El fiscal Arias seguirá investigando el patrimonio del exgobernador Bordet

El fiscal José Emiliano Arias seguirá al frente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Gustavo Bordet. El martes 27, en una audiencia en Concordia, el juez Aníbal Lafourcade confirmó el rechazo del pedido de la defensa para apartarlo, según informaron El Entre Ríos y Diario Junio.

Bordet gobernó Entre Ríos por el peronismo entre 2015 y 2023 y hoy es diputado nacional. La causa, iniciada a principios de 2024 a partir de denuncias sobre la evolución de su patrimonio, alcanza también a su esposa, la diputada provincial Mariel Ávila. La decisión del martes no toca el fondo de la investigación: resuelve quién la conduce y responde el argumento central de la defensa, que lo publicado por la prensa probaba una filtración del fiscal.

Lafourcade revisó en apelación lo que había resuelto el martes 13 de octubre Edwin Ives Bastian, juez de Garantías de Concordia. Según El Entre Ríos, Bastian no encontró elementos que mostraran un temor objetivo de parcialidad del fiscal ni una afectación grave del principio de objetividad que la ley le exige.

La recusación es el pedido para que un juez o un fiscal sea apartado de una causa. Según el Código Procesal Penal de Entre Ríos, un fiscal puede ser recusado por los mismos motivos que un juez, cuando hay circunstancias que por su gravedad afectan su imparcialidad. Durante la investigación, la recusación la resuelve el juez de Garantías.

La defensa venía insistiendo desde antes. El lunes 5 de octubre, El Entre Ríos describió el planteo como «ya rechazado en instancias anteriores», y Diario Junio tituló ese día «Pese a la suma de rechazos, Bordet recusó nuevamente al fiscal Arias». El 24 de agosto ya había habido otra audiencia de recusación ante Bastian, según El Entre Ríos.

Diario Junio, uno de los medios cuyas notas la defensa presentó como prueba, publicó la crónica de la audiencia del martes con las palabras del juez. Según ese relato, Lafourcade dijo que la defensa había planteado un temor de falta de objetividad, que ese temor debía ser fundado y que «en este caso, no lo está».

El juez sostuvo que las coincidencias entre lo publicado y el expediente no demostraban por sí solas quién había dado la información a los medios. Recordó que muchas personas pueden entrar a los sistemas informáticos judiciales y dijo que no había indicios claros y unívocos de que Arias hubiera filtrado datos, siempre según Diario Junio. «El fiscal no ha salido a operar públicamente sobre la causa; la información fue obtenida por la prensa por sus propios medios», afirmó.

El planteo de la defensa

Jorge Romero, abogado de Bordet y de Ávila, apoyó parte del pedido en las notas que siguieron a los allanamientos del 28 de mayo en Concordia. Ese día se allanaron dos sucursales de la pinturería Colorshop, el comercio Super Color y la casa del empresario Salvador Carubia, a quien la investigación señala como presunto testaferro de Bordet. En la vivienda se secuestraron un celular, dos notebooks y un pendrive.

De acuerdo con la crónica de Diario Junio, Romero sostuvo ante Lafourcade que lo que publicaron ese medio, El Entre Ríos y la revista Análisis sobre los operativos coincidía con datos del expediente. También dijo que pudo haber salido información reservada desde la propia Justicia. A su juicio, esa difusión instalaba una imagen negativa de sus defendidos antes de que se resolviera su situación procesal.

Para sostener que Arias es antiperonista, Romero usó una nota de opinión de Diario Junio. Esa nota especulaba con que el fiscal reemplazara como coordinador de Fiscalía a José Costa, fiscal coordinador de la jurisdicción, próximo a jubilarse, y con la preocupación que eso generaría en el peronismo.

La línea de la defensa ya estaba en el escrito que Análisis Litoral reprodujo el 13 de octubre. Allí Romero sostuvo: «Una cosa es investigar y otra muy distinta es utilizar información para instalar públicamente una determinada versión de los hechos». Bordet, por su parte, había dicho al día siguiente de los allanamientos de mayo que lo que ocurría era «absurdo y profundamente injusto». También apuntó contra el fiscal: «Cuando se pierde la objetividad y se fuerza una hipótesis sin pruebas, lo más honesto es dar un paso al costado para garantizar imparcialidad».

La prensa y la presunción de inocencia

Uno de los momentos más contundentes de la audiencia, según Diario Junio, fue la respuesta del juez sobre el papel de la prensa. «Pretender colocar el principio de inocencia —que es una garantía constitucional— por encima de la libertad de prensa o de información es un pensamiento antidemocrático», dijo Lafourcade. El juez remarcó que la investigación involucra a figuras públicas y trata una cuestión de interés para la ciudadanía.

Sobre la acusación de antiperonismo, Lafourcade consideró que apoyarse en una opinión periodística para atribuirle esa posición al fiscal carece de sustento, y calificó el señalamiento como «una suerte de macartismo sobre el fiscal».

El acta de Flores y las cámaras de tribunales

El rechazo de Bastian había llegado después de una audiencia tensa, la del lunes 5 de octubre, en la que Romero sumó otra acusación contra Arias. Presentó un acta de declaración privada de Norberto Germán Flores, colaborador de Bordet e investigado en la causa. Según ese texto, el fiscal le habría propuesto a él y a su hijo dejarlos fuera de la investigación si aportaban información sobre el patrimonio del exgobernador. Romero dijo que, aunque Arias negaba esa reunión, era «palabra contra palabra».

Arias negó el encuentro y mostró en la sala las imágenes de las cámaras de tribunales del 24 de agosto, el día en que, según el relato, Flores había ido a su despacho. Para el fiscal, esas imágenes lo desmienten, informó El Entre Ríos. Romero respondió que Flores ubicaba el encuentro el 25 de agosto, y Arias replicó que, según ese mismo relato, la reunión habría sido al terminar la audiencia del 24.

En la misma audiencia, Arias hizo escuchar audios en los que Giuliana Alejandra Flores, empleada de Fiscalía e hija de Norberto Flores, hablaba de la investigación con su padre. En esas grabaciones contaba que le había avisado a su hermano detalles de documentos de la causa. El fiscal la había denunciado a fines de septiembre por violación de secretos de funcionario público, y ese mismo lunes la Coordinación de Fiscalía la despidió, según El Entre Ríos. Con esos audios, Arias sostuvo que la filtración de datos de la causa no salía de él.

El viernes 9 de octubre, Flores declaró ante José Martín Núñez, el fiscal a cargo de la causa por coacciones que se abrió después de esa audiencia. Según contó Núñez a Diario Junio, Flores ratificó el acta y su firma, pero negó que Arias lo hubiera citado y le dijo: «fui yo quien pidió hablar con Arias». También le aseguró que el fiscal «nunca me apretó para que declarara contra Bordet», y Núñez concluyó que «no hubo ninguna coacción». El Entre Ríos publicó la misma versión en condicional, a partir de lo que informó el medio Concordia Policiales.

Con la decisión del martes 27, Arias sigue a cargo de la investigación penal preparatoria, la etapa en la que la Fiscalía reúne pruebas antes de que se defina si hay acusación. Bordet no fue imputado formalmente, según Análisis Litoral, y la resolución de Lafourcade no implica un pronunciamiento sobre su responsabilidad penal.

En paralelo hay dos causas conexas: la de coacciones, a cargo de Núñez, abierta después de la audiencia del 5 de octubre. La otra es la de violación de secretos contra Giuliana Flores, a quien Arias había denunciado a fines de septiembre. La investigación sobre la evolución del patrimonio del exgobernador sigue abierta y sin una acusación formal.