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Análisis · Entre Ríos · Política
El comisario Rosatelli seguirá preso, acusado de conseguir la camioneta que llevaba marihuana
La Cámara Federal de Paraná rechazó el martes 17 las apelaciones del policía y de otros cuatro imputados por la marihuana secuestrada en La Paz. La causa no tiene llamadas que lo unan al transporte, algo que para los camaristas no hace falta, y los celulares siguen sin peritar.
Redacción ExactaLectura de 11 min
Síntesis
- Daniel Rosatelli, comisario y abogado de la Policía de Entre Ríos, seguirá preso: la imputación no se apoya en que haya llevado la droga, sino en que habría conseguido la camioneta.
- La causa no tiene llamadas que lo conecten con el transporte. Para la defensa, eso rompe la acusación; para la Cámara, una actuación organizada no las necesita.
- Falta peritar los celulares, y el medio Demo Comunicación plantea dudas sobre el dinero de la compra y el cambio de investigadores.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el martes 17 el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo del comisario Daniel Alejandro Rosatelli por los 1.345 kilos de marihuana secuestrados en La Paz. Rechazó así su apelación y las de otros cuatro imputados, que siguen en la misma situación; Rosatelli está preso desde el 19 de agosto.
La resolución lleva el voto de la camarista Cintia Gómez, al que adhirieron sus colegas Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche, y tiene 93 páginas, según Análisis. Mantiene en pie lo que había resuelto el 10 de septiembre el juez federal Leandro Ríos, a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de Paraná, que instruye la causa.
Para el tribunal, «la imputación no se sustenta en la presencia de Rosatelli en el traslado material de la sustancia, sino en el aporte logístico que se le atribuye» dentro de una maniobra organizada. Ese criterio, dice el fallo, lo destacó el fiscal general José Ignacio Candioti, representante del Ministerio Público Fiscal ante la Cámara.
Rosatelli tiene 42 años, es abogado y comisario de la Policía de Entre Ríos y no registra antecedentes penales, según la resolución que transcribe APF. Hasta su detención estaba al frente del Departamento Jurídico de la Jefatura Departamental Paraná, según Análisis. Desde agosto de 2024 tiene además un sumario administrativo en la Policía, en el que «se investiga la supuesta incompatibilidad en el ejercicio profesional». En ese sumario, un decreto del gobernador Rogelio Frigerio del 24 de agosto de 2026 rechazó un recurso suyo; el texto, publicado el 22 de septiembre, no menciona la causa federal.
La causa no tiene llamadas, escuchas ni mensajes que conecten a Rosatelli con quienes llevaban la droga. Lo sostiene su defensa, y lo dijo el martes 17 en el programa Plaza Mansilla, de Elonce, el periodista Juan Cruz Varela, que cubre la causa para Página Judicial. A diferencia de otras causas, explicó, en esta no hay contactos telefónicos de Rosatelli con el resto de los acusados. La Cámara respondió a ese planteo que «la hipótesis de una actuación organizada no exige necesariamente contactos telefónicos entre todos sus integrantes».
A Rosatelli se le imputa ser coautor de «transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas», según 9 Digital. A eso se suman falsificación ideológica de documento automotor, lesiones graves y amenazas coactivas.
Los otros cuatro son Martín Reynaldo Germán Pelizzari, que según el juez negoció la compra de la camioneta, y Claudio David Luna, desde cuya cuenta salieron transferencias para pagarla. Los dos están procesados por transporte y falsificación. Alan Josías Favieri y José Belén Favieri, señalados por acompañar al conductor en el traslado, lo están por el transporte, y el segundo, además, por usar una patente falsa y por encubrimiento.
La Cámara confirmó también los embargos que Ríos había fijado sobre los bienes de cada uno. Son de hasta 12.250.000 pesos para Rosatelli, 9.000.000 para Pelizzari, Luna y Alan Favieri cada uno y 9.250.000 para José Belén Favieri. La defensa de Rosatelli había calificado de «exorbitante e injustificada» la suma fijada para él. Las preventivas siguen por el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación que había señalado el juez. Para los camaristas, por ahora el encierro es «la más idónea, necesaria y proporcionada» de las medidas para asegurar que los imputados sigan sujetos al proceso.
Una camioneta comprada tres meses antes
La causa empezó la noche del 13 de febrero. Una brigada de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos persiguió una Citroën Jumper blanca hasta el Camino del Borello, cerca de la ruta nacional 12, en La Paz. Adentro había 1.345 kilos de marihuana. El conductor, César Leonel Ramírez, quedó detenido, según las crónicas de Diario El Sol y 9 Digital, y la causa lleva su nombre.
Desde ahí, la investigación reconstruyó hacia atrás la historia de la camioneta. La había comprado Pelizzari el 4 de noviembre de 2025 en Paraná a Jonatan Barbieri, un expolicía. Pagó con 2.400 dólares, dos transferencias de 1 millón desde una cuenta de Luna y dos cheques del Banco Galicia de 3 millones de pesos cada uno, que resultaron apócrifos. El resto, hasta completar 15 millones, iba a pagarse después, según el fallo citado por Análisis.
El precio no es el mismo en todas las versiones. Demo Comunicación, que reconstruyó la causa a partir del expediente, publicó que Barbieri habló primero de 20 millones ante la Justicia provincial y después de 15 ante la federal. Cristian Novello, quien le había entregado la camioneta a Barbieri, dijo haber reclamado 18 millones por ella, según el mismo medio.
Para la Cámara, a Rosatelli lo vinculan con esa compra los testimonios de Barbieri y de su cuñado, Víctor Emanuel Wursten. También las constancias de la Planta Verificadora de Automotores de la Policía, donde la camioneta se verificó sin turno previo. Y las cámaras de seguridad del 4 de noviembre, que lo ubicarían «examinando la camioneta en calle 25 de Mayo, frente al Club Echagüe». Según el testimonio de Barbieri que cita el fallo, Wursten lo vio «sentado en el asiento del conductor» mientras hablaba con Pelizzari.
La defensa no niega que Rosatelli haya revisado la camioneta que le llevó Pelizzari, según contó Página Judicial sobre el escrito que presentó ante la Cámara. Sostiene que no hubo nada clandestino: el encuentro fue en la vía pública, cerca de su casa y bajo una cámara de seguridad. Demo publicó que Pelizzari era cliente de Rosatelli y que el comisario hizo el trámite como abogado, en línea, y cobró honorarios con recibo.
Ríos, por su parte, había escrito en el procesamiento que «no existe, por ahora, prueba directa de una orden de Rosatelli destinada específicamente a omitir el pedido de secuestro» que pesaba sobre la camioneta. A su juicio, sí hay prueba de que usó su condición de policía para que se la verificara fuera del procedimiento ordinario.
Sin llamadas, con indicios
Los defensores de Rosatelli, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen, sostienen que la compra de noviembre y el transporte de febrero son «dos eventos distintos» que la investigación no logró conectar. Según su apelación, el juez cubrió los «vacíos probatorios» con «saltos inferenciales». Escribieron que «no existen comunicaciones», ni llamadas a números en común ni coincidencias de geolocalización, y se apoyaron en la declaración del jefe de los investigadores, el comisario Adrián Alfredo Ramos. Citaron también al oficial verificador de la planta, Marcos Ismael Naumoff, que según ellos declaró no conocer a Rosatelli.
La Cámara les contestó que el tiempo transcurrido entre una cosa y otra «no permite, por sí solo, desvincular la adquisición del vehículo de su utilización posterior». Coincidió así con Candioti, que en su escrito ante el tribunal había sostenido que, en estructuras organizadas, «no resulta necesario que quien proporciona los medios logísticos mantenga contacto directo con los ejecutores materiales».
Según los pasajes que publicó 9 Digital, los camaristas encontraron «indicios unívocos, serios y concordantes sobre la hipótesis investigada». También consideraron que Rosatelli tenía «capacidad económica para intervenir en la adquisición del vehículo investigado». Su condición de policía, agregaron, «adquiere relevancia en atención a los conocimientos y relaciones derivados del ejercicio de dicha función».
El segundo hecho que se le imputa ocurrió el 12 de noviembre de 2025 en Suma de Voluntades, una ONG de Paraná. Según el procesamiento, Barbieri denunció la estafa por la camioneta cerca de las 16. Una hora y media después, según el juez, Rosatelli agredió allí a Sixto Ramón Maciel, el hombre que había presentado a Barbieri con Pelizzari para la venta. La Cámara consideró «provisoriamente» que los dos episodios integran una misma secuencia ligada a la disponibilidad de la camioneta, y aclaró que ese punto deberá profundizarse.
La defensa sostiene que la discusión con Maciel fue por un contrato de obra que él quería obtener de la ONG. Demo agregó que hay mensajes de WhatsApp sobre ese conflicto y testigos que negaron la agresión.
Las preguntas que plantea Demo
Demo Comunicación publicó el 13 de octubre y el martes 17 dos notas en las que, a partir del expediente, plantea dudas sobre la acusación. Según su reconstrucción, el 7 de septiembre el comisario Ramos habría reconocido ante Ríos que no había escuchas, cruces de antenas ni geolocalizaciones que vincularan a Rosatelli con el transporte. El medio recogió además dos planteos de la defensa. No hay, dice, una transferencia ni una pericia contable que muestre que el dinero de la compra salió de Rosatelli, y Novello declaró que no lo conocía.
Demo sostiene también que Diego Godoy, el comisario al frente de la División Toxicología de La Paz que investigaba desde el comienzo, habría sido apartado el 9 de marzo. Por directivas de la Dirección General de Drogas Peligrosas, la pesquisa pasó a un nuevo equipo del que formaba parte Ramos.
El medio recuerda que Rosatelli había tenido conflictos dentro de la fuerza por su intervención como abogado en denuncias sobre irregularidades con fondos del sistema 911. A partir de eso plantea la hipótesis de una interna policial, aunque aclara que la resolución de la Cámara «no acredita la existencia de una interna policial». El 20 de agosto, según APF, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, había calificado de «absurdo» que se tratara de una venganza por la denuncia del 911.
Demo recuerda, además, que Barbieri fue investigado en otra causa por asociación ilícita, y señala que eso no demuestra que sus declaraciones sean falsas.
Dos datos de esa reconstrucción no coinciden con otras fuentes. En su nota sobre el fallo, Demo escribió que Ramírez fue uno de los ocupantes que escaparon y que se lo identificó después. Las crónicas de Diario El Sol de agosto y de 9 Digital de octubre lo dan detenido en el lugar. Y el 13 de octubre, Demo atribuyó a Roncaglia haber dicho que la investigación estuvo a cargo de la Policía Federal.
Según APF, el 20 de agosto el ministro había dicho que la investigación la hizo la fuerza entrerriana. La intervención de la Federal, explicó entonces, se ordenó cuando la pista se informó al Juzgado Federal, «obedeciendo a la transparencia y a la imparcialidad». En la nota posterior al fallo, Demo lo formuló de otro modo: la fuerza nacional habría participado de los allanamientos, y las pesquisas que constan en el expediente fueron de la Policía de Entre Ríos.
Los celulares, todavía sin peritar
Para la Cámara, «deberá profundizarse la investigación a fin de indagar sobre el concreto rol de cada uno de los recurrentes y la existencia de otros eslabones en la cadena de tráfico ilícito». El peritaje de los celulares secuestrados está todavía pendiente, y Rosatelli no entregó el patrón de desbloqueo de su iPhone 17 Pro, según Análisis. Por ahora, escribieron los camaristas, el procesamiento «satisface el juicio de probabilidad propio de esta instancia procesal»: alcanza para sostener la acusación en esta etapa y no es una condena.
Esteban Siebenlist Bustos, señalado como organizador del transporte según Análisis, fue detenido el 31 de octubre en un campo de Hasenkamp y no forma parte de esta resolución. Según Elonce, confirmados los procesamientos y una vez cumplidas las medidas que quedan pendientes, la causa podría llegar a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.
En video
Fuentes de este cruce
- DocumentoAPFDigital, nota que transcribe la parte resolutiva y considerandos de la resolución de la Cámara18/11/2026
- DocumentoAnálisis Digital, primera nota con pasajes del voto de Cintia Gómez y del memorial del fiscal Candioti17/11/2026
- DocumentoElonce, nota escrita sobre el texto de Análisis («publicó Análisis»)17/11/2026
- VideoElonce (canal de YouTube), programa Plaza Mansilla del 17-11-2026: el periodista Juan Cruz Varela sobre el fallo; transcripción automática18/11/2026
Ver las 23 fuentes
- Documento9 Digital, nota del 11-sep sobre el procesamiento11/09/2026
- DocumentoEntre Ríos Ahora, nota del 17-sep con pasajes del escrito de apelación de los defensores Petenatti y Cullen (mismo texto que news:33956972)17/09/2026
- DocumentoAnálisis Digital, nota del 19-ago con el comunicado del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos19/08/2026
- DocumentoBoletín Oficial de Entre Ríos, 22-09-2026: decreto DTO-2026-2628-E-GER-GOB (rechazo de un recurso de Rosatelli en un sumario administrativo de la Policía)22/09/2026
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- Medio provincial03442noticias · Narcotráfico: confirmaron el procesamiento del comisario Rosatelli y otros acusados17/11/2026
Cómo se hizo esta nota
La nota se basa en los pasajes de la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná del 17 de noviembre de 2026 que transcribieron APF, Análisis y 9 Digital. También, en los pasajes del procesamiento del juez Leandro Ríos del 10 de septiembre que publicó APF y en el escrito de apelación de la defensa citado por Entre Ríos Ahora y Página Judicial. Se leyeron además las notas de Demo Comunicación del 13 de octubre y del 17 de noviembre, lo que dijo Juan Cruz Varela en Elonce y el decreto 2628/26 del Boletín Oficial de Entre Ríos. Cada cita se cotejó con el texto de su fuente. La cronología de la causa surge del relevamiento de Exacta sobre las notas de medios entrerrianos publicadas entre el 19 de agosto y el 18 de noviembre. Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y verificación de sus afirmaciones.
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