Senadores peronistas de Entre Ríos piden limitar las compras de software sin licitación

El bloque de senadores justicialistas propuso este miércoles 28, en un comunicado, condicionar las compras directas de software que habilita el proyecto de Transformación e Innovación Digital. La propuesta incluye informes técnicos, un plazo máximo de 36 meses y un tope de doce meses para el pago anticipado. Ese día expusieron en la comisión del Senado funcionarios del Ejecutivo.

El proyecto lo envió el Ejecutivo provincial, y la Cámara de Diputados lo aprobó el 23 de septiembre con los votos del oficialismo. Agrega a la ley provincial de contabilidad, la 5.140, un caso nuevo de contratación directa, en la que el Estado elige al proveedor por negociación. Abarca el software, las licencias y los servicios en la nube que se pagan por adelantado. Son las reglas con las que el Estado entrerriano compraría tecnología, y uno de los controles de la propuesta del PJ ya se había aceptado en la comisión de Diputados.

«La contratación directa tiene que ser una excepción debidamente justificada, no una autorización abierta», dijo en el comunicado Martín Oliva, senador por Uruguay del bloque peronista Más para Entre Ríos. Oliva preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado, que estudia el proyecto. Según el comunicado, cada compra directa tendría que apoyarse en informes técnicos fundados y comparar las alternativas y el costo total.

Además, el bloque propone límites presupuestarios y prohibir que un contrato se divida en partes para esquivarlos. Para que el Estado no quede atado a un único proveedor, plantea prever cómo sale de un servicio y se lleva sus datos.

El pago anticipado no podría superar el equivalente a doce meses de servicio. Los gastos con tarjetas corporativas y billeteras digitales se rendirían cada mes ante la Contaduría General, con aviso al Tribunal de Cuentas. El bloque impulsa además la publicación de cada contratación con el proveedor, el monto y el funcionario responsable. También propone reglas para las alianzas con entidades privadas y académicas, y que la inteligencia artificial en las compras no altere las reglas de selección. La propuesta se conoce por ese comunicado, que no trae el texto de los artículos.

La gacetilla oficial del Senado sobre la reunión de la comisión no menciona esa propuesta. Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de la Provincia, defendió el proyecto en las dos cámaras. En el Senado dijo que el Ejecutivo quiere «un Estado ágil, concreto y cercano» y puso el foco en adecuar la Ley de Contrataciones.

Alejandro Mildenberger, director general de Modernización Administrativa, destacó la importancia de «un marco flexible, de modificación y actualización ágil». Lo asoció a evitar contrataciones con intermediarios que encarecen los procesos, y concluyó: «nos falta el marco regulatorio». También expuso Jorge Kerz, exsecretario de Articulación Educativa, que habló de protección de datos y de inteligencia artificial y dijo que «la ley es necesaria».

Compras directas con pago por adelantado

El artículo 48 del proyecto suma el nuevo caso a la ley de contabilidad. Alcanza al software de propiedad exclusiva o por suscripción y a las licencias, de proveedores del país o del exterior, cuando el pago deba hacerse antes de recibir el servicio. También incluye el llamado SaaS, programas que se usan por internet y se pagan como un abono. Los artículos 49 y 50 autorizan ese pago anticipado, total o parcial, cuando sea «una condición habitual y necesaria» del servicio. Los controles de esos pagos quedan para la reglamentación.

El artículo 51 encarga al Ejecutivo gestionar tarjetas de crédito corporativas y billeteras digitales para hacer esos pagos. El 53 lo faculta a «adaptar y transformar el régimen de compras tradicional» por vía reglamentaria, con plataformas digitales e inteligencia artificial.

La razón del Ejecutivo consta en el acta de la comisión de Diputados del 11 de agosto. Emanuel Gainza, secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, encabeza el área que el proyecto designa como autoridad de aplicación. En esa reunión explicó que las plataformas internacionales exigen el pago previo. Gainza advirtió que, sin esta herramienta, el Estado tendría que recurrir a intermediarios locales, con sobrecostos de hasta cinco u ocho veces, según el acta.

El 23 de septiembre, en el recinto, defendió el mismo punto la presidenta de esa comisión, la diputada oficialista Susana Pérez. Dijo que hoy la Provincia no puede dar casillas de correo seguras a toda la administración y que «hay que poder comprar lo que hace falta».

El texto con media sanción no fija topes de plazo ni de pago anticipado y no exige un informe técnico. Tampoco prohíbe dividir contratos ni obliga a publicar las contrataciones, y la transparencia figura entre los objetivos del régimen. Esos controles podrían llegar con la reglamentación, que el Ejecutivo dictaría una vez sancionada la ley. El comunicado del PJ quiere escribirlos en la ley.

Lo que se acordó en Diputados y no quedó en el texto

El 11 de agosto, en la primera reunión de la comisión de Diputados con los funcionarios, intervino el diputado Roque Fleitas, de La Libertad Avanza. Fleitas sugirió exigir, para esas compras, un informe técnico fundado de la Dirección de Informática, que justifique por qué el proveedor es exclusivo o por qué no hay alternativas que cumplan la misma función. Laura Stratta, presidenta del bloque justicialista en Diputados, la validó y Vitor la aceptó, según el acta. Las actas son resúmenes de cada reunión, no versiones taquigráficas.

Esa reunión también trató el artículo 53. Los diputados que lo objetaban dijeron que no podía aprobarse un artículo que funcionara como un «cheque en blanco» para modificar la ley 5.140. Los funcionarios explicaron que sólo buscaban pasar las compras del papel al formato digital, y el acta registra el acuerdo de reescribirlo para limitarlo a eso. El 25 de agosto, Pérez repitió que se revisaría su redacción.

En esa reunión del 25 de agosto, Dante Giles, asesor de la Contaduría General de la Provincia, dijo que la excepción del artículo 48 debía justificarse con un dictamen legal y técnico. Agregó que el pago anticipado tenía que ser acotado y restrictivo, aunque defendió la necesidad de habilitarlo. El 1 de septiembre, Sandra Varas, abogada de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el gremio de empleados públicos, expuso en la comisión. Varas señaló con preocupación que los pagos anticipados omiten la intervención previa de la Contaduría.

Ese día, Stratta observó que las objeciones sobre compras directas no estaban en el borrador de dictamen. Pérez respondió que era imposible incluir todas las propuestas, porque algunas eran redundantes o contradecían el texto original.

El texto con media sanción no incluye el informe técnico. Los artículos 48 y 53 tienen la misma redacción que el proyecto que envió el Ejecutivo en junio. En el capítulo de compras, el único agregado fue el párrafo del artículo 49 que deja a la reglamentación los controles del pago anticipado. Otro cambio acordado el 11 de agosto sí entró: el que impide que un trámite se frene porque el ciudadano no tiene domicilio electrónico.

Un día antes de la votación, en la última reunión de la comisión, habló Leonel Rodríguez, que coordina el área legal, técnica y administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Según el acta, dijo que la neutralidad de las compras directas la garantiza el informe técnico del área de Modernización e Informática. Esa área evalúa las alternativas del mercado, pero el texto aprobado no le impone ese informe. Los funcionarios agregaron que la Contaduría y el Tribunal de Cuentas conservan sus facultades de auditoría sobre las rendiciones.

Del proyecto alternativo a los cambios sobre el texto oficial

En Diputados, el bloque justicialista no acompañó el proyecto y presentó un dictamen de minoría con un texto propio. Ese texto ya admitía la compra directa de tecnología sólo con una justificación técnica y económica fundada, con análisis de alternativas y costo total. También exigía condiciones de salida y portabilidad de los datos, y obligaba a publicar cada año las contrataciones tecnológicas con el funcionario que las autorizó.

En el Senado, el bloque trabaja sobre el texto oficial. En la primera reunión de la comisión, el 13 de octubre, Oliva dijo estar «de acuerdo con el espíritu de la ley». Víctor Sanzberro, senador por Victoria del mismo bloque, marcó la diferencia con Diputados: «nosotros estamos para trabajar en conjunto sobre el proyecto del Ejecutivo». Buena parte de la propuesta del comunicado retoma aquel dictamen de minoría. Los topes de 36 meses para los contratos y de doce meses para el pago anticipado, y la prohibición de fraccionar, son nuevos.

Al término de la reunión del Senado, Oliva dijo que los aportes escuchados se tendrán en cuenta en el articulado y que hay que consolidar consensos para alcanzar «un buen producto». La comisión todavía tiene que emitir su dictamen, y si el Senado cambia el texto, el proyecto vuelve a Diputados. UPCN también pidió participar del debate en el Senado, aunque su reclamo de octubre apunta al capítulo laboral. Carina Domínguez, secretaria adjunta del gremio, dijo que el único artículo sobre los derechos de los trabajadores «es como un premio consuelo que no fue consensuado con nosotros».