El oficialismo logró dictamen para la ley Malvinas tras cambiarla por reparos de EE.UU.

La Libertad Avanza firmó el martes 27 de octubre, junto con bloques aliados, el despacho de mayoría de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la llamada ley Malvinas, en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de Diputados, según informaron Cadena 3 y Fénix. La sesión para votarla está prevista, en principio, para el jueves 12 de noviembre; Cadena 3 advirtió que esa fecha puede moverse porque la visita del papa León XIV achica la agenda de esa semana.

Para llegar al despacho, el Gobierno cambió el capítulo de sanciones a las empresas que operan en Malvinas sin autorización argentina. Clarín lo resumió así en su título: «El Gobierno cede a las presiones de Estados Unidos y modifica un artículo clave de la Ley Malvinas».

Quién firmó

Según Fénix, el despacho de mayoría reunió 60 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los diputados de Provincias Unidas Gisela Scaglia, Sergio Capozzi y José Núñez; en disidencia parcial firmaron el santafesino Pablo Farias y los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad.

El mismo medio informó que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, y que también lo hicieron la exlibertaria Lourdes Arrieta, Esteban Paulón junto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, y la diputada de izquierda Myriam Bregman.

Qué cambió por el reclamo de Washington

El proyecto original no alcanzaba sólo a las empresas que operan en el archipiélago: también abría las sanciones a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores, según Río Negro y La Voz. Ese alcance preocupó a Estados Unidos. El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, lo admitió la semana pasada, junto al canciller Pablo Quirno: «Es natural que cualquier país se preocupe por los intereses de sus empresas», dijo, según los dos diarios.

Según Clarín, la preocupación apuntaba a las compañías ligadas a Sea Lion, el proyecto petrolero de la Cuenca Malvinas que llevan adelante la británica Rockhopper y la israelí Navitas.

Cadena 3 informó que, con el cambio, sólo responden quienes operan directamente esos negocios, sus licenciatarios y proveedores y los accionistas directos. Quedan afuera los socios minoritarios que tengan hasta el 2% y los fondos que invierten de manera indirecta.

Clarín agregó que las multas pasan a ser de entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido y que, cuando no se pueda determinar ese monto, la sanción iría de 2.000 a 40.000 barriles de petróleo, el doble de la multa original. El Cronista tuvo acceso a una comparación entre el texto del Ejecutivo y el de los libertarios: allí la prisión mínima para quienes provean bienes o servicios a esas actividades pasa de cinco a dos años, y sólo se los castiga si sabían, o debían saber, a qué se destinaban.

Los otros cambios

Las modificaciones no se limitaron a Malvinas. Según Cadena 3, el Ministerio de Seguridad se incorporó como integrante permanente del nuevo Consejo de Seguridad Nacional, del que había quedado afuera en el texto original. También se suma una comisión bicameral de control, propuesta por el diputado Eduardo Falcone, del MID; el Gobierno tendrá 48 horas para comunicarle cada medida de seguridad que tome el Consejo, según el mismo medio.

El artículo 111, que castigaba con prisión a quienes, por orden o financiamiento de un Estado extranjero, buscaran alterar procesos electorales o manipular la opinión pública, también fue reescrito. Había sido cuestionado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), según Clarín. Cadena 3 informó que la nueva redacción define qué es una «campaña de injerencia extranjera» y fija excepciones expresas.

Las críticas

El dictamen se había demorado por falta de apoyos. Parlamentario informó que el plenario ya se había postergado una semana y que Unión por la Patria y legisladores de Provincias Unidas reclamaban dividir el proyecto en dos: la cuestión Malvinas por un lado y la reforma de inteligencia, seguridad e infraestructura crítica por el otro. Según Río Negro, La Libertad Avanza no estaba dispuesta a aceptar esa división.

El diputado y excanciller Jorge Taiana apuntó contra el Gobierno por los planteos de Washington: «Lo venimos advirtiendo hace tiempo: Estados Unidos no respalda el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Su posición de neutralidad se mantiene intacta, pese al alineamiento ciego de Milei», dijo, según Río Negro. La diputada cordobesa Alejandra Torres, de Provincias Unidas, advirtió sobre las infraestructuras críticas: «Ameritaría un resguardo de los principios federales».

En el PRO, que firmó el dictamen, también hubo reparos. Según El Cronista, a los dirigentes del partido les llamó la atención la política del Gobierno sobre Malvinas, y uno de ellos dijo: «Yo creí que Toto Caputo estaba en línea con Pablo Quirno en este tema, pero todo indicaría que no».

El Cronista informó además, en una nota publicada esa tarde antes de conocerse el dictamen, que los gobernadores Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Raúl Jalil no estarían dispuestos a firmar en las condiciones de ese momento, por reparos al Consejo de Seguridad y al régimen de penas, no al capítulo de Malvinas.

La postura del Gobierno

El asesor presidencial Santiago Caputo, impulsor del proyecto, calificó de falsas las versiones sobre un posible congelamiento de la iniciativa y sostuvo que la causa Malvinas es «sagrada» para los argentinos, según Perfil, reproducido por Plazaweb.

Aun con las firmas, los aliados mantienen objeciones a los artículos sobre injerencia extranjera y algunos avisaron que, si no hay más cambios, podrían votar en contra en el recinto, según Río Negro.