Seguridad creó un programa para ordenar la búsqueda de prófugos según su peligrosidad

El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa Los Más Buscados, que clasificará a las personas prófugas o evadidas de la Justicia según su peligrosidad para decidir qué búsquedas tienen prioridad. Lo dispuso la Resolución 1089/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva el miércoles 21 de octubre y publicada en el Boletín Oficial el miércoles 28 de octubre, fecha desde la que rige.

Según el artículo 1 de la resolución, el programa queda bajo el CUFRE, el comando federal de recaptura de evadidos, que integra el área de investigaciones de delitos federales del ministerio. En sus fundamentos, el ministerio dice que permitirá desarrollar «una base de datos unificada y un sistema de análisis automatizado de peligrosidad y priorización de objetivos».

Qué datos va a cruzar

Esa base se va a alimentar con datos del SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, y del Programa Nacional de Recompensas: la resolución les ordena entregarlos «de manera permanente y actualizada», con las pautas que defina la Subsecretaría de Investigación Criminal. También invita a la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia, del Ministerio de Justicia, a sumar sus registros de antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes.

El área del ministerio que administra las bases de datos de seguridad se encargará de construir y mantener el sistema; la norma le encarga además el «fortalecimiento de políticas de protección de datos y gestión de la información».

Con qué criterios se va a ordenar la lista

Los considerandos enumeran las variables que deberá tener en cuenta la clasificación: «la naturaleza de los delitos imputados o condenados, las penas previstas o impuestas, los antecedentes de reincidencia, el nivel de organización criminal al que pertenecen, entre otros factores críticos».

Según el anexo, que describieron Infobae, Cadena 3 y la agencia NA, esos parámetros los fijará y validará una mesa de evaluación de casos creada por la resolución, que también tendrá que revisarlos «en función de los logros alcanzados y de las transformaciones permanentes en materia delictiva». Infobae y Cadena 3 señalaron que la resolución no publica la fórmula ni el peso de cada variable, y que tampoco incluye una primera nómina de personas priorizadas.

En esa mesa se sientan las áreas de narcotráfico, investigación criminal y delitos federales del ministerio, junto con equipos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Pueden sumarse como colaboradores representantes del Poder Judicial, de los ministerios públicos y de otros organismos.

De acuerdo con el anexo citado por NA, el responsable del programa deberá convocar a la mesa una vez por mes, coordinar con el titular del Programa Nacional de Recompensas y promover la firma de «Actas de Confidencialidad» por parte de todos los integrantes. La mesa, además, tendrá que elaborar informes estadísticos y de gestión periódicos.

Las herramientas que ya existían

La resolución reconoce como antecedentes el Programa Nacional de Recompensas, regulado por resoluciones de 2012 y 2022, y la lista de «Los más buscados» del Ministerio de Justicia, creada en 2016. Según el texto, esas herramientas sirvieron para localizar a personas con pedido de captura, pero el ministerio sostiene que hace falta «fortalecer su articulación y priorización mediante un sistema más dinámico, técnico y sistematizado».

Como modelos de otros países, la norma cita el Crime Severity Score del Reino Unido, las listas de fugitivos del FBI y del U.S. Marshals Service de Estados Unidos, las notificaciones rojas de Interpol y las listas de más buscados de fuerzas de Colombia y México. El artículo 7 aclara que la medida no implica gasto para el Estado nacional.

La experiencia de Santa Fe

Santa Fe ya tiene su propio sistema de difusión de prófugos y recompensas. Según el balance del gobierno provincial que publicó Cadena 3, esa política contribuyó a detener a 16 prófugos considerados de alta peligrosidad y se pagaron $ 92 millones en recompensas a quienes aportaron información. De acuerdo con el mismo medio, la provincia renovó en octubre su sitio de búsqueda, que junta en un solo lugar a los prófugos más buscados, las recompensas que siguen en pie, los pedidos de datos sobre delitos y los de paradero.