Vialidad de Entre Ríos compró sin licitación el ripio de los caminos rurales

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) adjudicó sin licitación, por la emergencia vial, el ripio y el suelo calcáreo para los caminos de tierra de cinco regiones: 3.404 millones de pesos entre cuatro empresas. Lo muestran las resoluciones que el organismo entregó el jueves 29 de octubre a Análisis y que el medio publicó el domingo 1 de noviembre.

Las resoluciones 331 a 335/25, de marzo de 2025, no figuran en el Boletín Oficial ni en el portal de Vialidad. Llegaron por un pedido de acceso a la información pública que Análisis presentó en julio y amplió el 8 de octubre, y la respuesta lleva la firma del director administrador del organismo, Exequiel Donda. Con ellas se conoce quién cotizó en cada región y por cuánto.

Una contratación directa le permite al Estado elegir al proveedor sin el trámite completo de una licitación pública, y la Ley 11.144 de emergencia vial habilitó a Vialidad a usarla. En este caso, las empresas proveen el material y lo transportan desde la cantera hasta cada camino. La limpieza, la distribución y la compactación quedaron a cargo de las oficinas zonales del organismo, con sus máquinas y su personal.

Los trabajos comenzaron en mayo de 2025. Donda explicó entonces que muchos de esos caminos tienen tramos difíciles de transitar, «más aún en días de lluvia o excesos de humedad donde se dificulta la salida y entrada de la producción».

Según esos documentos, la Región 1, que agrupa las zonales de La Paz, Federal y Feliciano, quedó para JLP Construcciones S.A., por 696,6 millones de pesos. La Región 4 (Villaguay, Tala y Villa Elisa) fue para Soluciones PDG S.A., por 675 millones, y la 5 (Uruguay, Gualeguaychú e Islas), para Cantera La Chola II S.A., por 442,3 millones. José Eleuterio Pitón S.A. ganó las otras dos: la Región 2 (Concordia, Chajarí y San Salvador), por 635,9 millones, y la 6 (Diamante, Victoria, Nogoyá y Gualeguay), por 954,5 millones.

En total, Pitón sumó 1.590 millones, el 47% de lo adjudicado. En sus dos regiones, como en las otras tres, la comisión evaluadora recomendó la oferta de menor precio. Pitón es una constructora que, en unión transitoria con Lemiro Pablo Pietroboni S.A., ejecuta el bacheo del primer grupo del Plan de Recuperación Vial de rutas provinciales, que ganó por licitación en 2024. Con la misma socia presentó la iniciativa privada para concesionar con peaje la Ruta Provincial 26, que el Gobierno declaró de interés público por el Decreto 3237/26, publicado el martes 27 de octubre.

Una convocatoria pública con reglas propias

La Ley 11.144, promulgada el 14 de junio de 2024, declaró por un año la emergencia de la infraestructura vial. También autorizó a Vialidad a contratar en forma directa, por vía de excepción, obras, bienes e insumos para recuperar la red.

A cambio, la ley establece que el organismo debe enviar a la Legislatura cada dos meses un informe digital de lo contratado por esa vía. El informe debe incluir la orden de pago, la empresa y su clave tributaria (CUIT), la descripción y el monto, y publicarse en la página web del organismo. Según la crónica de El Heraldo, ese artículo se agregó en las comisiones del Senado, que además quitaron del proyecto la posibilidad de prorrogar la emergencia por decreto.

En julio de 2024, Donda firmó la Resolución 1683/24, que fija cómo se hacen esas contrataciones. Exige un presupuesto oficial y tres presupuestos de empresas, «siempre y cuando este último requisito no entorpezca o frustre la atención de manera eficiente y eficaz de la necesidad declarada». Y aunque el funcionario a cargo indica a qué firmas invitar a cotizar, debe publicar el procedimiento y los pliegos en la web y las redes del organismo para que otras empresas puedan presentarse.

Con el ripio, la convocatoria fue pública. El 22 de noviembre de 2024, Vialidad publicó en su portal las seis contrataciones, una por región, con los pliegos y la Resolución 1683/24 adjunta. Una circular posterior prorrogó la entrega de ofertas «con motivo de garantizar una mayor concurrencia de oferentes», y la apertura se hizo el 13 de diciembre. En cuatro de las cinco regiones adjudicadas cotizaron entre tres y seis empresas. En la Región 2, la que ganó Pitón con 635,9 millones, se presentaron dos: la otra fue Vecchio S.R.L., con 732,8 millones.

Sobre el requisito de los tres presupuestos hay un antecedente en la misma respuesta. En otra contratación de la emergencia, la Dirección de Asuntos Jurídicos de Vialidad señaló, según Análisis, que la normativa permitiría contratar en forma directa sin comparar precios. Según esa dependencia, la comparación de al menos tres ofertas la estableció el propio organismo.

De 3.404 a 4.058 millones

Los contratos no quedaron fijos en el monto adjudicado. Tienen una redeterminación de precios, es decir, una actualización mensual con una fórmula que combina dos componentes, la piedra y el transporte. Ambos se toman de tablas de la Dirección Nacional de Vialidad, con base en noviembre de 2024. Según las planillas entregadas a Análisis, entre noviembre de 2024 y enero de 2026 el índice de la piedra subió 16% y el del transporte, 35%.

Con las redeterminaciones definitivas, los cinco contratos pasaron de 3.404 a 4.058 millones de pesos, un 19,2% más. Los trabajos empezaron entre el 5 y el 16 de mayo de 2025, con un plazo de seis meses. El de la Región 6 se extendió a siete y el de la 4, a algo más de ocho.

La respuesta aclaró también una diferencia que Análisis había detectado en planillas entregadas en septiembre. Para la Región 4, la Dirección de Despacho informaba 675 millones y la de Conservación, 696,6 millones, que es el monto del contrato de JLP en la Región 1. El 26 de octubre, el director de Conservación, Gualberto Fabián Ocampo, contestó que la diferencia «obedece a un error involuntario de tipeo al momento de confeccionar la documentación». Según su respuesta, el monto correcto es el de 675 millones, el mismo de la resolución de adjudicación.

La sexta región y la segunda etapa

La Región 3, con las zonales de Cerrito, Paraná, Seguí y Alcaraz, recibió dos ofertas. Norvial Arg. S.A. cotizó 709 millones y Daniel Barón S.A., 823 millones. Vialidad dejó sin efecto esa contratación por la Resolución 1095/25. Según sus considerandos, citados por Análisis, el acceso a Puerto Curtiembre ya estaba incluido en la Licitación Pública 26/23 y la Unidad Ejecutora Provincial tramitaba una licitación internacional para los caminos productivos de esa zona.

La emergencia vial rigió un año desde junio de 2024, y la Ley 11.177 la prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025. La Cámara de Diputados aprobó esa prórroga por unanimidad en diciembre de 2024. La diputada Laura Stratta, del bloque Más para Entre Ríos, expresó el acompañamiento de su bancada y agregó: «No queremos que la excepción se convierta en una regla». En enero de 2026, la Ley 11.251 restableció hasta fin de año la emergencia de obras y servicios públicos de la Ley 11.138, sin nombrar la vial.

El ripio de 2026 siguió otro camino. La segunda etapa se convocó por licitación privada, según informó el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. Las ofertas de las regiones 1 y 2 se abrieron el 4 de junio; las de la 4 y la 6, el 5 de junio, y las de la 3 y la 5, el martes 11 de agosto. «Son seis regiones en total en las que estamos trabajando», dijo Donda ese día. Esta vez, la región que había quedado afuera en la primera etapa forma parte del programa.