Imputabilidad a los 14: una pelea que se dio en los tribunales, con muy pocas cifras en los títulos

Desde el 5 de septiembre, en la Argentina un adolescente de 14 o 15 años puede ser juzgado y condenado por un delito. Es la Ley 27.801, sancionada en febrero. En tres semanas, dos juezas la frenaron, dos cámaras de apelaciones revocaron esos fallos y hubo denuncias y pedidos de juicio político contra las dos magistradas. El relevamiento de Examedia registró 1.081 notas con el tema en el título, en 172 medios, 288 de ellas en medios entrerrianos; son 930 títulos distintos, porque muchas notas se replican. Esta nota ordena qué dice la ley, qué sostiene cada lado y qué muestran los datos, que casi no aparecieron en los títulos.

Qué dice la ley

• A quién alcanza: a los adolescentes de 14 a 18 años. Hasta ahora no eran punibles los menores de 16; esa edad regía desde 1983. El decreto-ley de 1980 la había fijado en 14.
• La pena máxima: 15 años. Quedan prohibidas la prisión y la reclusión perpetuas.
• Penas alternativas: para los delitos con pena prevista de hasta 3 años, la prisión se debe reemplazar por otras medidas, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño o amonestación (que nunca va sola), siempre que se cumplan las condiciones de la condena condicional. Entre 3 y 10 años, puede reemplazarse sólo si no hubo muerte ni violencia grave, el adolescente no tiene antecedentes, hay un dictamen pericial, el fiscal está de acuerdo y se escuchó a la víctima.
• Dónde se cumple: en institutos especializados que organiza cada provincia, sin contacto con adultos.
• La plata: para el ejercicio 2026, el de su entrada en vigencia, $23.739.155.303,08: $3.131.996.784,28 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518,80 para la Defensoría General de la Nación. No hay partida para las provincias, que son las que tienen que alojar a los adolescentes; la ley prevé convenios entre la Nación y las provincias, sin montos. El 25 de septiembre, el Ministerio de Justicia creó un Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (Resolución 484/2026).

Las versiones

La del Gobierno y la mayoría de la opinión pública. La ley busca que los delitos graves de chicos de 14 y 15 años tengan respuesta penal. Patricia Bullrich la celebró con un «se terminó la impunidad». Tiene respaldo social: en febrero, la encuestadora Opinaia midió un 80% a favor de bajar la edad y un 15% en contra.

La de las juezas y los defensores. Las dos juezas que frenaron la ley lo hicieron por caminos distintos. El 7 de septiembre, la jueza Marta Pascual, de Lomas de Zamora, suspendió la ley por 60 días en toda la provincia de Buenos Aires con una medida cautelar, en un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. No la declaró inconstitucional: su argumento fue que los centros para adolescentes no tenían lugar, personal ni condiciones para recibir a más chicos. El 21 de septiembre, la jueza porteña Laura De Marinis hizo control de constitucionalidad en un caso: declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley para un chico de 14 años acusado de una tentativa de robo, y lo sobreseyó. Entre sus argumentos, que bajar la edad era regresivo y desproporcionado frente a derechos ya reconocidos. Después defendió su fallo: «No es un mensaje de impunidad». En Entre Ríos, el Defensor General Maximiliano Benítez sostuvo que «si el objetivo de esto es lograr mayor seguridad ciudadana, eso no se va a lograr con la baja de la edad de punibilidad».

La de las cámaras de apelaciones. Las dos decisiones fueron revocadas. El 15 de septiembre, la Cámara de Lomas de Zamora revocó la suspensión a pedido del fiscal. Citó un fallo de la Corte Suprema de 2010, «Thomas», sobre la ley de medios, según el cual «ningún juez argentino posee facultades para suspender una ley con efectos generales», ni siquiera como medida cautelar. Pero no desconoció el problema de los institutos: indicó que el juez de cada caso deberá «ordenar medidas urgentes dentro del marco legal vigente y requerir a la administración los recursos necesarios». El 25 de septiembre, la Cámara porteña revocó por unanimidad el sobreseimiento y apartó a De Marinis del caso. En el voto que lideró el acuerdo, el juez Ignacio Mahiques escribió que el control judicial «no autoriza a sustituir una opción legislativa por otra sólo porque la segunda parezca más conveniente, menos punitiva o preferible desde una determinada concepción de política criminal». Según la Cámara, se puede discutir la ley, pero no reemplazarla desde un juzgado. Ignacio Mahiques es hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. La decisión de la Sala fue unánime.

La de quienes pidieron juzgar a las juezas, y la de quienes las respaldaron. Contra Pascual, los pedidos llegaron antes de que su fallo fuera revisado: el 8 de septiembre, la asociación Usina de Justicia la denunció penalmente por usurpación funcional y abuso de autoridad, y el 11 de septiembre se presentaron tres pedidos de juicio político por mal desempeño en el Senado bonaerense, del diputado Manuel Passaglia (Hechos), del senador Guillermo Montenegro (PRO) y del abogado Alfredo Drocchi. La Cámara revocó el fallo el 15 de septiembre. La Libertad Avanza bonaerense, que había anticipado su pedido el 8 de septiembre, lo oficializó el 22 de septiembre. Contra De Marinis, Jorge Macri anunció el pedido de juicio político el mismo 21 de septiembre, un día antes de que la fiscalía apelara, y dijo que la sentencia estaba «manchada de sangre»; el 23 de septiembre, el Gobierno porteño la denunció ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño.

Del otro lado, más de 90 jueces porteños (91 firmas) respaldaron a De Marinis, no necesariamente a su fallo, y sostuvieron que «la promoción de un juicio político como respuesta al contenido de una sentencia agravia seriamente la independencia judicial». Y Bullrich tomó una posición propia. El 24 de septiembre dijo: «Yo estoy totalmente en contra, totalmente en contra, de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil». Pero en la misma exposición se desmarcó del jury: «Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia». Y agregó: «Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual». Antes había sido más dura: en una entrevista en TN, al día siguiente del fallo, sugirió que Pascual actuó en complicidad con Kicillof y el 15 de septiembre, tras la revocación, escribió «Pararon a la jueza prodelincuentes».

Lo que dicen los datos

En los títulos casi no hubo cifras. De los 284 títulos distintos que traían algún número, descartadas las edades, los números de ley y los plazos, sólo 9 traían una cifra sobre el fenómeno (cuántos chicos hay en el sistema, cuántos delitos, denuncias, detenidos o plazas), el 0,8% de las notas. Todas eran provinciales: Santa Fe, Salta, Misiones, Santa Cruz, Chubut, Jujuy y Mendoza. Ninguna traía una estadística nacional. Estas son las cifras que existen, con una advertencia: casi ninguna separa a los chicos de 14 y 15 años, que son los que la ley incorpora.

• Cuánto pesan los menores de 18 en el delito. En la provincia de Buenos Aires, el fuero penal juvenil, que bajo el régimen anterior juzgaba casi sólo a chicos de 16 y 17 años, tuvo en 2025 el 2,2% de las causas penales. En los homicidios dolosos de 2024, en la misma provincia, los menores de 18 eran 90 de 1.168 imputados, el 7,7%, y en el 64,3% de esas causas participaban también adultos. El dato que más se acerca a los 14 y 15 años es nacional: el Ministerio de Seguridad registró en 2024 14 inculpados de 10 a 15 años sobre 2.290 por homicidio doloso, un 0,6%. Como 598 no tienen la edad registrada, sobre los 1.692 con edad conocida es un 0,8%. El propio informe advierte posibles duplicados.
• Cuántos están en el sistema. En el primer semestre de 2023 había 4.156 personas en el sistema penal juvenil del país, y más de la mitad, 2.172, ya tenía 18 años o más. Los 1.971 de hasta 17 años eran menos del 0,1% de los chicos de 14 a 17; sólo 44 tenían menos de 16. En Entre Ríos había 127 personas en el sistema, incluidos mayores de 18: 126 con medidas en territorio y 1 privada de libertad.
• Si hay lugar. En la provincia de Buenos Aires, en septiembre había 679 jóvenes alojados para 648 plazas, según la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense, citada por Chequeado. Es la cifra del Ejecutivo provincial, parte del conflicto, y es la situación que alegó la jueza Pascual.
• Si bajar la edad baja el delito. Uno de los pocos estudios que evaluaron una baja de la edad con datos de toda la población es de Dinamarca, que la bajó de 15 a 14 durante 20 meses, entre 2010 y 2012, y después volvió a 15. Con registros de 162.959 personas, los autores concluyeron (la traducción es nuestra): «no encontramos evidencia de que bajar la edad redujera el delito entre los de 14 años». Los delitos denunciados aumentaron durante la reforma, sobre todo entre los chicos de 14 con antecedentes. No es la Argentina y fue una reforma temporal.

Los datos no alcanzan para cerrar la discusión, ni hacia un lado ni hacia el otro. No hay una estadística oficial que separe a los chicos de 14 y 15 años: casi todas las cifras son de menores de 18, sobre todo de 16 y 17, que ya eran punibles. Muestran que el delito de los menores de 18 es una parte chica del total y, en los homicidios bonaerenses, que muchas veces aparece junto a adultos. Pero chica no es cero, y detrás de cada caso hay víctimas.

Lo que dice la ONU, que sirve a los dos

Las dos partes citan a las Naciones Unidas, y las dos tienen algo de razón. La Observación General 24 del Comité de los Derechos del Niño, de 2019, dice que la edad mínima más común en el mundo es 14 y alienta a los países a fijarla en 14 como mínimo. La Argentina ahora cumple ese piso. Pero el mismo documento encomia a los países que tienen 15 o 16 e insta a no reducirla en ninguna circunstancia, y la Argentina la redujo. También pide que la privación de libertad sea el último recurso y por el menor tiempo posible, algo que la ley recoge en parte con sus penas alternativas.

Cómo lo contaron los medios

Según palabras clave del título, un conteo automático y aproximado que incluye las réplicas:

• 465 notas, el 43,0%, hablaron de las juezas, los fallos o los juicios políticos.
• 146, el 13,5%, nombraban a un dirigente o al Gobierno.

Y, según la revisión manual, 9, el 0,8%, traían en el título una cifra sobre el fenómeno, todas provinciales.

Los picos de cobertura coinciden con la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, y con los fallos; el del 7 de septiembre coincide también con la publicación del decreto reglamentario. Ninguno coincide con un informe o una estadística.

Qué no se sabe

• Cuántos adolescentes de 14 y 15 años fueron imputados desde el 5 de septiembre, en el país y en Entre Ríos. Sólo hay recuentos parciales de algunas provincias.
• Cuántas plazas tiene cada provincia y cuánto necesitará: la ley no les asignó fondos.
• Si habrá nuevas presentaciones ante tribunales superiores y cómo terminan los pedidos de juicio político.
• Qué pasará con la partida desde 2027, que depende de cada presupuesto anual.

En resumen

• La Ley 27.801 baja la edad de imputabilidad a 14 y fija una pena máxima de 15 años. Obliga a reemplazar la prisión en los delitos con pena de hasta 3 años, si se cumplen las condiciones de la condena condicional. No les dio fondos a las provincias.
• Dos juezas la frenaron, una por falta de lugar en los institutos y otra por inconstitucional en un caso, y dos cámaras las revocaron. Los primeros pedidos de juicio político contra Pascual llegaron antes de la revisión de su fallo. Más de 90 jueces rechazaron la ofensiva contra De Marinis, y Bullrich, aunque en contra de los dos fallos, se opuso al jury.
• Los datos disponibles son de menores de 18, sobre todo de 16 y 17. En la provincia de Buenos Aires muestran un fenómeno chico: 2,2% de las causas en el fuero juvenil y 7,7% de los imputados por homicidio. Para los de 10 a 15 años, el dato nacional es 0,6% de los inculpados por homicidio. No hay cifras oficiales sólo de 14 y 15.
• En Dinamarca, bajar la edad a 14 durante 20 meses no redujo el delito entre los chicos de esa edad.
• La ONU acepta 14 como mínimo, pero pide no bajar la edad donde ya era mayor.

Nuestra conclusión

La ley la votó el Congreso. Las cámaras revocaron los dos fallos por razones distintas: la de Lomas de Zamora, porque, según la doctrina de la Corte en «Thomas», un juez no puede suspender una ley con efectos generales; la porteña, porque un juez no puede reemplazar la opción del legislador por otra que le parezca preferible. La jueza Pascual puso el foco en algo que los datos confirman: en la provincia hay más jóvenes alojados que plazas, 679 para 648 según el propio Ejecutivo bonaerense, y la ley no da fondos a las provincias. Cuál es la vía para plantearlo es una discusión jurídica abierta. La Corte admitió el hábeas corpus colectivo por las condiciones de detención («Verbitsky», 2005) y las acciones colectivas con efectos para todo un grupo («Halabi», 2009), y a la vez limitó las cautelares que suspenden leyes («Thomas», 2010). La otra vía es el Congreso.

Sobre los pedidos de juicio político, la cronología es la que se detalló: contra Pascual se presentaron antes de que la Cámara revisara su fallo, y contra De Marinis, Macri lo anunció antes de que la fiscalía apelara. Quienes los impulsan acusan a las juezas de mal desempeño y de exceder sus facultades. Más de 90 jueces porteños respondieron que eso agravia la independencia judicial, y hasta Bullrich, en contra de los dos fallos, dijo que había que esperar a la Cámara. Lo resolverán los órganos que tramitan esos pedidos.

Lo que casi no apareció en los títulos son los datos. De 1.081 notas, sólo 9 traían en el título una cifra sobre el fenómeno, y todas eran provinciales. La pregunta de fondo, si esta ley va a bajar el delito que promete bajar y con qué recursos se va a cumplir, todavía no tiene una respuesta con datos: no hay estadística oficial de los chicos de 14 y 15, las provincias no recibieron partida y el estudio que evaluó una baja parecida es de otro país. Esa pregunta se contesta midiendo, no con fallos ni con juicios políticos.