Entre Ríos aún no tiene un centro para adolescentes condenados

Jueces, fiscales y defensores penales juveniles de Entre Ríos comenzaron el viernes 30 una asistencia técnica de UNICEF para aplicar la ley 27.801, que rige desde el 5 de septiembre.

Con ellos estuvo el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que tiene a su cargo los centros cerrados para adolescentes, junto a la ONG chilena Corporación Opción, informó el Gobierno.

La ley permite juzgar penalmente a adolescentes desde los 14 años; con la ley 22.278, que la nueva norma derogó, el piso era de 16. «La nueva ley amplía el universo de adolescentes que pueden ingresar al sistema penal y eso nos exige prepararnos», dijo la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, en la gacetilla oficial del sábado 31.

De la primera jornada participaron el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro; la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Cecilia Goyeneche, y el juez penal de niños y adolescentes de Paraná Pablo Barbirotto. También estuvieron dos fiscales y cinco defensores del fuero, los que llevan las causas de adolescentes en los tribunales.

La asistencia es la continuidad de un trabajo previo. Sack lo había contado a mediados de octubre en Cuestión de Fondo, un programa de Canal 9 Litoral, en una entrevista que publicó el medio entrerriano Análisis. Allí dijo: «Desde hace varios meses venimos trabajando en conjunto con diversos ministerios para adecuar la provincia a la ley reglamentada recientemente». En esa conversación contó que el organismo ya contaba con «un convenio de cooperación con UNICEF para brindar asistencia técnica y capacitar a los profesionales del interior provincial».

Tras la jornada con la Justicia, los equipos de Libertad Asistida, de los centros cerrados y de las coordinaciones departamentales del Copnaf tuvieron su propia jornada técnica con los especialistas chilenos. También participaron representantes del servicio penitenciario. Libertad Asistida es el programa del Copnaf que acompaña sin encierro a adolescentes imputados por la Fiscalía. Según la gacetilla, trabajaron métodos para fijar con cada adolescente compromisos y objetivos, abordar el trato entre pares, sostener la motivación y aplicar la justicia restaurativa.

El Gobierno explicó que la ley establece que la privación de libertad debe ser excepcional y que por eso la preparación abarca tanto los centros cerrados como las intervenciones en libertad. Para la provincia, agregó, el proceso supone preparar infraestructura, pero también equipos especializados y herramientas para dar respuestas distintas según el caso, sin precisar plazas, personal ni presupuesto.

Dos centros de seis plazas, ninguno para condenados

Con qué cuenta hoy la provincia lo describieron en la entrevista de mediados de octubre Sack y Pablo Galarza, director de Protección Integral de las Adolescencias del Copnaf. Galarza explicó que los dos centros cerrados del organismo, uno en Paraná y otro sobre la costa del Uruguay, reciben a adolescentes con una medida cautelar y no a condenados. Esa medida es el equivalente a la prisión preventiva de los adultos.

«En principio la respuesta es no: no es el lugar adecuado para alojar a quienes reciban condenas», dijo. Según el funcionario, la ley no permite alojar en el mismo recinto a procesados y condenados, cada centro tiene lugar para seis jóvenes y los dos son exclusivamente masculinos.

La ocupación, a mediados de octubre, era baja: había dos adolescentes en el centro de la costa del Uruguay y el de Paraná llevaba un mes sin ocupantes, según Galarza. En Libertad Asistida había alrededor de 97 jóvenes, y desde la entrada en vigencia de la ley no se registró «un incremento significativo de ingresos en ninguna de las modalidades», dijo.

Sack dijo que se planifica «hacia el año 2027», en lo presupuestario y en lo administrativo, un espacio «diseñado específicamente para la detención de adolescentes condenados». Galarza habló de un cupo aproximado de «10 varones y dos mujeres» y de la necesidad de incorporar y capacitar personal especializado para ese centro. Hoy en los centros trabaja personal del Copnaf junto a efectivos del Servicio Penitenciario «que prestan servicio vestidos de civil», un esquema que el organismo busca repetir en el nuevo espacio.

Lo que el juez planteó en septiembre

Barbirotto figura entre los participantes de la jornada del viernes 30, aunque la gacetilla oficial no registra qué dijo allí. Sus planteos públicos sobre la ley son de septiembre, el mes en que entró en vigencia. El 1 de septiembre, en Litoral FM, dijo: «No se trata simplemente de encerrar; la ley exige centros específicos, con personal capacitado en psicología evolutiva y neurociencias, sin uso de armas de fuego y con protocolos de fuerza diferenciados».

El 7 de septiembre habló en Radio La Voz. Allí sostuvo que la provincia «debería tener mínimo dos lugares, uno en la costa del Uruguay y otro en la costa del Paraná, también diferenciados por cuestiones de género». Mientras esos lugares no existan, dijo, «la alternativa que da la propia ley es la prisión domiciliaria». En esa entrevista también opinó que los centros «deberían depender del Copnaf con personal capacitado del Servicio Penitenciario», que es como funcionan los dos actuales.

El medio entrerriano Economía y Política publicó el 8 de septiembre otra entrevista al juez, en el programa Ruido de Mate de Radio Costa. Allí advirtió: «Nos falta el primer elemento para saber si va a funcionar o no, que es el más importante, que es el presupuestario». También dijo que Entre Ríos está «en las mejores condiciones a nivel nacional» por su ley procesal, que fija un período de prueba que puede ser de un año antes de la pena. En sus palabras: «Estaríamos hablando de acá a un año y medio donde ya estarían los dispositivos».

Lo que la ley deja en manos de la provincia

La ley 27.801 es nacional, pero buena parte de su aplicación queda en cada provincia. Establece que el adolescente detenido debe estar en un «instituto adecuado de detención», con personal especializado, «que cada jurisdicción organizará». Establece también que las causas deben estar a cargo de jueces, fiscales y defensores con capacitación especializada. También deja a las provincias la regulación de los supervisores, los profesionales que el juez designa para seguir a cada adolescente con entrevistas semanales e informes mensuales.

La norma invita a las provincias a adecuar su legislación procesal y sus normas administrativas, sin fijarles un plazo. El único plazo que fija para ponerla en marcha es el de su propia vigencia, 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, el 9 de marzo.

Para el año de su entrada en vigencia, la ley asigna unos 23.700 millones de pesos, que van íntegros al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. Con las provincias, prevé convenios de colaboración y cooperación.

Según el decreto 875/2026, que la reglamentó en septiembre, la autoridad de aplicación en el ámbito de los tribunales nacionales y federales, los que no dependen de las provincias, es el Ministerio de Justicia. A las provincias las invita a integrar una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un ámbito «permanente y voluntario» de diálogo, y habilita convenios para desarrollar dispositivos especializados.

Según el relevamiento de Exacta, entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre el Boletín Oficial de Entre Ríos no publicó ninguna norma para aplicar el régimen. No hubo adecuación procesal, reglas sobre los supervisores, partidas ni la creación de un centro.

El centro para condenados sigue en etapa de planificación para 2027, sin un acto oficial publicado. Dentro del Estado provincial hay además otra lectura sobre los lugares disponibles. Según Análisis, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, que encabeza la defensa pública, sostuvieron que alcanzan los centros cerrados actuales del Copnaf. El medio no precisó cuándo ni en qué contexto lo dijeron, ni si se referían a alojar condenados. El Copnaf, que administra esos centros, sostiene que sirven para medidas cautelares y que los condenados necesitarán otro espacio.