El Reino Unido criticó el arbitraje por el petróleo de Malvinas y dijo que obstruir la economía de las islas pone en duda la confiabilidad argentina

El Gobierno británico respondió el miércoles 30 de septiembre al arbitraje que la Argentina inició para frenar la explotación de petróleo en Malvinas. Dijo que es el último intento de socavar los medios de vida y los derechos de los isleños.

La declaración lleva la firma de Uma Kumaran, diputada británica y subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar. Ese despacho del ministerio británico de Relaciones Exteriores se ocupa de las islas, que el Reino Unido considera un territorio de ultramar con gobierno propio. Kumaran la difundió en su cuenta de X con una frase propia: las islas son británicas y su gobierno defenderá siempre el derecho de los isleños a la autodeterminación.

El texto cuenta que esa misma semana Londres le dijo a la embajadora argentina, a quien no nombra, que obstruir la actividad económica legal de las islas no es un acto de compromiso internacional responsable. Lo considera un intento deliberado de socavar la prosperidad de un pueblo que se gobierna a sí mismo, y dijo que esa conducta plantea interrogantes sobre la confiabilidad de la Argentina como socio. La embajadora es Mariana Plaza y, según Página/12, la citaron a una reunión el martes 29.

El comunicado critica el arbitraje con dureza, pero no dice que el Reino Unido vaya a negarse a participar ni le pide a la Argentina que lo retire. Al día siguiente, el jueves 1 de octubre, la Cancillería argentina, que conduce Pablo Quirno, contestó con un comunicado que nombra a Kumaran y responde a sus principales argumentos.

Un yacimiento al norte de las islas

En el centro de la disputa está Sea Lion, un yacimiento de petróleo en el mar, unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas, que la petrolera británica Rockhopper Exploration descubrió en 2010. La israelí Navitas Petroleum opera el proyecto y tiene el 65%; Rockhopper conserva el 35%. Las dos tomaron la decisión final de invertir en diciembre de 2025. La primera etapa prevé 11 pozos, que empezarían a perforarse a principios de 2027, y un buque de producción con capacidad para unos 55.000 barriles por día.

Las empresas trabajan con licencias que otorgó el gobierno de las islas, y la Argentina las considera ilegítimas. Para el Gobierno, sacar ese petróleo mientras sigue abierta la disputa de soberanía es un cambio unilateral de la situación. La resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU pidió a los dos países evitar ese tipo de cambios. La Cancillería agrega que se trata de recursos no renovables, con efectos «potencialmente irreversibles».

El 3 de septiembre, por cadena nacional, el presidente Javier Milei advirtió a las empresas vinculadas al proyecto. Según reprodujo Infobae, les dijo que «tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano». Un decreto, el 868/2026, puso a la Cancillería a cargo de aplicar la ley 26.659, que sanciona a quienes participen sin autorización argentina de la actividad petrolera en esa zona.

Hasta el 15 de septiembre, la Cancillería había enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas y empresas de 30 países. Además había abierto 60 procedimientos administrativos y presentado tres denuncias penales contra 10 compañías y sus directivos. Al día siguiente intervino la Justicia. A pedido de excombatientes y organizaciones ambientalistas, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas, según Perfil, abstenerse de determinadas actividades de Sea Lion. La medida rige mientras avance la evaluación de impacto ambiental.

Londres ya había contestado esas medidas. El 18 de septiembre, también por medio de Kumaran, dijo que las denuncias contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal. Agregó que su gobierno respalda por completo a esas empresas y personas. El 22 de septiembre, la Cancillería protestó ante la embajada británica porque el gobierno de las islas anunció que extenderá las licencias de producción de petróleo. Según Rockhopper, esa decisión cuenta con el apoyo pleno de Londres.

El 28 de septiembre el Gobierno decidió llevar el conflicto a un arbitraje internacional. Milei ordenó iniciar contra el Reino Unido el arbitraje que prevé la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tratado que fija las reglas sobre el uso de los océanos. En paralelo, intimó al Reino Unido a frenar el proyecto en dos semanas.

Quirno habló del tema en una entrevista con A24 que reprodujo Ámbito. Lo presentó como un paso del procedimiento: «La parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene».

Dos lecturas de la misma Convención

El comunicado británico sostiene que la actividad petrolera en la plataforma de las islas se rige por la ley isleña y se hace en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención del Mar. Dice que los isleños eligieron su futuro en forma libre y democrática, que tienen derecho a desarrollar sus recursos sin intimidación ni interferencia y que el Reino Unido seguirá a su lado.

También opinó Andrew Rosindell, diputado de la Cámara de los Comunes a quien Infobae describe como uno de los defensores más activos de los isleños. Escribió en sus redes que su país no puede dejarse intimidar por gobiernos extranjeros para sacrificar a su gente, su soberanía o su territorio. Recordó que en el referéndum de 2013 el 99,8% de los votantes de las islas eligió seguir bajo soberanía británica.

La Cancillería contestó con la misma Convención. Recordó que los dos países la ratificaron y que, al hacerlo, «ambos aceptaron los procedimientos obligatorios» para resolver sus controversias. «Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado», escribió. Y sobre la afirmación de Kumaran de que la actividad petrolera cumple el tratado: «Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal».

Sobre la duda británica, la Cancillería lamentó «la insinuación» de que acudir a un procedimiento legítimo ponga en cuestión la confiabilidad del país. Respondió que «la confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos». Explicó que la Argentina va a la vía judicial «ante la persistente negativa británica a negociar» y reafirmó su disposición a retomar las negociaciones bilaterales.

El punto de fondo sigue siendo la autodeterminación de los isleños. Londres la presenta como el derecho de los isleños a decidir su futuro y a explotar sus recursos. La Argentina rechazó la «manipulación del principio de libre determinación de los pueblos», que según su comunicado las Naciones Unidas no aplicaron a los actuales habitantes de las islas. Agregó que el respeto de su modo de vida, que manda la Constitución, no está en discusión.

Un tribunal que puede funcionar sin Londres

El camino del arbitraje sale de lo que cada país eligió ante la ONU. La Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para sus disputas sobre el mar y el Reino Unido, por la Corte Internacional de Justicia. Cuando las partes eligieron tribunales distintos, la Convención manda el caso a un arbitraje, salvo que acuerden otra cosa.

Ese tribunal tiene cinco árbitros. Cada país nombra uno, y el Reino Unido tiene 30 días desde que recibe la notificación para hacerlo; los otros tres se eligen de común acuerdo. Si una de las partes no nombra o no hay acuerdo, los designa el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Infobae estimó que armar el tribunal puede llevar meses.

La Convención también prevé que el procedimiento siga aunque una parte no se presente o no defienda su caso. Pero antes de fallar, el tribunal tiene que comprobar que el caso le corresponde y que el reclamo está fundado. Si se discute que el caso le corresponda, lo decide el propio tribunal.

En esa discusión pueden pesar dos límites. El primero, que señaló Infobae, es que la Convención regula los espacios marítimos y no quién es dueño de un territorio. Quirno dijo que el arbitraje no busca resolver la soberanía sobre las islas sino la explotación de los hidrocarburos, y que es la primera vez que la Argentina lleva ese punto a un tribunal internacional.

El segundo es una declaración que hicieron los dos países ante la ONU: no aceptan esos procedimientos para las disputas sobre cómo se trazan los límites marítimos entre Estados. La Argentina la hizo al ratificar la Convención y el Reino Unido, el 31 de diciembre de 2020. Si alcanza a este caso lo decidirá el tribunal.

La empresa sigue con su calendario y el plazo corre

Rockhopper publicó el mismo miércoles su informe semestral ante la Bolsa de Londres. Su director ejecutivo, Samuel Moody, dijo que el primer petróleo de Sea Lion sigue previsto para el primer trimestre de 2028, y la empresa informó que tiene los fondos asegurados hasta esa fecha. El informe dice que los comentarios y las amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas al petróleo de las islas generaron un período de mayor atención mediática y política.

Según el informe, fueron los gobiernos británico y de las islas, y no la empresa, los que calificaron las medidas argentinas de ilegítimas y sin justificación legal. Según el mismo informe, Navitas confirmó que no espera que lo ocurrido tenga un efecto significativo sobre el desarrollo ni el calendario del proyecto.

En el Congreso, la Cámara de Diputados empezó el 30 de septiembre a tratar en comisión el proyecto que endurece las sanciones por explotar recursos en Malvinas sin autorización argentina. Infobae lo vinculó con esta escalada. No hay una fecha oficial para la sesión que lo trate en el recinto.

El próximo paso es el vencimiento del plazo de la intimación. Contado desde el anuncio del 28 de septiembre, vence alrededor del 12 de octubre. Si el Reino Unido no frena el proyecto, el Gobierno anunció que pedirá medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tiene sede en Hamburgo y 21 jueces. La Argentina ya usó ese camino en 2012, cuando la fragata Libertad quedó retenida en Ghana. Pidió medidas provisionales el 14 de noviembre y el Tribunal ordenó por unanimidad liberarla el 15 de diciembre.

Las medidas provisionales son órdenes urgentes para preservar los derechos en juego mientras se arma el tribunal arbitral. El Tribunal del Mar sólo las dicta si considera que ese arbitraje tendría competencia a primera vista y que la urgencia lo exige, y las partes deben cumplirlas sin demora. Cuando los cinco árbitros estén designados, podrán confirmarlas, modificarlas o revocarlas, y serán ellos quienes resuelvan el fondo del reclamo argentino.