Una diputada propone que Entre Ríos cobre las pericias policiales de los choques

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone que la provincia cobre las pericias que hace la Policía en los accidentes de tránsito. Ese costo podría reclamarse a la aseguradora del vehículo, siempre que la ley de seguros y la póliza lo respalden. La iniciativa está en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.

La gacetilla difundida por la oficina de prensa de la diputada sostiene que hoy «la totalidad» de esos costos «recae de manera exclusiva sobre las arcas del Estado». Con el nuevo régimen, sus autores buscan recuperar una parte de ese gasto y destinarla a equipar y capacitar a las áreas provinciales de accidentología vial, las que investigan cómo ocurrió cada choque.

La autora es Gabriela Lena, diputada provincial del bloque Juntos por Entre Ríos. La acompañan como coautores cinco legisladores del mismo bloque: Lenico Aranda, María Elena Romero, Carolina Streitenberger, Noelia Taborda y Erica Vilma Vázquez. El expediente 29801 entró a la Cámara el 20 de octubre y tomó estado parlamentario en la sesión del 21. Ese día se informó su ingreso al pleno y se lo giró a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Ingresó en esa comisión el 22 de octubre y, según la ficha de la Cámara, ese es su último movimiento.

El régimen alcanza las intervenciones de la Policía de Entre Ríos y de otros organismos provinciales en los accidentes de tránsito. Entre ellas, el relevamiento del lugar, la inspección de los vehículos, los registros fotográficos y los planos del hecho. También los estudios sobre la mecánica del choque, los informes y dictámenes periciales y la reconstrucción del siniestro.

Para cobrarlas crea una «contribución por servicios técnicos», cuyos aranceles fijaría la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo. Los montos dependerían del costo del servicio, su complejidad, el personal y los materiales usados y el tiempo de trabajo. El proyecto no fija montos ni estima cuánto se recaudaría.

Las aseguradoras pagarían sólo si la póliza lo respalda

El centro de la propuesta es el artículo 5. Cuando el vehículo tenga seguro vigente al momento del hecho, el pago «podrá ser requerido a la entidad aseguradora respectiva, en la medida en que exista fundamento legal y contractual para ello». El reclamo, además, se haría de acuerdo con la normativa nacional de seguros. El mismo artículo agrega que su aplicación «no podrá implicar la creación de obligaciones ajenas al régimen legal de seguros ni afectar los derechos de las víctimas o terceros damnificados».

En los fundamentos, los autores escriben que esa previsión no busca «extender las obligaciones de las aseguradoras más allá de lo legalmente exigible». La gacetilla de la diputada y varias de las notas que la reprodujeron presentaron el artículo como una habilitación al Estado provincial para «exigir el reintegro de los gastos» a las compañías.

La gacetilla mencionaba la condición de cobertura vigente y de un contrato que lo respalde, pero no la aclaración de que el régimen no puede crear obligaciones ajenas a la ley de seguros. Con el texto del proyecto, el cobro depende de lo que ya establezcan la ley de seguros y cada póliza.

La reglamentación tendría que fijar cómo se identifica a la aseguradora, cómo se acredita la cobertura y cómo se determinan los gastos que se pueden recuperar. Cada liquidación debería apoyarse en un informe del organismo que intervino, con las tareas hechas, los recursos usados y su costo, y podría ser observada o impugnada.

Los autores escriben que el propósito no es «trasladar indiscriminadamente a los particulares los costos de la actividad policial». El régimen no podrá condicionar en ningún caso la intervención policial, la preservación de pruebas, la investigación de posibles delitos ni el acceso a la justicia. Quedan exceptuadas del pago las prestaciones cuando lo exijan el interés público, la protección de personas vulnerables, la falta de seguro u otras circunstancias que fije la reglamentación.

Lo recaudado iría a comprar y mantener equipamiento técnico, capacitar al personal especializado e incorporar herramientas tecnológicas para la accidentología vial, dentro del régimen presupuestario de la provincia.

Los antecedentes son leyes impositivas de Mendoza y Córdoba

Para respaldar la propuesta, la gacetilla habló de «antecedentes similares aplicados con éxito en otras jurisdicciones», sin nombrarlas. Los fundamentos del proyecto citan dos, de Mendoza y de Córdoba, y en los dos casos se trata de leyes impositivas anuales, las que fijan cada año los impuestos y las tasas de una provincia.

En Mendoza, la Ley 8.144, impositiva del ejercicio 2010, no cobraba las pericias de la Policía Científica cuando las pedía el Estado y cobraba honorarios cuando las pedían particulares en un juicio. También permitía al juez de faltas viales pedir el reintegro de los gastos de esa repartición. En Córdoba, la Ley Impositiva 10.118, de 2013, fijaba tasas por los estudios y dictámenes de accidentología de la Policía Judicial, con montos según el tipo de vehículo, sin decir quién debía pagarlas.

Ninguna de las dos normas, en los artículos que cita el proyecto, pone el pago a cargo de las aseguradoras. En Mendoza el reintegro lo pide el juez o lo paga la parte, y en Córdoba la ley no dice quién paga. Los fundamentos tampoco informan qué resultados dieron esas leyes, y los propios autores escriben que hace falta «verificar la normativa actualmente vigente en cada jurisdicción».

En las notas publicadas el 26 de octubre, el día en que se difundió la gacetilla, no apareció ninguna otra voz sobre el proyecto: ni las aseguradoras, ni otros bloques, ni la Policía.

El proyecto tiene que tratarse ahora en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Si se convirtiera en ley, el Poder Ejecutivo designaría la autoridad de aplicación, que elaboraría el cuadro de aranceles. Además tendría 120 días desde la promulgación para reglamentarla, incluido el procedimiento para identificar a la aseguradora y pedirle el pago.