Un juez decidirá si el exgobernador Urribarri va a juicio por enriquecimiento ilícito

El juez de Garantías Mariano Budasoff debe decidir ahora si el exgobernador Sergio Urribarri va a juicio oral por enriquecimiento ilícito. Hoy, al cabo de tres jornadas de audiencia en Paraná, pasó a un cuarto intermedio y avisará a las partes con dos días de anticipación cuándo dará a conocer su resolución.

La discusión de fondo fue cuánto dinero no puede justificar el exgobernador. El escrito de la Fiscalía le atribuye un aumento patrimonial de unos 11,5 millones de pesos, 7,2 millones de dólares y 16.300 euros entre 2008 y 2015, cuando fue gobernador y luego diputado provincial. Miguel Ángel Cullen, abogado defensor de Urribarri, sostuvo el martes 20 que el informe pericial de la causa da, en dólares, unos 103 mil.

Los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, respondieron hoy que las dos cifras no miden lo mismo. Según ellos, la acusación suma el informe contable y los «gastos no justificados» que figuran en otro anexo, y Cullen tomó sólo una parte. El escrito de remisión a juicio ya decía que los montos surgen «del informe pericial contable» y de «la evidencia colectada en el legajo».

Ese informe lo hicieron una contadora del Ministerio Público Fiscal y un contador propuesto por la defensa, que llegaron a una conclusión común, de acuerdo con la crónica de APF Digital. Cuál de las dos lecturas vale es lo que tiene que resolver Budasoff.

Badano explicó el criterio de esta etapa: «No tenemos un nivel de certeza sobre el enriquecimiento ilícito, pero sí hay mérito suficiente para llevar la causa a juicio», dijo. Para el fiscal, sólo un «estado de certeza negativo» debería frenarla, algo que la revista Análisis explicó como la prueba de que los gastos se pagaron con ingresos formales.

La audiencia había empezado en marzo y quedó frenada por una apelación de las defensas sobre la validez de la prueba hasta que se reanudó el lunes 19. Cómo nació la causa y qué pasó en esos meses está contado en la nota que Exacta publicó ese día.

La Fiscalía subió el pedido de pena

El lunes 19, Badano y Ramírez Montrull repasaron año por año, de 2008 a 2015, los gastos que según la acusación Urribarri y su familia no pudieron justificar con sus ingresos. Buena parte de esas compras, sostienen, se hicieron a través del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, presidente de Relevamientos Catastrales SA, una firma contratista del Estado provincial. Cardona Herreros está imputado en la misma causa como partícipe necesario.

El ejemplo de mayor monto fue un departamento en Puerto Madero que, según los fiscales, Cardona Herreros compró «en comisión» por unos 1,2 millones de dólares, pagados con una entrega y 29 cuotas. La lista siguió con viajes a Europa, Estados Unidos y Brasil, un Rolex comprado en 2009 para Ana Lía Aguilera, esposa del exgobernador, y esculturas de cristal de Murano traídas desde Venecia.

Ese día, los fiscales adelantaron que en el juicio pedirán cinco años y diez meses de prisión para Urribarri, una multa por el total que consideran injustificado e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El escrito de remisión pedía cinco años y seis meses para el exgobernador. Para Cardona Herreros, la pena que anticiparon sigue siendo de cinco años de prisión.

Para la defensa, la pericia da 103 mil dólares

«Esto es una verdad a medias», dijo Cullen el martes 20 sobre la exposición fiscal. El defensor sostuvo que el informe pericial no respalda los 11,5 millones de pesos, porque para todo el grupo familiar marca unos 6 millones sin justificar. En dólares, dijo, da unos 103 mil, y 66 mil de ellos corresponden a 2012, el año en que Bruno Urribarri, hijo del exgobernador y futbolista profesional, volvió del club griego Asteras Trípoli.

El abogado comparó año por año las cifras que leyeron los fiscales con los anexos del informe, y dijo que coinciden en 2008 y en 2015 pero no en los demás años. En 2010, por ejemplo, la Fiscalía habló de más de 198 mil pesos sin justificar y el anexo, de más de 109 mil. Para Cullen, la acusación describe un crecimiento patrimonial «70 veces» mayor que lo que dice la perito, y eso le impide defenderse.

Cullen también criticó que se cargaran al exgobernador los consumos de toda la familia. Dijo que Bruno Urribarri es el dueño del departamento de la calle Lafinur, en la Ciudad de Buenos Aires, desde 2005, y que la Fiscalía le atribuyó a su padre cada gasto hecho allí.

Con esos argumentos, pidió que se anule la remisión a juicio y que se haga una pericia contable oficial con peritos designados por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Pidió además que se separen los gastos de Urribarri de los de su familia. También, que se espere la respuesta del club de Grecia a los exhortos, los pedidos formales de información que la Justicia le envió.

José Raúl Velázquez, abogado de Cardona Herreros, adhirió a esos planteos y reiteró el reclamo de un nuevo informe contable con peritos del STJ, para «tener igualdad de armas para una defensa en juicio». Sumó un pedido propio: pericias oficiales sobre dispositivos electrónicos secuestrados en los allanamientos. Descartó, en cambio, volver a plantear la nulidad de esa evidencia, que las instancias superiores ya habían rechazado.

Los fiscales dicen que la cifra suma otro anexo

La réplica fue hoy. «El defensor Cullen tomó sólo unos anexos para decir que los montos acusados ni siquiera coinciden con el informe pericial», dijo Ramírez Montrull. Según la crónica de APF Digital, los fiscales sostuvieron que los montos son exactos y que esos gastos, en su hipótesis, beneficiaron a Urribarri y a su familia.

También rechazaron los planteos de las defensas por extemporáneos, porque debieron hacerse en la etapa anterior, y dijeron lo mismo del pedido de una pericia oficial. Pidieron a Budasoff que descarte la nulidad y que la audiencia pase a la admisión de evidencia, el paso en el que se define qué pruebas llegarían al juicio.

Badano contestó también la objeción sobre los gastos de la familia. Según el fiscal, las facturas de los viajes no estaban a nombre de los hijos de Urribarri ni de su esposa sino de Cardona Herreros o de Relevamientos Catastrales. En planillas de la empresa, agregó, esos gastos se imputaban a Urribarri con las iniciales SDU, por Sergio Daniel Urribarri. Dijo también que en esos años Aguilera no tenía ingresos propios.

Sobre el departamento de Lafinur, Badano dijo que fue comprado a nombre de Bruno Urribarri en 2005, pero sostuvo que «fue usado por toda la familia». Y resumió así el papel que la acusación le asigna al empresario: «Se usó siempre al testaferro de Urribarri que gestionaba el dinero».

Cuando Budasoff resuelva, la causa puede avanzar hacia la etapa de prueba y el juicio oral, volver a la investigación o pasar a otros jueces, según la revista Análisis. La decisión sobre la remisión, regulada por el artículo 405 del Código Procesal Penal, no se puede apelar: así lo escribió el propio juez en una resolución de marzo.