Argentina pidió en Hamburgo frenar el petróleo de Malvinas y Reino Unido se opuso

La Argentina pidió el martes 10 ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, que ordene al Reino Unido frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las islas Malvinas, y la delegación británica respondió que esas medidas impedirían a los isleños desarrollar sus recursos, según publicó La Nación. Las partes vuelven a exponer el miércoles 11 y después el Tribunal tendrá algunas semanas de deliberación antes de dar un veredicto provisorio, de acuerdo con ese diario.

Las audiencias, que Exacta anticipó el sábado 7, empezaron a las 6 de la mañana de la Argentina, las 10 en Hamburgo, con la presentación del caso a cargo del presidente del Tribunal, Maurice Kamga, informó Clarín. Según TN, nunca antes la Argentina había llevado a los británicos ante una corte internacional por un conflicto ligado a las Malvinas.

Al frente del equipo argentino está María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; el agente del país es Mario Oyarzábal, embajador y consejero legal de la Cancillería, informó TN. Entre los asesores figuran Marcelo Kohen, que ya actuó como juez ad hoc en Hamburgo y defendió a la Argentina por la fragata Libertad, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

El lunes 9 juraron los dos jueces ad hoc del caso, contó Perfil: Vaughan Lowe, de Oxford, propuesto por Londres, y Raúl Vinuesa por la Argentina. Vinuesa reemplaza a Frida Armas Pfirter, vicepresidenta del Tribunal, que pidió no participar.

La Argentina pidió cuatro medidas

Oyarzábal aclaró al empezar que el pedido no apunta a resolver la disputa de fondo por las islas, sino a frenar medidas sobre sus recursos que no tendrán vuelta atrás una vez que comiencen, contó Clarín. El embajador dijo que «este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación», según ese diario.

Clarín detalló que los pedidos ya estaban en el documento de 49 páginas entregado el 13 de octubre: parar Sea Lion y que no empiece ni siga la extracción de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de la información obtenida en la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; impedir que el accionar británico obstaculice las obligaciones argentinas de proteger el ambiente marino; y que el Reino Unido se abstenga de medidas que agraven la controversia, en particular de nuevos permisos de explotación en la plataforma continental disputada.

El argumento central fue que la explotación no se puede revertir. Ibarzábal subrayó ese carácter «irreversible» al inicio y al final de la presentación argentina, informó La Nación. «Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva», afirmó Oyarzábal, según La Nación y La Opinión Austral.

Según La Nación, los argentinos citaron el plan de emergencia de una de las petroleras, que prevé que un derrame podría llegar en 30 días a aguas argentinas fuera de la disputa. En ese caso, «el país debería coordinar la respuesta y afrontar las consecuencias de una actividad que no autorizó», sostuvieron los representantes argentinos.

Kohen sostuvo que el Reino Unido «no puede modificar unilateralmente la plataforma continental en disputa ni explotar sus recursos hidrocarburíferos» y que la controversia de soberanía no impide que el Tribunal examine los derechos y obligaciones de ambas partes sobre esa plataforma, informó Clarín. «Mediante el procedimiento arbitral, la Argentina pretende proteger sus derechos sobre los espacios marítimos en virtud de la Convención, en espera de la resolución de la controversia de soberanía territorial, que permanece sin resolver, como ustedes saben, debido a la persistente negativa del Reino Unido», dijo el jurista, según Urgente24.

A Schrijver le tocó explicar por qué la intervención es urgente y cuáles son los peligros para el ambiente, informó La Opinión Austral. Ese diario agregó que la delegación invocó a la ONU, que reconoce el conflicto desde 1965, y su Resolución 31/49, que pide a los dos países no hacer cambios por su cuenta mientras negocian.

El Reino Unido defendió la explotación

Tras una pausa de dos horas habló el Reino Unido, cuyos representantes afirmaron que el proyecto respeta la convención de 1982 y que explotar los recursos es parte de la autodeterminación de los isleños, según La Nación.

«Las medidas provisionales solicitadas por Argentina impedirían que los habitantes de las Islas Malvinas desarrollen sus recursos naturales, algo a lo que tienen derecho en virtud de su derecho fundamental a la libre determinación», dijo la procuradora general para Inglaterra y Gales, Ellie Reeves, encargada de la postura británica, citada por La Nación.

«Las medidas solicitadas tendrían consecuencias devastadoras para las Islas Malvinas y su población. Existe el riesgo de que pierdan miles de millones de libras en ingresos, los cuales resultan esenciales para el desarrollo económico de las islas. Asimismo, tales medidas serían catastróficas para las empresas involucradas», agregó Reeves, según ese diario. La funcionaria remarcó que en esta disputa «no está en discusión la soberanía británica» y recordó la «invasión» y «ocupación» argentina de 1982.

Antes de la audiencia, Reeves le había dicho a The Times que, para Londres, el Tribunal no es competente para tratar el reclamo argentino de soberanía y que el Reino Unido defenderá su derecho a perforar en las islas, informó El Cronista. Según Infobae, el mismo 13 de octubre Uma Kumaran, ministra británica a cargo de los territorios de ultramar, dijo ante los Comunes que la demanda argentina no anula las licencias ni obliga a parar el petróleo.

Qué puede decidir el Tribunal

El Tribunal de Hamburgo no resuelve el fondo del caso. Como el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia y la Argentina al Tribunal del Mar, el fondo deberá resolverse en un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención, y el Tribunal sólo puede dictar medidas provisionales mientras se forma ese tribunal arbitral, explicó Infobae.

En estas audiencias los jueces deben evaluar si existe jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas pedidas son proporcionales, y una eventual decisión favorable a la Argentina será de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido, informó Los Andes. Infobae citó a Donald Rothwell, de la Universidad Nacional de Australia, para quien el pedido podría naufragar en la cuestión de la jurisdicción, aunque el Tribunal en general no la lee en forma restrictiva.

La Casa Rosada calcula que la respuesta llegará entre la segunda mitad de noviembre y comienzos de diciembre, informó La Gaceta, que citó al Ejecutivo: «Vamos por todo. Es histórico y estamos confiados».

El proyecto en discusión

El yacimiento está a unos 198 kilómetros al norte de las Malvinas, en el área de la licencia PL032; lo lidera la israelí Navitas Petroleum, con el 65%, y la británica Rockhopper Exploration tiene el 35% restante, según Los Andes. Clarín estimó su reserva en 1.700 millones de barriles y ubicó el comienzo de la explotación entre 2027 y 2028. El proyecto contempla 35 años de explotación y 23 pozos de producción, informó La Opinión Austral.