El Gobierno rechazó que se voten por separado las sanciones por Malvinas

El Gobierno rechazó dividir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, como pide la oposición en Diputados. Así, el título sobre Malvinas sigue en el mismo expediente que un nuevo Consejo de Seguridad Nacional y cambios en leyes de defensa, inteligencia y el Código Penal. Es el único título que el principal bloque opositor está dispuesto a votar.

María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, llevó esa posición al Congreso. El Poder Ejecutivo la envió el miércoles 7 al plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que estudian el proyecto. «Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto», dijo, en la versión que publicó Clarín. Ante los diputados que pedían cambios, agregó que «El Título I es vital para nosotros», según TN y Parlamentario.

El proyecto, que el Ejecutivo envió a la Cámara el 17 de septiembre, tiene 133 artículos ordenados en ocho títulos. El primero, del artículo 1 al 40, reemplaza la Ley 26.659 por un régimen de multas, inhabilitaciones y penas para quienes exploten sin permiso argentino los recursos de Malvinas y de la Plataforma Continental.

Los otros siete títulos suman 93 artículos. Crean un Sistema y un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente, y elevan a ley el registro de personas vinculadas al terrorismo. También modifican la Ley de Defensa, la de financiamiento de los partidos, el Código Penal y la Ley de Inteligencia.

En el articulado, la palabra Malvinas aparece sólo en artículos del primer título; del artículo 41 al 133 no figura ni una vez.

Unión por la Patria, el bloque que conduce Germán Martínez, está dispuesto a votar los primeros 40 artículos y pide tratar el resto en otro momento. «Este proyecto merecería dividirse en por lo menos ocho proyectos de ley distintos», dijo Martínez el 6 de octubre, según La Voz. Al día siguiente, el diputado Eduardo Valdés, del mismo bloque, marcó el límite. «Hasta el artículo 40 nosotros queremos trabajar juntos, pero de allí en adelante se complica porque está orientado más a la cuestión interna que a la cuestión de la soberanía», dijo.

El reparo llega también desde la oposición que dialoga con el Gobierno. El bloque Provincias Unidas prepara un dictamen propio porque no avala los siete títulos que siguen al primero, según informaron Parlamentario y La Nación. Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica, dijo en el plenario que el texto es «un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado».

El Gobierno sostiene que las sanciones solas no alcanzan

Ibarzabal Murphy defendió que el proyecto se vote completo con un argumento de fondo. «Nosotros creemos que todo tiene que ver con Malvinas», dijo, en la versión de Tiempo Argentino. Para la funcionaria, separar la cuestión Malvinas de la defensa integral de la soberanía y de la integridad territorial es un error conceptual, una idea que también recogió Ámbito.

En la crónica de Clarín, explicó que defender las islas exige regímenes de sanciones fuertes y, además, que el Estado tenga competencias y facultades propias, «para que nuestras relaciones diplomáticas no sean solo de palabra». Según Tiempo Argentino, sostuvo que, más allá de las sanciones a las petroleras y pesqueras que operan en las islas, «el Estado no tiene las herramientas necesarias para poder defender, incluso, el tema Malvinas».

El Consejo, además, formó parte del anuncio desde el comienzo. Cuando el presidente Javier Milei anunció la ley en cadena nacional, el 3 de septiembre, dijo que «Esta ley tendrá tres objetivos». Eran endurecer las sanciones contra las empresas que operan sin permiso en Malvinas, crear el Consejo de Seguridad Nacional y darle facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas.

La funcionaria también rechazó que el Consejo concentre el poder o quite facultades al Congreso. «Se mantiene la especialidad y autonomía funcional de los organismos ya existentes», dijo, según Clarín.

Lo que está en los otros siete títulos

Las objeciones de la oposición se concentran en lo que hay después del artículo 40. El gráfico muestra cuántos artículos tiene cada título: el primero es el más extenso, pero los otros siete juntos suman más del doble.

El artículo 49 fija quiénes integran de forma permanente el Consejo. Son el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la secretaria Legal y Técnica, cargo que ocupa la propia Ibarzabal Murphy. Todos pertenecen al Poder Ejecutivo. Luciano Anzelini, doctor en Ciencias Sociales invitado al plenario del 6 de octubre, cuestionó que «no esté el ministerio de Seguridad en el Consejo de Seguridad».

El artículo 62 permite usar la fuerza contra una aeronave como último recurso, con una orden expresa del Presidente, que puede delegarla en el ministro de Defensa. Eduardo Falcone, diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), un bloque aliado del oficialismo, lo objetó a fines de septiembre. «El texto actual no contempla ninguna autorización del Congreso, ni para hundir un barco ni para derribar un avión hostil», dijo.

El artículo 111 es uno de los que más críticas despertó, en la oposición y entre las organizaciones de periodistas. Agrega al Código Penal el artículo 225 bis, que castiga con 5 a 12 años de prisión a quien actúe por cuenta o con financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero. La pena alcanza a quien, de ese modo, procure alterar elecciones o manipular la opinión pública con campañas coordinadas de desinformación masiva.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, advirtió que la redacción es imprecisa. Su pedido fue más acotado que dividir el proyecto: «FOPEA insta al Congreso de la Nación a separar el tratamiento de este artículo del proyecto de soberanía».

En el plenario, Ibarzabal Murphy defendió ese artículo. «No criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa», dijo, y se mostró dispuesta a modificarlo: «Si es necesario hacer ajustes para que no queden dudas». Incluso en La Libertad Avanza, el partido de Milei, algunos le dijeron a La Nación que no acompañarán el proyecto si ese artículo queda como está escrito. La agencia Noticias Argentinas informó que aliados y dialoguistas piden borrarlo.

El proyecto alcanza también a los partidos y a los servicios de inteligencia. Los artículos 105 y 106 prohíben que extranjeros sin residencia permanente y empresas extranjeras financien partidos o campañas. El 128 aprueba por ley el estatuto del personal de la Secretaría de Inteligencia, que el Poder Ejecutivo había dictado por el Decreto 1021 dos días antes de enviar el proyecto.

Los invitados al plenario del 6 de octubre se dividieron. Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de derechos humanos, cuestionó el diseño institucional. A su juicio, la propuesta implica «una tácita derogación del régimen normativo actual que organiza y diferencia el sistema de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia».

Los excombatientes también se dividieron. Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, pidió rechazarlo porque, a su juicio, usa la cuestión Malvinas para incluir dispositivos de control social. Víctor Sierra, del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur, lo apoyó: «Apoyamos este proyecto porque tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional».

Una bicameral que no está en el texto enviado

En el mismo plenario en que rechazó dividir el proyecto, la funcionaria puso sobre la mesa una comisión de control. «Estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional», dijo Ibarzabal Murphy, según TN. En la versión de Clarín, esa comisión podría pedir información y el Ejecutivo tendría la obligación de mantener con ella una «interlocución fluida».

El proyecto que el Ejecutivo envió el 17 de septiembre no prevé ninguna comisión bicameral ni otro control del Congreso sobre el Consejo. Para existir, tendría que agregarse en el dictamen que firmen las comisiones.

La oposición recibió el anuncio con escepticismo. Ferraro pidió que el Congreso integre el Consejo y participe en «el seguimiento, el control, y la autorización de la política de defensa y de seguridad nacional», según Ámbito. Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria y exministro de Defensa, dijo en el plenario, según Infobae, que «no queda claro en qué rol queda la bicameral de seguimiento y control de los organismos de inteligencia».

Un calendario sin los votos asegurados

El oficialismo apunta a un nuevo plenario el martes 13 y a firmar el dictamen esa misma semana, según Parlamentario y Perfil. La meta es votar el proyecto en una sesión especial el miércoles 21 de octubre. La agenda de comisiones que publica la Cámara no tenía todavía, al 8 de octubre, esa reunión convocada. En el propio oficialismo, de acuerdo con La Nación, aceptan que el Ejecutivo todavía no cuenta con los números para llevarlo al recinto esa semana.

El PRO anunció su apoyo horas después de que el proyecto llegara a la Cámara. «Por eso acompaño la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional», escribió el 17 de septiembre Cristian Ritondo, jefe de ese bloque en Diputados. Los aliados radicales y provinciales, en cambio, todavía no se habían pronunciado el día en que habló la funcionaria, según Ámbito.

Hasta que haya dictamen, la bicameral es una propuesta en estudio y los ajustes al artículo 111, una posibilidad que la funcionaria dejó abierta. Lo que está escrito es el texto del 17 de septiembre. Las sanciones por Malvinas están en el primer título; el Consejo de Seguridad Nacional, el uso de la fuerza y el delito de desinformación, en los siete restantes.