La obra social militar no definió si cierra su oficina de Concordia

Los doce empleados de la oficina de Concordia de la obra social de las Fuerzas Armadas fueron notificados de que la dependencia cerraría y de que pasarían a trabajar en Paraná. Cristian Selva, que integra la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), lo contó en una entrevista que Diario Río Uruguay publicó el domingo 8.

La oficina, en Mitre y Presbítero del Castillo, todavía no cerró y su situación sigue pendiente de una resolución definitiva, aclaró Selva. Según su relato, el día anterior a la entrevista les llegó un dictamen jurídico, que todavía estudiaban para saber el alcance de la medida; la nota publicada no dice quién lo emitió ni qué contiene. Tampoco tienen, agregó, una explicación concreta de las razones del posible cierre. Los decretos que reorganizan la obra social no nombran la oficina de Concordia ni ninguna otra delegación.

Es una de las dos delegaciones de la obra social en Entre Ríos, junto con la de Paraná. Atiende a los afiliados de las localidades de la costa del río Uruguay; Selva no precisó cuántos son. Allí trabajan nueve civiles y tres jefes de las Fuerzas Armadas, dijo el dirigente a Diario Río Uruguay el domingo 8. El que menos antigüedad tiene lleva diez años y algunos están cerca de jubilarse.

Para Selva, trasladarse a la capital provincial es un costo difícil de afrontar con sueldos como el de una delegada que, contó el domingo 8, cobra 650.000 pesos: «Esto trae aparejada una consecuencia muy problemática para los empleados».

El dirigente contó además que en noviembre el jefe de la oficina ya no pudo cargar en el sistema el pago de la luz ni el del alquiler. El gremio pasó el caso a su área jurídica y buscaba reunirse en Paraná con autoridades nacionales de ATE. Una de las alternativas que plantea es reubicar al personal en dependencias de las Fuerzas Armadas en Concordia, como el regimiento local. «Lo que se busca es tratar de evitar el traslado», dijo Selva.

El reclamo viene de antes. El domingo 25 de octubre, la seccional Concordia de ATE se había declarado en estado de alerta y movilización contra el traslado de la delegación a Paraná. En aquel comunicado, el gremio advirtió que muchos afiliados de la zona tendrían que viajar a la capital provincial para hacer trámites, presentar reclamos o resolver cuestiones de su cobertura médica.

Un decreto que deja elegir a quién se conserva

La obra social de los militares era el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). El 5 de febrero, el Gobierno nacional dispuso su disolución y posterior liquidación con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 88/2026. En su lugar creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que depende del Ministerio de Defensa, y otra para Gendarmería y Prefectura. Ese decreto establecía que la disolución se haría con «la transferencia total de los correspondientes activos y de su personal» a la OSFA.

El miércoles 28 de octubre, otro DNU, el 1286/2026, cambió esa regla. Ahora el directorio de la OSFA, que preside el general de brigada Pablo Plaza, determina qué puestos de trabajo necesita y elige al personal que pasa. El resto queda a cargo del administrador del IOSFA en liquidación, el contador Gonzalo Secchi, que según el decreto «dispondrá las medidas que correspondan». Cuando termine la liquidación, el personal de planta permanente con estabilidad que esté en disponibilidad seguirá así en el Ministerio de Defensa «hasta su reubicación o baja». El decreto no nombra delegaciones ni fija cuántos empleados pasan.

El Gobierno fundó el cambio en que pasar a todo el personal «podría ocasionar un grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario» en la OSFA. La nueva obra social quedó con una población de afiliados «sustancialmente menor», porque los de Gendarmería y Prefectura pasaron a la obra social propia de esas fuerzas. Además, sus gastos administrativos y de funcionamiento tienen un tope del 8% de sus recursos. Fuentes del Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti, dijeron a Infobae que la dotación «claramente se va a ajustar».

Para los diputados de Unión por la Patria, ese cambio abre la puerta a los despidos. Un proyecto de ley impulsado por el diputado nacional Agustín Rossi y acompañado por otros legisladores del bloque propone derogar el DNU 1286/2026. También busca devolverle vigencia al 88/2026 y reincorporar a los trabajadores desvinculados con su categoría y su antigüedad. Sobre el artículo que deja al personal no elegido en manos del liquidador, los diputados escriben: «En los hechos, esto habilita su despido». Es un proyecto, no una ley, y el decreto sigue vigente.

ATE le puso números a ese temor. A fines de octubre, el gremio advirtió que están en juego 1.450 puestos de trabajo. Según sus estimaciones, de los 2.450 empleados del IOSFA unos 1.000 seguirían en la OSFA, 450 de planta permanente pasarían a disponibilidad y se eliminarían cerca de 1.000 contratos. El DNU 1286 no fija cantidades, y no se encontró publicada una resolución con esa cifra.

Rubén López, secretario general de ATE en el IOSFA, explicó a Radio 750 que las nuevas cesantías son parte de una serie de medidas que comenzaron meses atrás. Entre ellas, MDZ, que difundió sus declaraciones, contó 700 despidos oficializados el 30 de septiembre.

Despidos en Misiones y Mendoza, traslado en Concordia

En Misiones, los 17 empleados de la obra social fueron notificados a fines de octubre de que pasaban de planta permanente a contratados por tiempo determinado, informó El Territorio el jueves 5. Son 16 en Posadas y uno en Puerto Iguazú, y les confirmaron que quedarán desvinculados el 30 de noviembre.

Néstor Acuña, de la comisión directiva de ATE, dijo a ese diario que una disposición dejó sin efecto la estabilidad que tenían. «Ahora no les reconocen esa estabilidad y los pasan a todos como contratados. De esa manera, los van a despedir sin pagarles la indemnización», agregó. El gremio presentó ante la Justicia laboral un amparo y una medida cautelar.

En Mendoza, los trabajadores civiles del Centro Médico Santa Rita, que atiende a afiliados de la obra social, recibieron las notificaciones de despido la noche del viernes 30 de octubre. Lo contó a Los Andes Julieta Pereyra, empleada del centro desde hace 33 años; la comunicación oficial fija el 30 de noviembre como fin de las actividades. En San Juan, según publicó Tiempo de San Juan, circulan versiones de que la delegación provincial se cerraría para unificar la gestión en una sede regional en Mendoza.

En Concordia, en cambio, lo que el gremio describe es un traslado y no despidos: los empleados seguirían trabajando en la delegación de Paraná. Lo que plantean es el costo de viajar a otra ciudad y la atención de los afiliados de la costa del Uruguay.

Lo que ocurra con la oficina depende ahora de la OSFA, que tiene que definir qué puestos necesita y a quiénes incorpora. También depende del liquidador Secchi, que según Infobae tiene plazo hasta el 4 de febrero de 2027 para completar la disolución del IOSFA. El proyecto de derogación espera en la Cámara de Diputados. Hasta el lunes 9 no había una resolución definitiva sobre la oficina de Concordia ni una respuesta oficial publicada sobre su futuro.