Diputados aprobó una ley permanente de discapacidad que reemplaza la emergencia

La Cámara de Diputados aprobó a las 00:37 del jueves 22, por 237 votos contra 9 y 4 abstenciones, una ley que reemplaza la emergencia en discapacidad por un régimen permanente. La votación llegó después de que el oficialismo aceptara en el recinto los cambios que pedían sus aliados y la oposición, y el proyecto pasa ahora al Senado.

La ley define cuánto cobran las personas con discapacidad que reciben una pensión del Estado. También fija cómo se paga a los centros, profesionales y transportistas que las atienden cuando venza la emergencia de la Ley 27.793, el 31 de diciembre. El proyecto conserva el monto de la pensión, el 70% del haber mínimo jubilatorio, y el valor único de las prestaciones que estableció esa ley.

El proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió al Congreso el 15 de septiembre, iba en la dirección opuesta. Según Infobae, El Cronista y La Nación, su capítulo VI quitaba el Certificado Único de Discapacidad como vía directa a la pensión. Ese certificado es el documento oficial que acredita la discapacidad. El capítulo también hacía la pensión incompatible con el empleo formal y derogaba el valor único de las prestaciones. Exacta comparó ese capítulo con el dictamen oficialista en una nota anterior.

El texto base fue el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza, firmado en comisión el 23 de septiembre. Se escribió sobre un proyecto del diputado peronista Juan Marino que prorrogaba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Su artículo 1 dice que la ley tiene por objeto «superar la situación de emergencia». El dictamen de minoría, encabezado por Marino, mantenía la prórroga y no llegó a votarse.

Los cambios que sumaron a la oposición

El acuerdo se cerró en el recinto. Ya en el debate, después del informe del oficialismo, el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que preside el bloque Argentina Federal, leyó una serie de modificaciones al dictamen. Y avisó: «si estas sugerencias no son aceptadas, no vamos a acompañar la ley». El presidente de la comisión de Discapacidad, el libertario Gerardo Huesen, le respondió: «Vamos a aceptar todas las modificaciones».

Con eso se sumó Unión por la Patria, el bloque peronista, que hasta esa tarde sostenía la prórroga. Marino lo explicó en su discurso: «Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia». Según contó, el bloque habló con las organizaciones de personas con discapacidad y fue a discutir el dictamen para mejorarlo.

Esos cambios no figuran en el dictamen impreso. Al mediodía del jueves 22, la Cámara todavía no había publicado el texto que los incluye. Según La Voz, El Cronista y Minuto Uno, los requisitos para cobrar la pensión quedaron escritos en la ley, y no en la reglamentación del Poder Ejecutivo. Son el Certificado Único, ingresos propios menores a dos salarios mínimos y una evaluación socioeconómica.

Infobae, La Voz y El Intransigente informaron otro cambio en la salud. La cobertura médica del Programa Incluir Salud, que el Estado da a titulares de pensiones no contributivas, alcanza ahora también a quienes cobran la pensión por invalidez laboral. El dictamen se la daba sólo a los titulares de la pensión por discapacidad.

El punto más sensible es el de las suspensiones. El dictamen permitía a la Secretaría Nacional de Discapacidad suspender una pensión en forma preventiva, con aviso previo, cuando un cruce de datos detecta que falta un requisito. No fijaba un plazo para que la persona se defienda. Según La Voz, Victoria Tolosa Paz, exministra de Desarrollo Social, llevó junto con Herrera Ahuad los planteos de la oposición. En el recinto dijo que el cambio da «derecho a 60 días de descargo por parte del beneficiario».

La agencia Noticias Argentinas y El Intransigente publicaron, en cambio, un plazo de 160 días. Hasta que se publique el texto votado, el plazo no está confirmado.

La pensión y las prestaciones siguen como en la emergencia

En lo que ya estaba en el dictamen, la ley repite el núcleo de la Ley 27.793. La pensión no contributiva por discapacidad es la que paga el Estado sin que la persona haya hecho aportes. Sigue en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Se puede cobrar junto con un empleo registrado o el monotributo mientras los ingresos no superen dos salarios mínimos; si los superan, se suspende. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lo resumió así: «El 75% de la ley de emergencia está contenido en este proyecto».

El dictamen también ratifica el artículo 7 bis de la Ley 24.901, que incorporó la ley de emergencia. Fija un mismo valor para cada prestación, la pague una obra social, una prepaga o el Estado. Ese valor se actualiza con el índice de movilidad de las jubilaciones del Decreto 274/24.

El propio Gobierno, al vetar la ley en 2025, describió esa cláusula como una «actualización mensual de aranceles» por el índice de precios. Por eso unos medios hablan de actualización por inflación y otros de movilidad jubilatoria: es la misma cláusula. Ese artículo, sin embargo, quedó sin reglamentar en el Decreto 84/2026, con el que el Gobierno puso en marcha la ley de emergencia en febrero.

Los fondos salen de partidas del Ministerio de Salud que no pueden ser menores, en términos reales, a las del año anterior. Según La Voz, Infobae y El Cronista, el texto votado agrega que el Tesoro pone la diferencia si no alcanzan.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo en $598.912 millones para 2027, según Clarín. En el debate del Presupuesto, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había dicho: «Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa». Según El Cronista, el bloque Argentina Federal dijo que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le garantizó que la Nación pagará a los prestadores.

Para los prestadores, la Ley 27.793 fijó una compensación por la diferencia entre lo que aumentaron sus aranceles y la inflación de diciembre de 2023 a diciembre de 2024. El dictamen ordenaba publicar «inmediatamente» un cronograma de pago, sin fijar plazos. Según Infobae, La Voz, La Nación, El Cronista y Minuto Uno, el texto votado da 30 días para notificar el cronograma. Y 90 para pagar a quienes completaron el trámite. Ese reclamo de los prestadores, que también hizo suyo la Iglesia, se contó en otra nota de Exacta.

La Nación y otros cinco medios que reprodujeron su texto escribieron que las compensaciones pendientes «actualmente rondan los $278.323 millones». Esa cifra coincide peso por peso con la del Decreto 534 de 2025, con el que el Gobierno vetó la ley. Allí figura como el costo total de la compensación por aquel período, y no como el saldo que queda por pagar hoy. La compensación tampoco cubre cualquier deuda de una institución: sólo la diferencia de ese período.

Una emergencia vetada, suspendida y aplicada por orden judicial

El Senado votó la Ley 27.793 el 10 de julio de 2025, por 55 votos a cero. El presidente Javier Milei la vetó por completo con el Decreto 534, del 1 de agosto. Diputados insistió el 20 de agosto con 172 votos y el Senado, el 4 de septiembre, con 63. Así reunió los dos tercios que exige la Constitución para imponer una ley vetada.

El Gobierno la promulgó el 21 de septiembre con el Decreto 681, pero la declaró suspendida hasta que el Congreso fijara de dónde saldrían los fondos. El 12 de diciembre, el Juzgado Federal de Campana invalidó esa suspensión y ordenó aplicar la ley. El Gobierno apeló y la reglamentó con el Decreto 84, del 3 de febrero de 2026.

La ley vence el 31 de diciembre de este año y permite una prórroga de un año, que era lo que buscaba el dictamen de minoría. Misiones Online escribió en la madrugada del jueves 22 que Diputados había votado «la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2027». Lo votado fue el dictamen de mayoría, que no la prorroga.

Córdoba votó en contra y las organizaciones celebraron con reparos

En contra votaron nueve diputados. Ocho son de Córdoba: los seis de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y Gabriela Estévez (Unión por la Patria). La novena fue la mendocina Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas. Se abstuvieron los cuatro diputados del Frente de Izquierda. Los cordobeses sostuvieron la prórroga, como siguen haciendo las organizaciones de su provincia. Carolina Basualdo, diputada de Provincias Unidas por Córdoba, dijo: «Votamos el mandato de las organizaciones».

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, dijo que la ley da «una respuesta clara y permanente». Según MDZ, sostuvo que los diputados de Llaryora votaron en contra «en un intento de hacer política barata». Desde Unión por la Patria, el exministro de Defensa Jorge Taiana dijo: «Milei cumplí la Ley». Sabrina Selva, una de las negociadoras del bloque, señaló que el Congreso había respondido, «pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente».

Las organizaciones del sector cambiaron de tono en un día. El miércoles 21 a la mañana, Pablo Bolego, de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), habló con Página/12. Dijo que el proyecto oficial «no tiene nada de superador» y que dejaba a la reglamentación los requisitos de la pensión.

El jueves 22, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad celebró la media sanción. Dijo que el dictamen «carecía de lo necesario» y que el acuerdo «incorpora demandas fundamentales», aunque «la emergencia no está superada». Bolego también celebró y dijo a Rosario/12 que «a último momento también surtió efecto la presión social».

El proyecto pasa ahora al Senado, que al mediodía del jueves 22 no había fijado fecha para tratarlo. Si lo aprueba sin cambios, será ley; si lo modifica, volverá a Diputados. Infobae sostuvo que la mayoría de dos tercios hace «virtualmente imposible» que el Senado introduzca cambios. Es una lectura del medio: el resultado superó los dos tercios, pero la mayoría exigida era más de la mitad de los votos y el Senado puede modificar el texto.

Mientras tanto, la emergencia sigue vigente hasta el 31 de diciembre. Y el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027 se resolverá cuando el Congreso vote ese proyecto.