Creciente del Uruguay: diputados del PJ proponen que la Nación pueda postergar impuestos

Tres diputados nacionales del PJ entrerriano propusieron declarar por 180 días la emergencia económica, fiscal, productiva y social en Federación, Concordia, Colón, Uruguay y Gualeguaychú, los departamentos de la costa afectados por la creciente. El texto autoriza al Gobierno nacional a dar asistencia financiera, planes de pago y prórrogas de impuestos, pero no lo obliga ni crea un fondo.

La propuesta llega con el río alto. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que opera la represa binacional y emite el parte diario del río, prevé que en el puerto de Concordia no supere los 11,70 metros hasta las 15 del martes. La Municipalidad informó siete familias evacuadas hasta este lunes. En la Costanera de Concordia, el agua ya comprometía el domingo el tramo entre las calles Mitre y Carriego, según El Once.

Guillermo Michel, diputado nacional del PJ por Entre Ríos, difundió el proyecto el domingo 11 a la noche en X, firmado también por Marianela Marclay y Gustavo Bordet, sus compañeros de bloque. En el posteo explicó el propósito: «adelantarnos al problema y a darle al Gobierno nacional una herramienta para asistir a los vecinos, comerciantes, productores y al sector turístico de la provincia». En la gacetilla que reprodujeron varios medios agregó: «No hay margen para la inacción ante estas situaciones».

El texto se conoce por las dos imágenes con membrete de la Cámara de Diputados que Michel adjuntó a ese posteo, sin número de expediente ni fundamentos a la vista. Tiene cinco artículos. El primero dice que la ley se aplicaría a todos los sectores productivos, «en particular turismo y comercio», y deja al Poder Ejecutivo nacional ampliar la zona de emergencia a otras provincias, departamentos o localidades.

El artículo 2 empieza con «Facúltase al Poder Ejecutivo nacional», la fórmula con la que una ley habilita al Gobierno a hacer algo sin obligarlo. Lo habilita a dar «asistencia financiera especial a las actividades económicas damnificadas» y a abrir regímenes especiales de pago con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). También a prorrogar los impuestos sobre el patrimonio, los capitales o las ganancias y a suspender los juicios de ejecución fiscal, que son los que inicia el fisco para cobrar deudas impositivas.

El artículo 3 resuelve el financiamiento con otra facultad: reasignar «las partidas presupuestarias que resulten necesarias». El proyecto no fija un monto, y tampoco dice «aportes» ni «préstamos blandos», las palabras con que Michel resumió la asistencia en su posteo. Según ese mismo posteo, el senador nacional Adán Bahl, también del PJ entrerriano, «impulsará la medida desde el Senado».

Un esquema que la ley ya da al campo

La parte impositiva del proyecto tiene un antecedente directo. Sus incisos sobre la prórroga de impuestos y la suspensión de juicios repiten casi palabra por palabra los incisos a) y e) del artículo 23 de la Ley 26.509 de emergencia agropecuaria, sancionada en 2009. En el encabezado, donde la ley dice «explotación agropecuaria» el proyecto dice «actividad económica». Y lo que la ley ordena («se adoptarán») el proyecto lo deja como facultad del Ejecutivo, sin el plazo hasta el próximo ciclo productivo que fija la ley.

Esa ley ya da a los productores de las zonas en emergencia la prórroga de impuestos y la suspensión de juicios fiscales. Además, el fondo que crea, el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), puede dar créditos con tasas bonificadas: 25% en zonas de emergencia y 50% en las de desastre. También puede dar aportes no reembolsables.

Los beneficios no llegan solos. La provincia afectada tiene que declarar primero la emergencia y pedir la misma decisión a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que debe expedirse en 20 días. Cada productor, además, tiene que acreditar que perdió al menos la mitad de su producción o de su capacidad de producir. Lo que el proyecto agrega es llevar ese esquema impositivo al comercio, al turismo y al resto de las actividades, que la ley de 2009 no alcanza.

En dos de los cinco departamentos esa vía ya está en marcha, aunque por otra causa. El decreto provincial 3211, publicado el 1 de octubre, declaró la emergencia o desastre agropecuario en una zona de Concordia y del sur de Federación. La causa fue el temporal de viento del 18 de julio. Para los cultivos hortícolas rige hasta el 18 de enero de 2027, y para los demás, hasta el 17 de julio de 2027. Encarga al Ministerio de Desarrollo Económico gestionar ante la Nación «los instrumentos necesarios para la declaración de emergencia».

Después tiene que llegar el reconocimiento nacional. En 2025 ese paso llevó uno y dos meses: la Nación convalidó en octubre y en noviembre dos emergencias de cítricos de Federación y Concordia que la Provincia había declarado en septiembre.

La Provincia está en emergencia hídrica desde agosto

La otra herramienta vigente es provincial y rige por el mismo fenómeno. El decreto 2660 declaró la emergencia hídrica en todo Entre Ríos por 180 días desde el 27 de agosto, ante el pronóstico de El Niño. Permite contrataciones directas para obras y compras ligadas a la emergencia y autoriza a mover partidas del presupuesto, sin crear un fondo propio.

El gobernador Rogelio Frigerio, que firmó ese decreto, lo recordó en declaraciones que publicó El Destape el domingo: «Declaramos la emergencia hídrica y reforzamos las defensas contra inundaciones». La Liga de Intendentes del PJ, que agrupa a los jefes comunales justicialistas, le pidió en septiembre a la Provincia que informe «qué recursos va a destinar para atender esta emergencia, cuáles serán los criterios de distribución».

El comercio y el turismo, los sectores que el proyecto nombra, ya tienen un pedido propio en Concordia. Leandro Lapiduz, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, propone un fondo para los locales de la Costanera que se active automáticamente cuando el río alcance una altura fijada de antemano. Lo contó El Once, que recogió sus declaraciones a Diario Junio.

Según el relevamiento que mencionó Lapiduz, unos 20 locales habilitados podrían entrar en el fondo. Como referencia inicial, sin un cálculo definitivo, habló de entre 4 y 5 millones de pesos por mes por comercio. No hay fuentes de financiamiento definidas, y la propuesta se planteó a la Municipalidad de Concordia y a Salto Grande. Lapiduz pidió un sistema permanente, en lugar de gestiones cada vez que crece el río: «Me parece que tiene que haber un poco más de dignidad en ese sentido», dijo.

Para tener efecto, el proyecto todavía tiene que completar el trámite legislativo en las dos cámaras, y aun aprobado, cada medida dependerá de que el Gobierno nacional decida usarla. Hasta el lunes a la tarde, ninguna de las 20 notas sobre el proyecto reunidas en el relevamiento de Exacta, de 20 medios distintos, traía una respuesta del Gobierno provincial ni del nacional.