La Corte Interamericana condenó a la Argentina por la destitución de Moliné O’Connor

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por el juicio político con el que el Congreso de la Nación apartó en 2003 a Eduardo José Antonio Moliné O’Connor de la Corte Suprema. El fallo, notificado el jueves 12 de noviembre según El Entre Ríos e Informe Digital, sostiene que el país lesionó la independencia judicial porque el magistrado fue removido por las posiciones jurídicas que había tomado en sus sentencias.

El pronunciamiento, comunicado desde San José de Costa Rica por la Secretaría del tribunal, lleva como título, de acuerdo con El Entre Ríos: «Argentina es responsable internacionalmente por violar la independencia judicial al destituir en 2003 a un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fundamento en el criterio jurídico expresado en decisiones jurisdiccionales».

Una destitución por el contenido de los fallos

El caso se originó en el juicio político que tramitaron la Cámara de Diputados y el Senado en 2003, en el que se le atribuyó a Moliné O’Connor «mal desempeño» en el cargo. El Senado lo destituyó el 4 de diciembre de 2003 por 45 votos a favor y 19 en contra, según recordó Informe Digital.

Para la Corte Interamericana, la acusación impulsada por el Congreso configuró «en su conjunto un serio menoscabo a la independencia judicial», citó Informe Digital. El tribunal sostuvo además que las autoridades argentinas «negaron la autonomía que es imprescindible reconocer a las autoridades jurisdiccionales para el adecuado ejercicio de las funciones que les son propias».

«La Corte reitera que la garantía de la independencia judicial conlleva la prohibición de que un juicio político y la eventual destitución de un juez o una jueza se fundamente en el contenido de las decisiones que ha dictado», señaló la sentencia, según el mismo medio.

Fallas en el trámite y en la revisión judicial

La Corte también constató que «distintas decisiones emitidas durante el trámite del juicio político carecieron de la motivación necesaria», informó El Entre Ríos. Y agregó que las autoridades que intervinieron en los recursos con los que el exjuez impugnó lo resuelto por el Congreso «no proveyeron una respuesta que atendiera los agravios denunciados».

Otro punto fue la pensión vitalicia que Moliné O’Connor cobraba como magistrado. El tribunal concluyó que su revocación también vulneró sus derechos, por ser consecuencia de la remoción. «La revocación de la pensión vitalicia dispuesta en razón de la destitución arbitraria de la que fue objeto el señor Moliné O’Connor conculcó sus derechos», precisó el fallo, según Informe Digital. La Corte cuestionó además la demora: «el proceso judicial que la víctima instó para cuestionar tal decisión se prolongó injustificadamente por más de una década», consignó el comunicado citado por El Entre Ríos.

Los derechos violados

Con esos argumentos, la Corte dio por lesionadas las garantías judiciales y la protección judicial (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), vinculadas al deber de respeto y garantía del artículo 1.1. Sumó a la lista los derechos políticos, la propiedad, el trabajo y la seguridad social (artículos 23.1.c, 21 y 26), y responsabilizó al Estado «por la afectación al proyecto de vida de la víctima», según El Entre Ríos.

Qué ordenó

Según El Entre Ríos, la Corte dijo que el fallo es en sí mismo una reparación, pero además exigió al Estado «regularizar el régimen de la pensión que correspondía al señor Moliné O’Connor», difundir la sentencia y su resumen oficial y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, más costas y gastos. Informe Digital señaló que ese pago le corresponderá a la familia, porque el exjuez murió en 2014.

El fallo incluye una consideración sobre la Constitución Nacional: corresponde a las autoridades argentinas interpretar y aplicar el artículo 53, que regula las atribuciones de la Cámara de Diputados en el juicio político, «conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares desarrollados por el Tribunal en su jurisprudencia», informó El Entre Ríos. Ese artículo prevé que los jueces de la Corte Suprema pueden ser responsabilizados «por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones»; la Corte Interamericana precisó que el ordenamiento interno debe detallar con claridad las causas que autorizan la destitución, según Informe Digital.

El tribunal y los votos

Firmaron la sentencia el presidente de la Corte, el brasileño Rodrigo Mudrovitsch; la vicepresidenta, la chilena Patricia Pérez Goldberg; el uruguayo Ricardo C. Pérez Manrique, la costarricense Nancy Hernández López, el peruano Alberto Borea Odría y el paraguayo Diego Moreno Rodríguez. Por reglamento, la jueza argentina Verónica Gómez quedó afuera del caso, informó El Entre Ríos.

Mudrovitsch y Hernández López presentaron votos concurrentes; Pérez Goldberg, Pérez Manrique y Borea Odría presentaron votos concurrentes y parcialmente disidentes, según el mismo medio.

El antecedente de la Comisión

Informe Digital recordó que en julio de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había dado la razón al exjuez frente al Estado, al entender que se habían lesionado la independencia judicial y la protección judicial, entre otros principios. Según ese medio, la sentencia de la Corte profundizó y formalizó esa condena.

Moliné O’Connor nació en Buenos Aires en 1938 y llegó a la Corte Suprema en 1990, designado por decreto del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Según Informe Digital, formó parte con Guillermo López, Adolfo Vázquez, Julio Nazareno y Antonio Boggiano de la llamada «mayoría automática», de fallos que respaldaban la política menemista. Falleció en su ciudad natal en agosto de 2014, a los 76 años.