Una diputada del oficialismo entrerriano propone declarar la emergencia agropecuaria por la crecida

Erica Vázquez, diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, el espacio del gobernador Rogelio Frigerio, propone declarar por ley, durante 180 días, la emergencia agropecuaria por la crecida en islas y costas de 11 departamentos. Si se aprueba, los productores que certifiquen daños tendrían prórrogas de impuestos, gestiones de crédito y ayuda para trasladar la hacienda.

Según su ficha en la Cámara de Diputados, entre 1989 y 2023 fue jefa de la oficina de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) en Ibicuy. Islas del Ibicuy es uno de los departamentos que alcanza el proyecto. El expediente 29816 ingresó el martes 20, tomó estado parlamentario el miércoles 21 con pase a la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas y hoy entró en esa comisión.

El proyecto parte de una distinción. Por el decreto 2660, publicado el 27 de agosto, Frigerio declaró la emergencia hídrica en toda la provincia por 180 días, para hacer obras, contratar y aplicar medidas de prevención. Exacta ya contó que esa emergencia no crea fondos para los afectados. Los fundamentos de Vázquez agregan otra limitación: «La emergencia hídrica no habilita la certificación de productores ni el acceso a los beneficios de las Leyes 10.836 y 26.509».

Esas dos leyes, una provincial y otra nacional, regulan la emergencia agropecuaria. El proyecto no reemplaza el decreto de agosto: dice que lo «complementa». El propio decreto aclaraba que no afirmaba «la certeza de que habrá de producirse un determinado evento hídrico»; para los fundamentos, «hoy el evento se produjo y afecta a la producción».

El caso más urgente es el de la ganadería de las islas, donde a mediados de octubre quedaban alrededor de 200.000 cabezas, según datos oficiales. El martes 13, según publicó Uno, el director de Ganadería de la provincia, Martín Sieber, dijo, con datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que eran menos de esa cifra. Los fundamentos hablan de más, con datos del Gobierno provincial.

El traslado lo paga cada productor. Sieber dijo a Código Campo que el Estado «monitorea y facilita infraestructura, pero cada productor contrata por su cuenta las barcazas y los camiones». Exacta contó el viernes 16 cómo es el retiro de la hacienda de las islas.

Plazos para delimitar, certificar y pedir el aval nacional

El texto fija plazos que hoy la ley no tiene. La Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario tendría 15 días desde la vigencia de la ley para delimitar, distrito por distrito, las zonas alcanzadas. Lo haría con informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Dirección de Agricultura. El Poder Ejecutivo formalizaría esa delimitación por decreto.

Los productores tendrían 60 días para presentar sus declaraciones juradas, también en municipios, comunas y juntas de gobierno. Dentro de los diez días de formalizada la delimitación, el Ejecutivo debería pedir a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que reconozca la emergencia.

A los productores certificados les corresponderían las medidas impositivas de la ley provincial, y el Ejecutivo podría extenderlas a los vencimientos «operados desde el inicio del fenómeno». El Gobierno gestionaría además créditos ante el Banco de la Nación Argentina y el agente financiero de la provincia. Los gastos saldrían de las partidas del presupuesto vigente.

Para la hacienda, incluye habilitar embarcaderos y puertos de carga, tramitar ante el Senasa una documentación de tránsito excepcional y armar un registro de campos de refugio, incluso en tierras provinciales. También asistiría con alimento, agua y sanidad, con prioridad para los pequeños y medianos productores y la agricultura familiar. Y pide gestionar permisos para trasladar animales de noche: según los fundamentos, «sin la emergencia declarada no es posible sacar hacienda durante la noche».

La ley vigente deja la decisión al gobernador

En Entre Ríos, la emergencia agropecuaria la regula la ley 10.836. Su Comisión Provincial, que integran representantes del Poder Ejecutivo, de la Cámara de Diputados y de cuatro entidades del campo, propone al Ejecutivo la declaración por distrito. El productor accede a los beneficios si acredita que perdió al menos el 50% de su producción o de su capacidad de producir.

Entre esos beneficios están las prórrogas sin intereses de impuestos y tasas provinciales hasta 180 días después de terminada la emergencia, y la suspensión de las ejecuciones fiscales por el mismo plazo. Hasta el miércoles 21, el Boletín Oficial de la provincia no había publicado ningún decreto de emergencia agropecuaria por la crecida del Paraná o del Uruguay.

Los dos decretos de emergencia agropecuaria publicados en octubre son por otros fenómenos. El 3211 es por el viento del 18 de julio en Concordia y Federación, y el 2830, por un granizo del 19 de febrero de 2026 en el distrito Mandisoví. Este último lleva fecha del 1 de septiembre y declara la emergencia desde el día de la tormenta.

Los fundamentos sostienen que el proyecto «no reemplaza el procedimiento técnico: lo integra», porque la Comisión Provincial conserva la delimitación. «Lo que la ley agrega es certeza: plazos para delimitar, certificar y gestionar el reconocimiento nacional», dicen. También responden a una objeción previsible, que las islas se inundan por naturaleza: afirman que se trata de una crecida extraordinaria y recuerdan que el propio decreto de emergencia hídrica habla de un escenario «extraordinario».

Vender a tiempo sin pagar Ganancias

El beneficio que más pesa para un ganadero está en la ley nacional 26.509. La provincia declara primero y pide a la Comisión Nacional la misma decisión, que debe expedirse en no más de 20 días. Con ese reconocimiento, quien vende hacienda forzado por la emergencia puede deducir del impuesto a las Ganancias el 100% de lo que gana con esa venta, con la obligación de reponer animales. «Es exactamente la situación que hoy enfrentan los productores que deben desprenderse de animales por el agua», dicen los fundamentos.

Las entidades del sector lo vienen pidiendo. Según publicó La Nación el lunes 12, la Comunidad Islera Asociación Civil, una organización de productores de las islas, pidió que se declarara la emergencia agropecuaria. Su mensaje decía: «En los próximos 15 días se malvenderán por las inundaciones de campos bajos e islas la mayoría de los rodeos». Su presidente, el productor ganadero Leonardo Scarparo, insistió en declararla para aliviar las consecuencias económicas del traslado, según Elonce del miércoles 14.

Eduardo Grimaux, presidente de la Sociedad Rural de Victoria, el departamento frente a cuyas islas se aceleró la evacuación, reiteró el pedido a los gobiernos provincial y nacional, según La Capital del lunes 19. «Al malvender la hacienda tenes un descalabro con el Impuesto a las Ganancias importante porque después tenes que comprar a un precio diferente y se genera un quebranto», dijo en LT8.

El miércoles 21, José Luis Volando, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, pidió en Radio 2 que no se aplique la retención de Ganancias a las ventas de hacienda en las zonas de emergencia. «El productor no vende por especulación financiera ni por una estrategia comercial, sino porque no tiene dónde llevar esos animales», dijo, según Rosario3.

Demorar la salida también cuesta más. Según el trabajo del INTA Paraná que publicaron La Nación y Elonce, retirar 500 animales de un campo de Villa Urquiza cuesta $20,52 millones en condiciones normales. En plena evacuación generalizada, el costo sube a $29,52 millones, con valores de septiembre. Son unos $18.000 más por animal, y los autores aclaran que sus cálculos son un piso del costo.

Hay un antecedente con la misma ruta. En 2007, el decreto provincial 773 declaró la emergencia para los ganaderos y apicultores de las islas de seis departamentos por la crecida del Paraná. El Gobierno nacional la declaró para la ganadería bovina el 11 de septiembre de ese año, seis meses después, con efecto desde la fecha del decreto provincial.

Otro proyecto y el trámite que sigue

El mismo miércoles 21 ingresó otro proyecto por la crecida, con otro enfoque. Enrique Cresto, diputado provincial de Unión por la Patria y exintendente de Concordia, propone un fondo para los comercios, emprendimientos y clubes de la costa del Uruguay, aguas abajo de la represa de Salto Grande.

El fondo funcionaría en la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), el organismo provincial que administra lo que Entre Ríos recibe por los excedentes de la represa. Daría aportes no reintegrables ante cada creciente, «sin quedar condicionada a una declaración general de emergencia provincial o nacional». Se integraría, entre otros recursos, con el 5% de lo que la CAFESG percibe por esos excedentes.

El proyecto de Vázquez espera ahora el dictamen de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, y después necesita la aprobación de las dos cámaras. Mientras tanto, la ley 10.836 sigue abierta a otra vía: los productores o sus entidades pueden pedir la declaración a la Comisión Provincial, que debe tratar el pedido en no más de 20 días.