El edificio decomisado en la causa Urribarri será sede del 107 en Paraná

El Gobierno de Entre Ríos destinó al Ministerio de Salud el inmueble de calle Racedo, en Paraná, que la Justicia decomisó en la megacausa contra el exgobernador Sergio Urribarri. Allí tendrán sede la Dirección General de Emergencias Sanitarias, el despacho del 107 de la ciudad, la coordinación de traslados de pacientes críticos entre hospitales y un taller para las ambulancias.

El anuncio se hizo el lunes 26 en el propio predio, con el fiscal de Estado adjunto Martín Rettore, que estuvo a cargo de hacer efectivo el decomiso, y el secretario de Justicia, Julián Maneiro. Los acompañaron el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, cuya cartera recibe el edificio, y José María Cáceres, responsable del 107 y de la Dirección General de Emergencias Sanitarias. Según Maneiro, la decisión de pasar los inmuebles a Salud la tomó el gobernador Rogelio Frigerio; la información oficial no menciona un decreto que formalice la asignación.

Blanzaco lo explicó así: «Esto es una demostración de que los recursos vuelvan a la gente, en este caso al servicio de la salud», dijo en la conferencia. Para el área que conduce Cáceres será la primera sede propia. «Es la primera vez en la historia, en más de 40 años que existe la Dirección General de Emergencias Sanitarias, que va a tener edificio propio», dijo Cáceres.

El ministro describió el 107 como el equivalente sanitario del 911 de la Policía. En el predio funcionarán la oficina central de Emergencias Sanitarias, el despacho que atiende las llamadas al 107 en Paraná y la coordinación de los traslados interhospitalarios. Para esos traslados, según Blanzaco, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande adquirió el año pasado ambulancias de alta complejidad. También habrá un taller para la electrónica y los sistemas de comunicación de las ambulancias.

En Radio La Voz, Blanzaco agregó que el lugar tiene espacio para los vehículos y para reunir oficinas que hoy están dispersas: «las tenemos un poco desparramadas y sin una identificación puntual», dijo. Cáceres habló de un proyecto más amplio, que se haría de forma progresiva: una central de emergencias para toda la provincia, con lo que llamó un «hospital virtual», una sala de guardia que coordine la red de traslados de pacientes críticos.

De la condena firme a las llaves

Con las condenas ya firmes, en septiembre el Tribunal de Juicio de Paraná dispuso «la inmediata toma de posesión, en favor del Estado Provincial» de los bienes decomisados, según la resolución transcripta por Entre Ríos Ahora. La firmaron los jueces María Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara, que integran ese tribunal.

Rettore quedó a cargo de ejecutar la medida por la Fiscalía de Estado, el organismo que representa a la provincia en el juicio, según dijo en Radio La Voz. El 28 de septiembre recibió las llaves del galpón, según Análisis Digital, y a comienzos de octubre formalizó la toma de posesión con la Escribanía Mayor de Gobierno. Después elevó el expediente al Poder Ejecutivo para que definiera qué uso darle.

Son dos inmuebles contiguos, en los números 409 y 415 de calle Racedo, que según Rettore «funcionan como uno solo». Maneiro explicó el mecanismo general: a medida que las causas quedan firmes, la Justicia notifica al Poder Ejecutivo los bienes decomisados, y un proceso interno los asigna según lo que piden los ministerios.

Un edificio a nombre de Tep SRL

La información oficial dice que en el predio funcionaba la firma gráfica Tep SRL, pero no nombra al titular de los inmuebles. En septiembre, en el programa Puro Cuento de Radio Plaza, Rettore había precisado que «los inmuebles y los vehículos están a nombre de Tep SRL». Agregó que el decomiso lo pidió el Ministerio Público Fiscal porque entendió que esos bienes fueron producto de los ilícitos que se reprochaban en ese legajo.

Detrás de la firma, la sentencia de 2022 ubicó a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri. Según los fundamentos citados por Entre Ríos Ahora, el tribunal concluyó que Aguilera era «el verdadero dueño de Tep y Next» y que se mantenía oculto detrás de socios aparentes. En las escrituras de compra de Racedo 409 y 415 figuraba como comprador, en representación de Tep, Emiliano Giacopuzzi, socio formal de la firma y también condenado en la causa.

Varios medios titularon el lunes 26 que los inmuebles eran «de Urribarri» o que se le habían decomisado a él. Se decomisaron en la causa en la que fue condenado el exgobernador, pero no estaban a su nombre.

El legajo de las imprentas

Rettore aclaró en septiembre que el decomiso fue establecido en uno solo de los cinco legajos que llegaron juntos a juicio. Es la causa 4.385, sobre los contratos de cartelería oficial en la vía pública con Tep SRL y Next SRL entre 2010 y 2015. Se la conoció como «la causa de la vaca» porque la misma vaca aparecía en las fotos con que se certificaba que carteles distintos estaban colocados.

Según los datos del expediente citados por Perfil, entre enero de 2010 y septiembre de 2015 hubo 143 operaciones que causaron a la provincia un perjuicio de unos 12 millones de pesos de esos años.

El Tribunal de Juicio de Paraná condenó a Urribarri el 7 de abril de 2022: ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A Pedro Báez, su exministro de Cultura y Comunicación, y a Aguilera les impuso seis años y seis meses. El 3 de septiembre, la Corte Suprema rechazó por inadmisibles los recursos de las defensas, sin revisar el fondo, y las condenas quedaron firmes. Urribarri afronta además, por separado, una causa por enriquecimiento ilícito.

La resolución de septiembre también alcanzó una moto Zanella, un camión Ford, una furgoneta Citroën Berlingo, computadoras y un plotter, la impresora de gran formato que usaba la imprenta. Según Maneiro, las máquinas de imprenta irán a la Imprenta Oficial de la provincia y los vehículos, a distintas reparticiones públicas.

Obras antes de la mudanza

El Ministerio de Salud tiene que hacer ahora las obras de acondicionamiento del edificio, dijo Maneiro, según Informe Digital. Según informó El Once el lunes 26, la previsión oficial es que la sede comience a funcionar durante 2027, aunque todavía no hay un cronograma definitivo para las obras. Queda además un trámite administrativo. En septiembre, Rettore dijo que faltaba «operar las transferencias, tanto de los inmuebles como de los vehículos», y que el valor de los bienes no estaba calculado; en los inmuebles, interviene el Consejo de Tasaciones.