Entre Ríos prevé concesionar con peaje la Ruta 26 tras el aval ambiental

Por el Decreto 3237/26, publicado el martes 27, el Gobierno de Entre Ríos declaró de interés público una propuesta para concesionar por 12 años unos 42 kilómetros de la Ruta Provincial 26. Es de las empresas Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y José Eleuterio Pitón S.A. e incluye obras y telepeaje entre la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 11.

El gobernador Rogelio Frigerio firmó el decreto el lunes 28 de septiembre. Lo refrendaron tres ministros: Hernán Daniel Jacob, de Planeamiento e Infraestructura; Guillermo Bernaudo, de Desarrollo Económico, y Manuel Troncoso, de Gobierno y Trabajo. La norma no adjudica la concesión. Reconoce a las dos empresas como promotoras de una iniciativa privada que presentaron sin convocatoria previa, y delega en la Dirección Provincial de Vialidad el proyecto definitivo y el procedimiento para elegir al contratista.

En ese régimen, una empresa propone una obra y fundamenta por qué es de interés público; el Gobierno la evalúa, decide si la declara así y recién después la licita. En este caso, la Secretaría General de la Gobernación concluyó en un informe que el proyecto «resulta viable» y recomendó declarar de interés público el proyecto.

Debate Pregón, diario de Gualeguay, difundió el decreto el jueves 29. Según Elonce, la Ruta 26 une las ciudades de Victoria y Nogoyá. El decreto define el tramo sólo por los dos cruces de rutas, sin nombrar localidades.

La descripción de las obras está en una cita del ministro Jacob que el decreto transcribe. Según esa cita, la iniciativa contempla «la reconstrucción del tramo urbano de pavimento de hormigón, la rehabilitación de la calzada en los sectores deteriorados, la adecuación de la señalización, la prestación de servicios al usuario y la incorporación de sistemas de telepeaje». El telepeaje es el cobro electrónico de la tarifa al paso del vehículo. El texto no precisa a qué localidad corresponde el tramo urbano.

El esquema es una concesión por 12 años en la que el concesionario se hace cargo del diseño, el financiamiento, la ejecución, la operación y el mantenimiento. La Provincia conserva el dominio de la ruta y sus funciones de regulación y control. Entre los beneficios esperados, el decreto pondera «la reducción de los tiempos y costos de traslado, la mejora de la seguridad vial, el fomento del desarrollo productivo y la generación de empleo local».

El estudio ambiental, antes de licitar

El paso que falta antes de cualquier llamado es ambiental. El estudio de impacto ambiental analiza los efectos de la obra sobre el entorno. Según el decreto, el que acompañaron las empresas «no ha sido aún evaluado ni aprobado por la Secretaría de Ambiente» al 28 de septiembre, cuando se firmó la norma. Por eso el decreto exige su aprobación definitiva como condición previa al llamado a licitación.

Cumplido ese requisito, la Dirección Provincial de Vialidad elaborará el proyecto definitivo y conducirá la selección del contratista. El decreto les reconoce a Pietroboni y Pitón, como promotoras, «los derechos que, en tal carácter, les correspondan» según el régimen, sin detallarlos. Tampoco fija el valor del peaje, el monto de la inversión ni fechas para la licitación o las obras.

Un régimen para atraer capital privado

La propuesta entró por el Régimen Provincial de Iniciativa Privada, aprobado por el Decreto 321/25. Frigerio lo había anunciado el 26 de noviembre de 2024, entre una serie de medidas para facilitar la inversión privada en obra pública. «Queremos impulsar la asociación pública- privada porque necesitamos obras que requieren grandes capitales que hoy el Estado no tiene», dijo entonces el gobernador, según la noticia oficial del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. El decreto de la Ruta 26 se apoya además en la Ley 10.564 de Contratos de Participación Público Privada.

Las dos promotoras integran, junto con las empresas Obring, Rovial y Edeca, el consorcio que tiene el Tramo Conexión de la Red Federal de Concesiones, una concesión nacional de obra pública por peaje. La Secretaría de Transporte de la Nación se lo adjudicó en noviembre de 2025, por la Resolución 80/2025. Según Elonce, ese tramo es el del puente Rosario-Victoria, sobre la ruta nacional 174.

Según La Capital, la rosarina Obring asumió esa concesión a comienzos de enero de 2026. El diario nombra como concesionaria a Conexión Alto Delta, «liderada por Obring», sin mencionar a Pitón ni a Pietroboni. Es una concesión nacional, distinta del trámite provincial de la Ruta 26.

Lo que sigue para que haya peaje en la Ruta 26 lo fija el propio decreto. La Secretaría de Ambiente tiene que aprobar el estudio de impacto ambiental, y Vialidad provincial, armar el proyecto definitivo y llamar a licitación. El valor del peaje, la inversión y las fechas recién vendrían con esa licitación, que definirá también qué empresa queda a cargo de la concesión.