El Senado aprobó la reforma de Salud Mental, que cambia las internaciones involuntarias

El Senado aprobó en la madrugada del viernes 30 de octubre la reforma de la ley 26.657 de Salud Mental, vigente desde 2010, y la giró a la Cámara de Diputados. Según Clarín, el proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo 42 votos afirmativos, 21 negativos y ninguna abstención. Panorama informó que la votación fue poco antes de la 1 y que los 21 votos en contra fueron «todos del kirchnerismo».

La sesión había empezado el jueves 29 a las 14, según Tiempo Popular, y el proyecto se trató sobre un dictamen de mayoría que suscribieron el PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y Carlos Espínola (Provincias Unidas). Clarín publicó que algunas modificaciones se hicieron minutos antes del inicio del debate.

Qué cambia en las internaciones

El cambio central está en las internaciones involuntarias. De acuerdo con Tiempo Popular, la reforma sustituye el requisito de «riesgo cierto e inminente para sí o para terceros» por el de «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros». La evaluación deberá tener en cuenta también los antecedentes de hechos o ideas de daño y las consecuencias posibles de no hacer el tratamiento.

Panorama detalló que esas internaciones requerirán la firma de dos profesionales y que deberán notificarse en un plazo máximo de 24 horas al juez y al órgano de revisión; el juez tendrá tres días para convalidarlas, pedir peritajes o disponer la externación.

Quién firma fue uno de los puntos más discutidos. Según Tiempo Popular, en el texto final firma un médico —con preferencia por el psiquiatra— o alguien formado en salud mental, y se suma una segunda firma destinada a los psicólogos, que intervendrán en la evaluación y el alta. Infobae informó que el texto da prioridad a los psiquiatras y que el aporte de los psicólogos se consensuó en las últimas horas, tras presiones de provincias y de algunas universidades.

Según Tiempo Popular, las internaciones voluntarias deberán comunicarse a la Justicia, y toda internación que supere los 180 días, seguidos o acumulados en dos años, se considerará prolongada. El mismo medio informó que sigue prohibido crear manicomios, que la ludopatía pasa a contarse como adicción, que se podrán hacer consultas a distancia con psiquiatras y que se permitirá que una persona deje dicho de antemano qué tratamientos acepta o rechaza.

El financiamiento federal, incorporado en el recinto

Durante la votación en particular, el senador misionero Carlos Arce pidió sumar un artículo de financiamiento federal, que fue aprobado por 42 votos a 21, según Parlamentario. El texto dice que «El Estado Nacional brindará asistencia técnica, económica y financiera a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para implementar las obligaciones y prestaciones de la presente ley», mediante convenios con cada jurisdicción. Diario Uno informó que el bloque de los artículos 23 y 24 se aprobó por 41 votos a 22.

La defensa del oficialismo

La miembro informante, Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza, San Luis), presidenta de la comisión de Salud, sostuvo según Clarín que la ley vigente «consagró derechos y garantías valiosas», pero que sus resultados «han sido insuficientes para garantizar la efectividad de esos derechos». Infobae recogió otras dos frases de su discurso: «La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia» y «Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave».

La radical chaqueña Silvana Schneider afirmó, según Infobae, que «Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo», y la fueguina Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) dijo, según El Once Digital, que el marco anterior «ató de manos a muchísimos profesionales, abandonó a pacientes en sus momentos de mayor vulnerabilidad y confundió libertad con abandono».

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, cerró el debate. «Lo que estamos planteando es que esta internación involuntaria sigue siendo un hecho excepcional», dijo según Clarín, y agregó: «La excepción es trabajar con herramientas para prevenir un daño grave». Panorama citó otra de sus frases: «Intervenir a tiempo cuida a la sociedad y cuida también a las personas con problemas mentales».

Las objeciones: recursos y hospitales monovalentes

El catamarqueño Guillermo Andrada, que fundamentó la postura del bloque Convicción Federal según Parlamentario, puso el foco en la «falta de recursos». «No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir», dijo según Infobae. Panorama recogió que también sostuvo que «no alcanza con cambiar el criterio clínico de la internación de un paciente y con aplicar controles judiciales o de internación sino tenemos las herramientas necesarias para controlarlos».

El santiagueño Gerardo Zamora afirmó, según Clarín: «El problema no está simplemente en la ley, está en los recursos. Y una vez más, con esta reforma, se les carga a las provincias con nuevas tareas, pero no se prevé un solo recurso para cumplirlas». La justicialista Lucía Corpacci resumió su posición, según El Once Digital, con la frase «Esto no funciona porque no hay presupuesto».

La sanjuanina María Celeste Giménez Navarro calificó el proyecto como «una reforma regresiva» y sostuvo que «la salud mental no puede ser un privilegio solo de quienes pueden pagarla», según Clarín.

El radical Maximiliano Abad anunció que acompañaría el proyecto en general, pero que votaría en contra de los artículos 23 y 24 porque, a su juicio, habilitan la permanencia de hospitales monovalentes, informó El Once Digital. «Cambiarles el nombre no cambia lo que son: manicomios», dijo.

Mientras Diputados no complete el trámite, sigue rigiendo la ley vigente.