La Iglesia le pidió al Gobierno prorrogar la emergencia en discapacidad y reclamó una compensación para centros y profesionales

La Conferencia Episcopal Argentina le pidió el lunes al Gobierno que mantenga la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre, hasta que el proyecto oficialista que la reemplaza sea sancionado y reglamentado. En el documento que entregó en el Ministerio de Salud, advierte que hay «un serio riesgo» de que eso no ocurra antes de fin de año.

La ley de emergencia fija reglas para la pensión no contributiva por invalidez, que en 2026 cobran más de 1,1 millones de personas, y para lo que se les paga a los prestadores. Así se llama a los centros de día, los hogares, los profesionales y los transportistas que atienden a personas con discapacidad. Cobran por cada servicio el arancel que fija el nomenclador, la lista oficial de prestaciones con el valor de cada una.

El documento enumera lo que, a juicio de la Iglesia, la ley vigente no cumplió. Habla de la compensación a los prestadores, del estudio de sus costos, del perdón de intereses y multas impositivas y de más de 200.000 pedidos de pensión sin respuesta. Lo presentó en una reunión a la que invitó el Gobierno, un mes antes de que el papa León XIV visite el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Es una casa donde viven personas con discapacidad, y la visita será el lunes 9 de noviembre a las 9.15, según el programa oficial de la Santa Sede.

El Área de Discapacidad de la Pastoral Social, la comisión de los obispos para los temas sociales, había escrito el 25 de septiembre sobre esa elección del Papa. «No se trata de un hecho casual, sino de un gesto de profundo contenido simbólico», sostuvo. La coordinadora de esa área, María Bayá Casal, integró la delegación. Después de la reunión dijo que la visita del Papa «despabila bastante a la sociedad, y tal vez a las autoridades también», según La Voz.

La delegación la completaron el obispo Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal, y Fernando Barilatti, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. También fue el sacerdote Aníbal Quevedo, consejero de la Obra Don Orione, la congregación del Cottolengo. Los recibieron Roberto Olivieri, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud; Rodrigo Sbarra, secretario de Gestión Administrativa, y Roberto Moro, secretario de la Sedronar, el organismo nacional de políticas sobre drogas. El ministro de Salud, Mario Lugones, no estuvo; según La Voz, seguía de viaje en Europa.

El encuentro duró alrededor de una hora y, según el comunicado posterior de la Pastoral Social, terminó con la creación de «una mesa de trabajo» para seguir el intercambio. «Una respuesta concreta en una reunión de una hora es muy difícil», dijo Bayá Casal, según El Once y Hora Digital. Según Ámbito, también dijo que hay incumplimientos de la ley que «el Gobierno los acepta».

Hasta la tarde del martes, el Ministerio de Salud no había publicado nada sobre la reunión. La Secretaría Nacional de Discapacidad, el área del Ministerio que actualiza los aranceles y resuelve las pensiones, está sin conducción desde el accidente de su titular, Pablo Di Liscia, informó Página/12.

El 30,67% se puede reconstruir con datos oficiales

El reclamo central del documento es la compensación que fija el artículo 13 de la Ley 27.793, publicada en septiembre de 2025. Obliga al Poder Ejecutivo a pagar a los prestadores, con fondos del Tesoro, «la diferencia» entre lo que subieron los aranceles del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2024 y la inflación del INDEC en ese lapso.

Para la Iglesia, esa compensación «representa un 30,67% de actualización» y, desde el 1 de enero de 2025, debería haber sido el piso sobre el que se aplicaran los aumentos siguientes por inflación. El documento sostiene que esa actualización «no se ha trasladado de manera efectiva al sistema».

La cuenta se puede rehacer con documentos públicos. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, el arancel de un centro de día de jornada doble, tomado como referencia, subió 109%, según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. En el mismo período, el índice de precios al consumidor del INDEC subió 173%. Para empatar con la inflación, los aranceles de diciembre de 2024 tendrían que haber sido un 30,7% más altos.

Ese porcentaje sale de dividir cuánto se multiplicaron los precios, 2,73 veces, por cuánto se multiplicaron los aranceles, 2,09 veces. Es la cifra de la Iglesia salvo por el redondeo; si en cambio se restan los dos porcentajes, la distancia es de 64 puntos.

El Gobierno sostiene otra cosa. En la Resolución 340/2026, firmada por Lugones, el Ministerio de Salud afirmó que los aumentos de las resoluciones conjuntas 9/2024 y 2/2025 «contemplan la previsión de actualización estipulada por el artículo 13». No dice cuánto de esos aumentos corresponde a esa actualización. En agosto, el Ministerio le dijo a TN que la actualización desde enero de 2025 partió de valores correctos y acordados en el Directorio del sistema, el organismo que fija los aranceles.

Los documentos muestran cuándo llegaron esos aumentos. Después del último ajuste de diciembre de 2024, los aranceles no se movieron entre enero y septiembre de 2025. La Resolución Conjunta 2/2025 los subió desde octubre, en tres tramos hasta diciembre, un 29,73% en los centros y un 35,43% en los hogares, según su anexo. Desde febrero de 2026, se ajustan cada mes según la inflación del INDEC. La ley no fija un porcentaje que permita saldar la discusión entre una lectura y otra.

El pago por los servicios ya prestados

Tal como la reglamentó el Gobierno, la compensación es un pago por los servicios que los prestadores dieron en ese período. El Decreto 84/2026, que reglamentó la ley en febrero, dispuso que cada prestador la pida por la plataforma de Trámites a Distancia. Cada uno tenía que presentar una declaración jurada de lo que facturó entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, en un plazo de 60 días desde el 20 de febrero.

Al 8 de abril se habían recibido 21.764 expedientes de 147 prestadores, según el Informe 145, el informe de gestión que el jefe de Gabinete presentó en Diputados, que no menciona pagos. En agosto, TN informó que el pago todavía no se había hecho, y el Ministerio de Salud le respondió que no había «una fecha fija» porque los plazos dependían de la validación de los organismos que intervienen. En septiembre, El Cronista publicó que el Gobierno había definido pagar unos $300.000 millones en compensaciones antes de fin de octubre; no hubo un anuncio oficial.

La Iglesia denuncia además que una resolución dejó fuera de la compensación a «determinadas obras sociales sindicales, empresas de medicina prepaga y obras sociales no sindicales». En abril, unos diputados preguntaron por una diferencia de al menos 80 entidades entre la ley y su reglamentación. El Ministerio respondió en el Informe 145 que el decreto «no excluye a ningún financiador denominado Agente del Seguro de Salud», el término de la reglamentación para las obras sociales nacionales.

La ley también ordena que el Directorio haga cada año un estudio del costo de cada prestación, para captar aumentos que el índice de precios no refleja. El Decreto 84/2026 dejó ese artículo sin reglamentar, no se conoce ningún estudio publicado y el proyecto de Presupuesto 2027 lo deroga.

El documento habla además del «incumplimiento de las medidas previstas para que ARCA disponga la condonación» de intereses y multas de los prestadores, sin precisar en qué consiste. La agencia de recaudación reglamentó ese perdón con la Resolución General 5828/2026, publicada el 23 de febrero. Condonaba el 100% de los intereses a quien adhiriera hasta el 16 de junio y el 50% hasta el 17 de septiembre, y también las multas que no estuvieran firmes ni pagadas.

Más de 200.000 pedidos de pensión esperan respuesta

La Iglesia advierte por «más de 200.000 pensiones que permanecen en trámite, frente a menos de 10.000 pensiones otorgadas durante los últimos tres años». Los datos oficiales van en ese sentido. En junio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos, difundió los datos de la respuesta oficial a un pedido de acceso a la información que había presentado. Allí la Secretaría de Discapacidad informó 227.354 expedientes a la espera de una resolución. Otros 96.949 estaban frenados porque el solicitante no había completado la documentación.

Esa misma respuesta contó 8.633 pensiones otorgadas desde diciembre de 2023. En abril, el Informe 145 había contado 2.995 nuevas pensiones por invalidez laboral desde diciembre de 2023, sólo entre las vigentes en ese momento, y ninguno de los dos documentos explica la diferencia.

El documento pide también revisar los artículos 36 a 41 del proyecto de Presupuesto 2027, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Esos artículos convierten la pensión en una pensión «por Invalidez laboral», la vuelven incompatible con un empleo registrado y exigen que la persona esté «imposibilitada para trabajar». Además, eliminan los aranceles únicos, de modo que cada financiador fijaría los suyos, y derogan cuatro artículos de la ley de emergencia, entre ellos el del estudio de costos. Para la Iglesia, contradicen la ley vigente y el proyecto que se discute en Diputados.

La prórroga se define en Diputados

El 23 de septiembre, las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto de Diputados firmaron dos dictámenes, los textos que se llevan a votar al recinto. El de mayoría, del oficialismo y sus aliados, propone una ley permanente para «superar la situación de emergencia». El de minoría prorroga la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

La conducción de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, presenta su proyecto como la manera de «garantizar la sostenibilidad del sistema» y de proteger los derechos de las personas con discapacidad «de manera permanente», publicó Perfil. Para el bloque libertario, informó La Nación, la emergencia es una herramienta transitoria que tiene que dar paso a un régimen estable, con financiamiento específico.

La Iglesia reconoce que ese proyecto tiene aspectos «que pueden ser valorados como mejoras». Pero sostiene que una norma permanente no debería aprobarse «a costa de cerrar anticipadamente la emergencia, reducir derechos adquiridos o dejar sin respuesta obligaciones aún incumplidas». También pide que se consulte a las personas con discapacidad y a sus organizaciones, como manda el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Cuatro diputados aliados del oficialismo le pidieron por escrito al presidente de la Comisión de Presupuesto, Alberto Benegas Lynch, que informe con qué fondos se cumplirá el proyecto oficialista. Son Eduardo Falcone y Oscar Zago, del MID; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y Álvaro González, del PRO. Según Infobae y Perfil, advirtieron que, si no tienen respuesta, podrían votar la prórroga con la oposición.

La oposición pidió una sesión especial para el jueves 15 de octubre a las 14, con la emergencia en el temario, según Perfil. Infobae informó que el oficialismo evalúa convocar una propia el 21. La emergencia vigente vence el 31 de diciembre, y la ley admite prorrogarla un año más.