El Senado entrerriano aprobó con cambios el proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia

Los 16 senadores presentes aprobaron hoy con modificaciones el proyecto de Ética Pública y Ficha Limpia, que vuelve a Diputados, la cámara que lo votó en 2024. Llegó al recinto con el texto que acordaron las comisiones. Si ese texto se convierte en ley, las declaraciones juradas de los funcionarios, hoy en sobre lacrado, tendrán un resumen público en internet.

La ley alcanzaría a los funcionarios de los tres poderes, de los órganos de control, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y de las empresas del Estado. También a las autoridades de todos los municipios y comunas. Y a quien quiera ser candidato. Los partidos no podrán inscribir a nadie que tenga una condena confirmada en segunda instancia por alguno de los delitos que enumera el texto. La lista va desde los delitos contra la administración pública hasta los que atentan contra la integridad sexual.

El proyecto es del Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio. Diputados le dio media sanción el 29 de agosto de 2024 y desde septiembre de ese año estaba en el Senado. Allí, las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos firmaron el 21 de octubre un dictamen que aconseja aprobarlo «con las modificaciones introducidas».

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, habló al término de la reunión de gabinete del martes 10, según la gacetilla oficial. Dijo que el Gobierno esperaba la votación «con muchas expectativas, porque es una ley que para nosotros es muy importante y conforma un hito de gestión».

Del sobre lacrado a internet

La ley que rige hoy es la 3.886, que el portal entrerriano Página Política fecha en 1953. Según su texto, las declaraciones juradas patrimoniales «se presentarán bajo sobre lacrado firmado y serán de carácter secreto». Sólo se abren en una investigación por enriquecimiento ilícito, a pedido de quien la firmó o de sus sucesores, o por requerimiento de un juez o autoridad competente. Quien viole ese secreto es exonerado.

En los municipios, esa ley sólo obliga al intendente, los secretarios, el contador y el tesorero de Paraná, la capital, e invita a los demás a adherir. Y después de la primera presentación, sólo obliga a hacer una nueva si el patrimonio cambia en forma sustancial.

El dictamen la deroga y divide la declaración en dos. La detallada queda secreta, bajo custodia de la autoridad de aplicación, el organismo que controla que la ley se cumpla. La resumen es pública: puede consultarla «cualquier persona con la sola condición de su identificación» y se publica en el sitio web de esa autoridad, junto con la lista de quienes cumplieron y quienes no.

La presentan los funcionarios de los tres poderes y las autoridades de todos los municipios y de las comunas. En los municipios son el presidente y el vice municipal, los secretarios, los concejales, el contador, el tesorero y el juez de faltas. Según el artículo 30, cada municipio puede fijar su propia autoridad de aplicación y sus normas en la carta orgánica o por ordenanza. La declaración se presenta en tres momentos: al asumir, al dejar el cargo y cada año antes del 31 de julio.

Lo que no se publica está en el artículo 11: el banco y el monto de los depósitos, los números de cuenta y la ubicación de los inmuebles. Tampoco se publican la razón social y el CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) de las sociedades en las que el funcionario participa, ni la nómina de sus socios o beneficiarios finales. Esa información «sólo podrá ser revelada a requerimiento de la autoridad judicial».

Esa apertura ya estaba en el texto que aprobó Diputados en 2024, con la publicación en internet y la lista de cumplidores e incumplidores. Las comisiones del Senado la mantuvieron y la dividieron en los dos formatos.

El impedimento dura lo que la pena

La ficha limpia, en los artículos 23 y 24, impide ser funcionario o candidato a quien tenga una condena por ocho grupos de delitos del Código Penal. Abarcan algunos delitos contra las personas, la libertad, la propiedad, la integridad sexual y el estado civil, que el texto enumera artículo por artículo. También algunos de los cometidos contra el orden económico y financiero, la administración pública y los poderes públicos y el orden constitucional.

El texto de Diputados fijaba el impedimento en diez años contados desde que la condena quedara firme. El dictamen lo hace correr desde la sentencia de segunda instancia que confirma la condena, aunque esté recurrida, y hasta que se revoque o se cumpla la pena. Es el cambio que contó Exacta el 21 de octubre, el día del dictamen. La exigencia de que dos instancias coincidan en la condena, lo que en derecho se llama doble conforme, ya estaba en el texto de Diputados.

Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico del Gobierno provincial, defendió el proyecto el martes 10 en el programa «Amanece... que no es poco», de Radio Plaza. Dijo que la inhabilitación quedó «en relación con la pena»: «si alguien es condenado a cinco años, la inhabilitación para ser candidato es de cinco años». En el texto, el plazo empieza con la sentencia de segunda instancia, de modo que cuánto dura en cada caso depende de cuándo llegue esa sentencia y de cuándo se termine de cumplir la pena.

A quien ya ocupa un cargo, la condena de primera instancia lo suspende y le deja la mitad del sueldo; con la de segunda, cesa. Y el texto obliga a los partidos a presentar, para cada precandidato y candidato, un certificado de antecedentes penales de no más de 30 días. Si falta y no se reemplaza en 48 horas, la lista se considera incompleta y no puede participar de la elección.

Multas sobre el sueldo de cada cargo

El dictamen también cambió las multas para quien no presenta la declaración. En el texto de Diputados iban del 10 % al 25 % del sueldo bruto del gobernador y podían duplicarse si el incumplimiento seguía o se repetía. En el dictamen van del 5 % al 50 % del sueldo bruto del cargo de quien no cumple, y el máximo puede llegar al 100 % si reincide dentro de los dos años. Las dos escalas parten de bases distintas: una, del sueldo del gobernador; la otra, del de cada funcionario.

La presentación anual es un agregado del Senado: Diputados exigía una declaración dentro de los 60 días hábiles de asumir y una última al dejar el cargo.

Cambió además lo que rige después de dejar el cargo. Diputados extendía las incompatibilidades del funcionario, como ser proveedor del Estado, a los dos años posteriores al cese. El dictamen fija otra regla, por un año: quien intervino en forma directa en regular, fiscalizar o contratar con una persona o empresa no puede representarla ni hacer gestiones por ella ante el mismo organismo.

En el Poder Ejecutivo, la autoridad de aplicación será una Oficina de Ética Pública. Su titular se elige por concurso de antecedentes y oposición y dura cinco años, con una sola reelección posible, igual que en el texto de Diputados. El Poder Legislativo y el Judicial tienen 120 días desde la entrada en vigencia para fijar la suya.

Del acuerdo en comisión a la votación

El dictamen salió de un acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Juan Pablo Cosso es senador por Villaguay del bloque peronista Más para Entre Ríos y preside la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. El 21 de octubre dijo, según la nota oficial del Senado, que «hemos arribado a un consenso». Agregó que su bloque quería cambios que no entraron: «si bien hay algunas modificaciones que a nosotros nos hubiera gustado que estén y no se incorporaron, entendimos la necesidad de apoyar esta ley que fue enriquecida, para que pueda salir».

Ese mismo día, en declaraciones que publicó Página Política, Cosso advirtió que «Ficha Limpia no puede ser una consigna para la foto». La senadora Patricia Díaz, de La Paz y del bloque Hacer Futuro, no estuvo en la reunión de comisión y presentó un texto propio, que se sumó al expediente.

En Diputados, según el portal Análisis Digital, la votación de 2024 fue unánime en general y en particular, salvo un artículo que no votó el bloque de La Libertad Avanza. Desde el Gobierno, Vitor dijo que las modificaciones del Senado «lo enriquecen al proyecto».

En el recinto, después de la votación, seis senadores pidieron la palabra para fundar sus votos, según la gacetilla del Senado. Cosso valoró las modificaciones en las declaraciones juradas, la autonomía de la Oficina de Ética Pública y las garantías constitucionales para aplicar la Ficha Limpia.

Víctor Sanzberro, senador por Victoria del bloque Más para Entre Ríos, destacó el sistema dual de declaraciones, con una parte reservada para auditar y otra de acceso público. También destacó las exigencias para transparentar las participaciones en sociedades, identificar a sus beneficiarios finales y declarar criptoactivos, los activos digitales como las criptomonedas. Dijo que «hoy la riqueza no se mueve solo en papel moneda», según la crónica de la agencia APF.

Díaz acompañó el proyecto, pero dijo que «se queda a mitad de camino» en materia de transparencia. Según la gacetilla, en comisión se incorporaron aportes suyos, como la presentación anual de las declaraciones juradas y la inclusión de criptoactivos. En el recinto planteó que hacen falta más controles sobre cómo evoluciona el patrimonio de los funcionarios, sobre sus participaciones en sociedades y sobre las contrataciones del Estado.

Marcelo Berthet, senador por San Salvador, preside el bloque justicialista, según el comunicado de esa bancada que publicó Debate Abierto. Dijo que quedaron temas pendientes, como declarar los vínculos familiares para evitar el nepotismo y valuar los bienes a precios de mercado. «Esta ley es un punto de partida, no de llegada», sostuvo.

Ahora el proyecto vuelve a Diputados, que tendrá que definir si acepta las modificaciones, como explicó Cosso el día en que se firmó el dictamen. Vitor dijo el martes 10 que allí «seguramente a la brevedad lo van a sancionar». Si llega a ser ley, quienes ya estén en funciones tendrán 60 días para presentar su declaración, contados desde el requerimiento de la autoridad de aplicación.