Educación decidirá si abre un sumario a la excoordinadora de comedores de Concordia

El Gobierno de Entre Ríos dio por acreditadas graves irregularidades administrativas de Silvina Murúa, excoordinadora de los comedores escolares de Concordia, en el manejo de 37 comedores durante marzo y abril de 2025. Como ya perdió ese cargo, no puede sancionarla por él: dispuso pasar el caso al Consejo General de Educación (CGE), donde ella sigue como docente.

La decisión está en el decreto 3.469, del miércoles 21 de octubre, que firmó el gobernador Rogelio Frigerio y refrendó la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. Se conoció el lunes 26, cuando Entre Ríos Ahora y Análisis Digital publicaron pasajes textuales del decreto y del dictamen en que se apoya. El decreto aprobó la información sumaria, la investigación administrativa que reúne pruebas antes de un sumario disciplinario, que había abierto la Resolución 267/25 del Ministerio de Desarrollo Humano.

Los comedores escolares compran con fondos provinciales la comida de los alumnos, y las compras las hacen responsables de tarjetas de compra en cada comedor. La investigación empezó por una auditoría interna de rutina que, según el texto que citó Análisis Digital, encontró «diferencias de acreditaciones e irregularidades» en esos comedores, por una diferencia presupuestaria calculada en $103.738.136. El caso se conoció a mediados de 2025 y Murúa fue desplazada de la coordinación.

La Fiscalía de Estado, cuyo dictamen hizo suyo el decreto, concluyó que «ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario». Dicho de otro modo, son faltas que justificarían una sanción a quien ocupara el cargo.

Según los pasajes publicados, el dictamen sostiene que Murúa «se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable» y que estaba al tanto de los sobreprecios e irregularidades de los que le avisaban supervisores y personal de rendición, sin corregirlos ni reportarlos a sus superiores. También da por probado que intervino en el direccionamiento de las compras hacia tres proveedores: Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Flores Sandra. Según el mismo dictamen, dio instrucciones sobre cómo armar las rendiciones de gastos y «concentró funciones sensibles en familiares y personas de su confianza».

Sin sanción por el cargo que dejó

Como Murúa ya no es coordinadora, la Fiscalía de Estado entendió que «no resulta pasible de sanción bajo el régimen de la Ley Nº 9755», la que regula el empleo público provincial. El dictamen deja asentado, sin embargo, que «ostenta un cargo docente dentro del Consejo General de Educación» y que sigue vinculada al Estado bajo el Estatuto del Docente Entrerriano.

Por eso el decreto dispuso remitir las actuaciones al CGE, el organismo que la nombró como docente, «a fin de que evalúe la procedencia de disponer la instrucción del correspondiente Sumario Administrativo», el procedimiento que puede terminar en una sanción. Según la cita del dictamen que publicó Entre Ríos Ahora, esa evaluación la hace el CGE con la intervención previa de su Dirección de Asuntos Jurídicos.

Según publicó Entre Ríos Ahora el lunes 26, Murúa tiene 14 horas cátedra en una escuela secundaria de La Criolla y 8 en otra de Concordia, y cobra su sueldo del CGE.

Sobre los familiares y colaboradores de la excoordinadora, el texto oficial que citó Análisis Digital dice que no son agentes de la Provincia ni de la Municipalidad de Concordia, por lo que no hay «potestad disciplinaria a su respecto». La responsabilidad de los proveedores, agrega, «queda supeditada a los resultados del proceso penal en trámite».

La causa penal va por otro carril

En mayo de este año, los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, de la Unidad Fiscal de Concordia, imputaron a Murúa, a su hermano Adrián Murúa y a Guillermo Julián Quiroga, según informó entonces Elonce. Según la acusación, Quiroga tenía la llave de la oficina de la coordinación y manejaba dinero «sin contar con un rol funcional formal».

También imputaron a los empresarios Iñaki y Martín Ignacio Partarrié, responsables de la firma Ahora Voy SRL. Las conductas fueron encuadradas en forma provisoria como peculado, la sustracción de fondos públicos por quien los administra, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita.

La hipótesis de la fiscalía es que, desde enero de 2024, Murúa y familiares suyos llevaron con «maniobras de intimidación o persuasión» a más de treinta responsables de tarjetas de compra a abastecerse de determinados proveedores de Concordia, para favorecer a Ahora Voy SRL. Los investigadores estimaron el perjuicio en la misma cifra que la auditoría, $103.738.136, aunque la investigación administrativa abarcó sólo marzo y abril de 2025.

Lo que dio por probado la Provincia son irregularidades administrativas en la gestión de los comedores. Si hubo un delito y quién se benefició lo decidirá la Justicia, donde Murúa está imputada y no fue juzgada.

Las notas que difundieron el decreto no incluyeron una versión de Murúa ni de su defensa. En junio de 2025, Diario Junio, de Concordia, difundió un audio atribuido a Murúa, en una conversación con Iñaki Partarrié. Murúa le dijo entonces a ese medio que había hablado con el empresario, pero negó que fuera por los fondos de los comedores; según su versión, el audio estaba editado y fuera de contexto.

El paso siguiente es del Consejo General de Educación, que tiene que resolver si le abre a Murúa un sumario como docente. Según publicó Elonce este martes 27, por el momento no se le aplicó ninguna sanción vinculada con su cargo educativo. La causa penal sigue en trámite en Concordia, y de ella depende también qué responsabilidad les cabe a los proveedores.