El Reino Unido criticó el arbitraje por Malvinas y puso en duda la confiabilidad de la Argentina; la Cancillería le contestó

El Gobierno británico dijo el miércoles 30 de septiembre que el arbitraje argentino por el petróleo de Malvinas es el último intento de socavar los medios de vida y los derechos de los isleños. Agregó que los intentos de obstruir la actividad económica legal de las islas plantean interrogantes sobre la confiabilidad de la Argentina como socio del Reino Unido.

La declaración está firmada por Uma Kumaran, subsecretaria de Estado para los Territorios de Ultramar. Dice que Londres le dejó en claro esta semana a la embajadora argentina que obstruir la actividad económica legal de las islas no es un acto de compromiso internacional responsable. La embajadora es Mariana Plaza; según Página/12, la reunión fue el martes 29.

El arbitraje es un reclamo ante un tribunal que se arma para esa disputa. El comunicado lo critica, pero no dice que el Reino Unido vaya a negarse a participar ni le pide a la Argentina que lo retire. La Cancillería contestó el jueves 1 de octubre con un comunicado que cita a Kumaran y rechaza que recurrir a un tribunal sea un intento de «socavar» derechos.

Londres sostuvo que la actividad petrolera en la plataforma de las islas se rige por la ley isleña y se hace en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención del Mar. También dijo que los isleños eligieron libre y democráticamente su futuro y que seguirá hombro con hombro con ellos.

El diputado británico Andrew Rosindell escribió en sus redes que el Reino Unido no puede dejarse intimidar por gobiernos extranjeros para sacrificar a su gente, su soberanía o su territorio, según recogió Infobae.

Una respuesta apoyada en la misma Convención

El comunicado argentino recuerda que los dos países ratificaron la Convención del Mar y que, al hacerlo, «ambos aceptaron los procedimientos obligatorios» para resolver sus controversias. Sobre la afirmación de Kumaran de que la actividad petrolera cumple esa Convención, respondió: «Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal».

La Cancillería dijo que lamenta «la insinuación» de que acudir a un procedimiento legítimo ponga en duda la confiabilidad del país, y agregó: «La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos».

El Gobierno también argumentó que explotar recursos en el área en disputa es un cambio unilateral de la situación, algo que la resolución 31/49 de la ONU pidió evitar mientras siga abierta la negociación. Dijo que lleva el tema a la vía judicial «ante la persistente negativa británica a negociar» y reafirmó su disposición a retomar las conversaciones.

Los dos textos chocan en el punto de fondo, la autodeterminación de los isleños. Londres defiende su derecho a decidir su futuro. La Argentina rechazó la «manipulación del principio de libre determinación de los pueblos», que según su comunicado la ONU no aplicó a los actuales habitantes de las islas.

Lo que permite la Convención del Mar

Ante la ONU, la Argentina eligió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para sus disputas sobre el mar y el Reino Unido, la Corte Internacional de Justicia. Cuando las partes eligieron tribunales distintos, el artículo 287 de la Convención dice que el caso sólo puede ir a un arbitraje del Anexo VII, salvo que acuerden otra cosa. Es un procedimiento ante un tribunal que se arma para esa disputa.

Ese arbitraje puede seguir aunque Londres no se presente: el artículo 9 del Anexo VII establece que la ausencia de una parte, o que no defienda su caso, no impide el procedimiento.

La norma no dice si este tribunal será competente ni cómo fallará. Si una parte no se presenta, ese mismo artículo 9 obliga al tribunal a comprobar, antes de fallar, que tiene competencia y que el reclamo está fundado de hecho y de derecho. Si la competencia se discute, la decide el propio tribunal, según el artículo 288.

En esa discusión puede pesar una declaración que hicieron los dos países. Al ratificar la Convención, la Argentina declaró ante la ONU que no acepta esos procedimientos para las disputas sobre cómo se trazan los límites marítimos entre países. El Reino Unido hizo la misma exclusión el 31 de diciembre de 2020. Infobae señaló la declaración argentina como un argumento que Londres podría usar en su defensa; si alcanza a este caso, lo decidirá el tribunal.

La empresa mantiene la fecha de 2028

Rockhopper, socia del proyecto petrolero Sea Lion, publicó el mismo miércoles su informe semestral y mantuvo como meta el primer petróleo para el primer trimestre de 2028. La empresa dijo que tiene el financiamiento asegurado hasta esa fecha. Agregó que los comentarios y las amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas al petróleo de las islas generaron un período de mayor atención mediática y política.

El informe atribuye a los gobiernos británico y de las islas la calificación de ilegítimas para las medidas argentinas: según la empresa, ambos las describieron así y sin justificación legal.

Un plazo que vence a mediados de octubre

El 28 de septiembre la Argentina le dio al Reino Unido dos semanas para frenar la explotación de Sea Lion; contado desde ese anuncio, el plazo vence alrededor del 12 de octubre. Si Londres no cumple, el Gobierno anunció que pedirá medidas provisionales, órdenes para preservar los derechos en juego, al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

Ese tribunal puede dictarlas mientras se arma el tribunal arbitral, si considera que éste tendría competencia a primera vista y que la urgencia lo exige, según el artículo 290 de la Convención.

En paralelo, la Cámara de Diputados empezó el 30 de septiembre a tratar en comisión el proyecto que endurece las sanciones por explotar recursos en Malvinas sin autorización argentina. Infobae lo vinculó con esta escalada. No hay una fecha oficial para la sesión que lo trate en el recinto.