de minoría establece que las obligaciones nacidas durante la ley «subsisten hasta su íntegra satisfacción».

Gilda Marcela Kriskovich, prestadora, madre de un joven con discapacidad y presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos, habló de otra deuda, la de las obras sociales. En Radio 750 dijo que sus atrasos de pago van de 90 días a un año, según Página 12. «Estamos al último día de septiembre y estamos esperando cobrar julio», dijo. Ninguno de los dos dictámenes trata esa deuda.

La desconfianza viene del primer año de la ley

La oposición desconfía de que el Gobierno cumpla y por eso presiona por la prórroga, según el diario Río Negro. El antecedente es el primer año de la ley: el Gobierno la vetó en agosto de 2025. Tras la insistencia de las dos cámaras, la promulgó con la ejecución suspendida hasta que el Congreso definiera cómo financiarla.

La aplicó recién después de un fallo del juez federal de Campana Adrián González Charvay, en diciembre de 2025, y la reglamentó en febrero. El Estado apeló esa sentencia. En abril, según informó el Gobierno al Congreso, la Cámara Federal de San Martín dio por cumplido el fallo. El dictamen de minoría sostiene que, tras esa decisión, el Poder Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema.

Ese dictamen lo impulsó Juan Marino, diputado de Unión por la Patria y vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, que presentó el proyecto de prórroga. El dictamen de minoría dice además que el vencimiento de la emergencia no puede invocarse para desconocer los cambios que la ley introdujo en otras normas. Rodríguez Machado le respondió a la oposición que una emergencia «no puede convertirse en la forma permanente de garantizar derechos», según La Voz.

En la Comisión de Discapacidad, las dos diputadas entrerrianas firmaron textos opuestos. Alicia Fregonese, del PRO, firmó el dictamen de mayoría; Marianela Marclay, de Unión por la Patria, el de minoría, que también firmó Gustavo Bordet, diputado de ese bloque y exgobernador de Entre Ríos. A comienzos de septiembre, Marclay dijo en la comisión que, según la información que manejaba, los prestadores de la provincia no habían recibido la compensación, informó Info CdelU.

La sesión del 15 de octubre depende del quórum

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, presentó junto con otros bloques un pedido de sesión especial para el 15 de octubre a las 14. En el temario están la prórroga de la emergencia, proyectos sobre el endeudamiento de las familias y el DNU 70/23, el decreto de 2023 con el que Milei desreguló amplios sectores de la economía. La discapacidad quedó como último punto, y Río Negro explicó que la oposición dejó para el final el tema más sensible para sostener el quórum.

Según Perfil, esos bloques suman 122 diputados si se sientan todos, siete menos que los 129 que hacen falta para abrir la sesión. Entre los firmantes está Bordet. Herrera Ahuad y Biella, que firmaron el texto oficialista en disidencia, figuran entre los firmantes del proyecto opositor de prórroga. Su bloque, Argentina Federal, no firmó el pedido de sesión y, según Infobae, dejó trascender su enojo con la oposición por «utilizar la causa noble de los discapacitados para asegurarse el quórum».

El oficialismo pensaba convocar a una sesión propia el 21 de octubre, informó La Nación, y Página 12 publicó que planea llevar ese día su proyecto de discapacidad. Los dictámenes de mayoría, como el oficialista, son los primeros que se votan en el recinto, informó la agencia APF. Según Infobae, el oficialismo y sus aliados reunirían cerca de 127 votos, dos menos que la mayoría simple.

Lo que apruebe Diputados tiene que pasar después por el Senado, donde Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, había dicho que esperaría para conocer qué texto le envían. El período de sesiones ordinarias termina el 30 de noviembre, recordó el informe del dictamen de minoría. Hasta el 31 de diciembre, los aranceles siguen atados a la inflación; para después, el Gobierno dice que dependerán de lo que vote el Congreso.