El Senado de Entre Ríos sigue sin votar la ley de Ficha Limpia

El proyecto de Ficha Limpia que tiene en comisión el Senado de Entre Ríos impide ser candidato, durante diez años desde que la sentencia quedó firme, a quien tenga una condena confirmada en segunda instancia por ciertos delitos. Con esa regla, la condena por enriquecimiento ilícito de Domingo Daniel Rossi, firme desde 2007, ya no le impediría competir en 2027.

Rossi es intendente de Santa Elena, fue vicegobernador y es precandidato a gobernador por Hacer Futuro. Dice que su condena de 2006 ya no entra, pero sostiene que la ley se escribe para dejarlo afuera de la próxima elección. Su esposa, Patricia Díaz, es senadora por el departamento La Paz y única integrante del bloque Hacer Futuro, y es a ella a quien un senador del oficialismo atribuyó la última demora del proyecto.

La ley en juego es más amplia que la ficha limpia. El proyecto de Transparencia y Ética Pública que mandó el gobernador Rogelio Frigerio tiene 42 artículos. Reglamenta el artículo 37 de la Constitución provincial, que pide una ley de ética para la función pública, y el 40, que prohíbe acumular empleos públicos. Además de la ficha limpia, fija qué deben declarar los funcionarios sobre su patrimonio, qué cargos son incompatibles y qué regalos no pueden recibir.

Tuvo media sanción de Diputados el 29 de agosto de 2024 y está en el Senado desde el 4 de septiembre de ese año.

La ficha limpia está en los artículos 23 y 24. El primero alcanza a funcionarios y empleados públicos; el segundo prohíbe a los partidos inscribir como candidatos, en elecciones provinciales, municipales y comunales, a quienes tengan condena por ocho grupos de delitos. La lista incluye los delitos contra la administración pública, entre ellos el enriquecimiento ilícito, y los económicos, los homicidios, los delitos sexuales y los delitos contra la libertad, entre otros. Los partidos tienen que presentar el certificado de antecedentes penales de cada candidato.

El punto central es qué condena alcanza. El texto pide una «sentencia condenatoria en cámara revisora, asegurando el doble conforme»: basta con que un tribunal superior haya confirmado la condena, aunque la defensa todavía pueda recurrir a la Corte Suprema. La alternativa que se discutió en el Senado es la sentencia firme, la que ya no admite ningún recurso. El impedimento dura «diez (10) años contados a partir de la fecha en que quedara firme la sentencia condenatoria». El Senado no publicó hasta ahora ningún dictamen ni texto modificado.

El texto no dice nada sobre las condenas anteriores a la ley. Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de la provincia y uno de los funcionarios que siguen el proyecto, dijo que es «una discusión que está abierta». Él cree, «en principio», que «los que ya tienen condena no podrían ser candidatos».

La condena de Rossi quedó afuera por el plazo

En 2006, la Justicia entrerriana condenó a Rossi por enriquecimiento ilícito, por hechos de sus años como intendente y vicegobernador, a tres años de prisión condicional y ocho de inhabilitación para cargos públicos. La condena quedó firme en 2007, cuando el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el recurso extraordinario de su defensa, y la Corte Suprema rechazó la queja en 2009.

La cuenta de Exacta parte de esas fechas. Si los diez años del proyecto se cuentan desde 2007, o a lo sumo desde 2009, cuando habló la Corte, el plazo terminó a más tardar en 2019. Vale para el texto que aprobó Diputados, porque el Senado puede cambiar el plazo, y no alcanza a una condena nueva por otra causa.

La conclusión coincide con lo que sostienen Rossi y su abogado. El intendente lo dijo en Radio La Voz: «yo no estoy comprendido con Ficha Limpia, porque mi sentencia condenatoria hace más de 20 años y esto habla de 10 años». Carlos Reggiardo, asesor del bloque de Díaz, funcionario legal del municipio de Santa Elena y abogado defensor de Rossi, sostuvo que el plazo de diez años ya se habría cumplido, según Diario Junio.

El reparo de Rossi apunta a las causas nuevas. «La Ficha Limpia la hacen para el doble conforme», dijo, y agregó que el objetivo es «sacarme a mí y a Reggiardo, que no seamos candidatos». Al día siguiente, Diario Junio le atribuyó otra frase: «Si se aprueba esta ley tal como la impulsan, no voy a poder ser candidato a gobernador».

En declaraciones que publicó Política con Vos, Rossi puso como ejemplo una condena de seis meses por falsa denuncia confirmada en Casación: «con ese doble conforme te proscriben por diez años». La falsa denuncia no figura entre los delitos contra la administración pública que enumera el texto de Diputados.

Dos vueltas a comisión y un cambio que se revirtió

En agosto, el proyecto llegó a estar convocado para una sesión especial. En la comisión de Legislación General había aparecido un cambio que reemplazaba el doble conforme por la condena firme. Rubén Dal Molín, senador por Federación y presidente del bloque Juntos por Entre Ríos, lo anticipó en Plazaweb: «el proyecto venía con doble conforme, y acá en senadores seguramente va a salir con sentencia firme».

La organización civil Entre Ríos Sin Corrupción advirtió la modificación y el expediente volvió a comisión, según Análisis; Dal Molín lo atribuyó a un pedido del Poder Ejecutivo para revisar un artículo. Gastón Marra, consultor y principal impulsor de la ficha limpia en el país, sostuvo que exigir la condena firme no agrega nada, porque esa condena ya inhabilita por el Código Penal. Para él, «pedir una ficha limpia con condena firme es lo mismo que nada, es la nada misma».

El 16 de septiembre el proyecto estaba en el orden del día y volvió otra vez a comisión, por unanimidad. Lo pidió el peronista Juan Pablo Cosso, senador por Villaguay del bloque Más para Entre Ríos y presidente de Asuntos Constitucionales: «desde nuestro bloque queremos hacer algunos aportes al tratamiento del mismo».

Una semana después, Cosso informó que «la parte conocida como ficha limpia hemos consensuado con la regla del doble conforme». El 30 de septiembre, Reggiardo expuso ante las comisiones diez cambios de Díaz. Entre ellos figuran las declaraciones juradas anuales, el acceso público a la información patrimonial y una «ficha limpia con doble conforme y plazo vinculado a la condena». Marcelo Berthet, senador por San Salvador y presidente del bloque Más para Entre Ríos, se mostró dispuesto a firmar un dictamen que contemple las modificaciones.

Los votos están y cada bloque culpa a otro

Según la cuenta de Letra P que publicó Análisis, Juntos por Entre Ríos tiene 8 de las 17 bancas y llega a 9 con una aliada. Es Gladys Domínguez, senadora por Feliciano del bloque Peronismo Federal, que acompaña al oficialismo.

Rafael Cavagna, senador por Nogoyá de Juntos por Entre Ríos, dijo en Radio Plaza que el proyecto no se aprobó «porque se introdujeron ayer nuevas modificaciones y lo estamos trabajando». Contó que Díaz «introdujo 10 modificaciones puntuales» y marcó un límite: «Queremos el doble conforme, a eso no lo vamos a negociar bajo ningún punto de vista».

Vitor dio otra explicación en la misma radio: «No hemos tenido la mayoría necesaria». Agregó que la demora también se debe a la discusión sobre las incompatibilidades de los funcionarios. Berthet le respondió que «la mayoría en ambas Cámaras la tiene el oficialismo desde junio de 2025. Por eso resulta llamativo que se pretenda explicar la demora de un proyecto por una supuesta falta de mayoría».

Víctor Sanzberro, senador peronista por Victoria, dijo que el oficialismo «cuenta con los votos para hacerlo». Sobre la ficha limpia aclaró: «no impulsamos ninguna modificación». Los cambios de su bloque apuntan a las declaraciones juradas, para que incluyan criptoactivos y el valor de mercado de los bienes.

Díaz respondió en una publicación que Política con Vos reprodujo este martes. «El Gobierno tiene los votos para aprobar la ley de Ética Pública y Ficha Limpia», escribió, y agregó que, si la ley no avanza, el Gobierno «debe hacerse cargo de esa decisión». En un comunicado anterior, difundido por Infopaer, había afirmado que sus propuestas mantienen el doble conforme.

Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales se reunían este miércoles a las 10 para intentar un dictamen, y el Senado tiene sesiones previstas para martes, miércoles y jueves. Si el texto cambia, vuelve a Diputados, que puede aceptar las modificaciones o insistir con su versión. Cavagna prometió un plazo: «Obviamente este año lo vamos a convertir en ley».